“Presión orquestada” de trasnacionales en pro de maíz transgénico a autoridades de EU y México

La solicitud de un panel de solución de controversias en torno al maíz transgénico por parte de Estados Unidos responde a una “presión orquestada” de empresas trasnacionales, en época electoral, al gobierno de ese país; y en México a jueces que emiten fallos a su favor, donde el interés es sólo el negocio y la ganancia contra todo el tema de biodiversidad, de derechos colectivos, a la salud, de uso de semillas y la riqueza que México aporta al mundo con sus maíces.

Lo anterior se deriva de la charla con la representante de la Demanda de Acción Colectiva contra el maíz transgénico en México, Mercedes López Martínez, quien este día recibe el premio internacional de la Fundación Pax Natura otorgado a esta colectividad por su trabajo de organización y resistencia durante 10 años que han impedido –mediante una medida precautoria– la siembra comercial de maíz transgénico de las empresas Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, PHI México, en territorio mexicano y que en el ámbito de semillas y alimentos “es un caso emblemático”.

Durante la conversación con imagenagropecuaria.com la representante señala que la presión de las empresas trasnacionales se extiende a México, donde tienen aliados como el Consejo Nacional Agropecuario, y viene de la mano con la resolución que emitió el Juzgado 12 de lo Civil el pasado 29 de septiembre –en pleno Día Nacional del Maíz– en favor de esas firmas, sin estudiar a fondo el expediente, desestimando toda la evidencia y elementos científicos que se entregaron. La decisión fue apelada el mismo día por la Colectividad por lo que se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado (GM) en México.

La Demanda y el panel –puntualiza— son procesos paralelos, pero separados. La controversia de México con Estados Unidos va a correr más rápido que la Demanda, que “a nivel ético y moral es un ejemplo e instrumento muy importante que demuestra que sigue la resistencia y que las empresas han sido frenadas y que no puede sembrar comercialmente maíces transgénicos, que para ellos significa una pérdida económica muy grande; pero para nosotros en México y Mesoamérica implica la defensa de la biodiversidad, de la vida de un legado comunitario de miles de años”.

Expresa que en este escenario, “lo mejor que hay que hacer es la resistencia, apoyar al gobierno de México en estas controversias, en el curso que se siga y como sociedad civil seguir resistiendo”.

Al respecto, apunta la también representante de Vía Orgánica, hay un proceso de organización y alianzas a nivel internacional, donde hay grupos campesinos, cooperativas y empresas en Estados Unidos dispuestas de proveer a México con maíces amarillos que no son genéticamente modificados, en este período de transición, porque también han sido afectados por el glifosato en sus parcelas, en su salud y ha matado sus insectos polinizadores.

En un escenario donde nuestro país pierda dicho panel, Mercedes López comenta que abría sanciones económicas y “las empresas querían dar un ejemplo emblemático en el mundo, porque ante México han perdido con nuestra Demanda Colectiva y es el único país en el mundo que los ha parado”. No obstante, añade, existen ejemplos de “gran resistencia y esperamos que México gane estas controversias y esta apelación de la Demanda Colectiva”.

10 años de Demanda colectiva

López Martínez manifiesta que en el balance de estos diez años lo más importante es que logramos una medida precautoria, para que en lo que se dirime el juicio se prohibiera la siembra comercial de maíces GM y esta medida fue imputada por las empresas y luego ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “lo que nos permite seguir protegiendo los maíces nativos en lo que responden esta inconformidad que presentamos y se resuelve el fondo de la apelación”.

Respecto al curso que seguirá la demanda subraya que es muy complicado hablar de tiempos, porque solo la resolución o fallo tardo diez años.

“El expediente cuenta con aproximadamente 23,000 fojas. El juzgado ya citó para dictar sentencia del juicio en primera instancia, lo que puede acontecer en unas semanas o meses, de acuerdo con la carga de trabajo; ésta podrá ser apelada por las partes, tanto en sus consideraciones y resolutivos, como las posibles irregularidades durante el procedimiento”, refiere el vigésimo informe semestral de la Comisión jurídica de la acción colectiva.

“Desde 2013 a la fecha –detalla– se ha impedido la siembra legal de maíz transgénico en territorio mexicano. Los permisos pre comerciales y comerciales se mantienen suspendidos por mandato judicial. Además, desde 2016, si la agroindustria intenta sembrar con fines científicos, tendría que someterse a informes judiciales y cuestionamientos por parte de la colectividad y sus científicos. Durante siete años no se han atrevido a solicitarlo. Por mandato de la SCJN, esta medida prevalecerá hasta que se resuelva el juicio, en definitiva”.

La representante de la Colectividad recalca que “en la demanda colectiva no estamos pidiendo una reparación económica, porque con la contaminación y la pérdida de nuestros maíces no habría ningún dinero que pudiera repararla; sino una declaración de los jueces civiles en el sentido de que los maíces transgénicos afectan la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras de México y que determine que esta prohibida la siembra comercial de maices transgénicos de manera definitiva”.

El 29 de septiembre –recuerda– presentamos una apelación ante juzgado 12, que tiene que admitir la sentencia, esto va al tribunal de apelación, que puede ratificar la sentencia del juez, dejarla tal cual, con lo que nosotros apelaríamos nuevamente y probablemente se iría a la SCJN; el tribunal también podría modificar la sentencia, ordenar al juez que la modifique en algunas partes y tener una resolución distinta; pero también puede ser que establezca que se revoque la sentencia  por omisiones del jurídicas, y en ese caso las empresas pueden apelar.

Mercedes López remarca que es otra etapa nueva que se inicia, “no vamos a dejarnos, si son 10 o 20 años” y “vamos a seguir festejando con nuevos bríos para seguir defendiendo nuestra biodiversidad, nuestros maíces nativos, nuestra milpa sagrada”.

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• La acción colectiva tiene por objetivo que los tribunales federales declaren o reconozcan cuatro puntos: que se han liberado organismos genéticamente modificados (OGM) de maíz, maíz GM o maíz transgénico, sin autorización legal; que el hecho de que exista maíz GM en el campo sin permiso, violenta los derechos humanos de generaciones actuales y futuras en materia de diversidad biológica de maíces nativos; de alimentación; de salud; y de un medio ambiente sano y derechos culturales, entre ellos la libre determinación; que la liberación comercial de maíz GM sobrepasará los límites establecidos en la legislación aplicable, lo cual generará violaciones a derechos humanos; que se denieguen todos los permisos de siembra de maíz GM en México.

• En 10 años, 18 órganos jurisdiccionales han conocido la demanda colectiva maíz, incluida la Primera Sala de la SCJN, se han resuelto decenas de impugnaciones.