Con nueva ley, México consagrará derecho a alimentación a nivel constitucional, señalan legisladores y organizaciones

Legisladores y organizaciones civiles se congratularon por la aprobación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible en la la Cámara de Diputados, lo cual coloca a México como uno de los países pioneros de América Latina y el Caribe, que consagran el derecho humano a la alimentación adecuada en su Constitución.

El objetivo de la ley, que contempla 111 artículos, es establecer principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada y priorizar los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada por parte del Estado mexicano.

En relación con el campo, la legislación plantea promover que al menos un 15% de las compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, se haga directamente con los productores de pequeña y mediana escala de los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero de nuestro país.

Además, establece mecanismos para la coordinación, integración y planeación en los diferentes órdenes de gobierno para establecer acciones que garanticen el derecho pleno a una alimentación adecuada y sostenible a través del Sistema Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC).

La ley subraya que “todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a una alimentación adecuada en todo momento, y a disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital que le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas y sin que ello dificulte el goce de otros derechos humanos”.

Indica que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias y con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, tienen la obligación de promover, respetar y proteger el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.

Lo anterior, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, subsidiariedad, sostenibilidad ambiental, precaución, participación social, igualdad de género y etaria, interés superior de la niñez, diversidad cultural, eficiencia, libre competencia, transparencia y rendición de cuentas.

Esto incluye la adopción de medidas que impidan que los particulares priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada”.

El dictamen a la minuta de ley aprobado por los diputados el pasado 6 de marzo, por unanimidad de 420 votos, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Buscan ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación

En su pronunciamiento sobre la iniciativa, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) resaltó que el objetivo de esta ley es establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo de este derecho. Además, promueve la generación de entornos alimentarios sostenibles que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.

Afirmó que es un marco legal sólido con mecanismos de planeación, coordinación, competencias entre las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales en las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho de la alimentación adecuada.

La diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) explicó que esta ley busca garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado en el artículo 4º constitucional. Dispone el acceso a la alimentación a todas las personas sin tomar en cuenta sus posibilidades de acceso económico y físico, a fin de abolir la restricción de alimentos nutritivos concretos. De esta manera, se entrega la responsabilidad al Estado mexicano de atender esta necesidad humana.

Precisó que esta ley considera los diversos elementos normativos de derecho a la alimentación, incluyendo el deber del Estado de garantizar la asequibilidad física y económica de los alimentos a toda la población, de asegurar la producción suficiente con atención a los criterios de sostenibilidad, de fomentar las formas de producción de pequeña escala que diversifican el abasto familiar.

Consideró que

resulta primordial que se realicen esfuerzos significativos para orientar a la población sobre hábitos alimenticios saludables y promover la diversificación de la dieta, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

Por su parte, la Alianza por la Salud Alimentaria, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil se congratularon por la aprobación de la ley, al que consideraron un “logro colectivo que se concreta con su aprobación y publicación garantizando el ejercicio del derecho humano a la alimentación para todas las mexicanas y los mexicanos”.

En un comunicado exponen que “reglamentar el Derecho a la Alimentación es esencial para revertir la grave problemática de salud alimentaria nacional, que cobra tantas vidas año tras año; nos acerca a la soberanía y autosuficiencia alimentaria; y contribuye a alcanzar la sostenibilidad tan anhelada en un momento donde el impacto del cambio climático es tan visible”.

Resaltan que este instrumento permitirá a México fortalecer el cumplimiento de otros marcos regulatorios internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, representa un importante avance hacia el alcance de los compromisos internacionales nacionales, como los establecidos en los ODS de la Agenda 2030, la cual busca modificar el modelo de desarrollo para el fomento de la igualdad, equidad y dignidad de las personas como eje transformador.

La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible “es la primera en promover un enfoque sistémico e integral de todo el sector agroalimentario nacional, sin la creación de nuevas instituciones, duplicidad de funciones e impacto presupuestal”, destacaron en su comunicación las organizaciones.