Llaman a Sheinbaum a garantizar derecho humano al agua y evitar crisis socio-ambiental

Organizaciones civiles hicieron un “llamado urgente” a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a impulsar políticas públicas y avanzar en la legislación para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, asignaturas pendientes en México.

Expusieron que la próxima administración debe incorporar de forma prioritaria en su plan de gobierno la atención a la crisis en la gestión del agua y así avanzar en otros derechos, como el de la alimentación, la salud, la educación y la equidad y, de esta manera, “realmente generar justicia hídrica y bienestar”.

Por medio de un comunicado, los integrantes de Redes del agua México, manifestaron que, no obstante que en México menos del 50% de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua, “desde hace más de una década, desde el Congreso de la Unión se nos ha negado una Ley General de Aguas como marco general para garantizar que se procure la justicia socio ambiental bajo los principios de los derechos humanos, la equidad en el acceso al agua y su uso sustentable”.

Ante esta omisión deliberada, añadieron, “prevalece un paradigma neoliberal de gestión y gobernanza del cual surge la actual responsable del agua en el país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que lejos de atender las causas de los problemas a los que nos enfrentamos, los profundiza en una lógica de desigualdad”.

Refirieron que según la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares (2022), si bien 95% de la población cuenta con infraestructura de agua potable y saneamiento básico, solo 59% recibe agua diariamente y cuenta con saneamiento mejorado.

Subrayaron que la pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, en comunidades indígenas y mujeres, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda. “Paradójicamente, estados como Chiapas cuentan con la mayor disponibilidad de agua, pero es de los que menos acceso tiene”.

Las organizaciones señalaron  la “dramática falta de inversión, que no resuelve la contaminación de las fuentes de agua y su acarreo, que los mantiene en una persistente desigualdad de género, altos niveles de enfermedades gastrointestinales, mata a las infancias. Se trata coincidentemente de los estados con mayor pérdida de vegetación”.

Concesiones y contaminación

Llamaron la atención a que a lo largo de las pasadas décadas se han entregado concesiones de agua, tanto superficial como subterránea, a grandes consorcios sin asegurar que se cuente con agua suficiente para la población. Hoy, 22.3% del agua concesionada está en manos del 1.1% de los usuarios del agua, usuarios privados que cuentan con concesiones de hasta 1hm3/año.

También hay un sobre concesionamiento del agua tanto superficial como subterránea, que beneficia a industriales, embotelladoras, mineras, automotrices y empresas agropecuarias.

En este contexto, más del 70% de los ríos del país están contaminados, puesto que sólo 16% del agua industrial es tratada y llega de manera directa a los afluentes, al igual que el desagüe de localidades rurales que no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas y en localidades urbanas por lo general no se cuenta con presupuesto para operar las plantas de tratamiento cuando las hay, lo cual contribuye a la contaminación de los cuerpos de agua con coliformes fecales.

Además, añaden, se estima que al menos 20 millones de personas consumen agua con niveles de fluoruro por encima de los permisibles en nuestro país; y que al menos 6.5 millones de niños están expuestos a concentraciones de fluoruro y/o arsénico que afectan su salud.

Al menos 1.5 millones de personas consumen agua con concentraciones de arsénico que exceden los límites seguros, principalmente en localidades del centro, occidente y norte del país”.

Líneas estratégicas para atender crisis del agua

Tras abundar sobre la situación del agua y saneamiento en diferentes regiones del país, Redes del agua México sugirió líneas estratégicas en las cuales señalan que las instituciones públicas deben atender “de manera contundente” la falta de ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento y a sus derechos asociados, “para evitar tensiones y conflictos que desgastan la gobernabilidad del país, la democracia y la paz social”.

En su comunicación, las organizaciones subrayan que el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, lo cual involucra la construcción de una política gubernamental de largo plazo que asegure una gestión equitativa y sustentable del recurso, para lo cual se requiere la actualización y/o generación de los instrumentos jurídicos rectores: leyes, planes y reglamentos, así como los programas presupuestarios que los acompañan”. Debe generarse un programa especial intergubernamental de agua para la coordinación institucional,

También plantean la necesidad de realizar una inversión prioritaria focalizada para cerrar la brecha de desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento en hogares de comunidades rurales, indígenas, urbanas y periurbanas. Y se articulen asociaciones público-comunitarias donde los municipios asuman su responsabilidad y trabajen en colaboración con los gestores comunitarios.

Igual plantean la urgencia de atender a las poblaciones expuestas a contaminantes de origen geológico tales como el arsénico y el fluoruro u otros como los agroquímicos empleados en la agroindustria o aquellos de origen orgánico (coliformes fecales – E.Coli-) presentes en el agua por falta de tratamiento adecuado que afectan la salud.

Otro punto que sugieren al nuevo gobierno de México es gestionar de forma circular el agua y de forma eficiente los servicios de agua y saneamiento incrementando el tratamiento del agua usada. “Para lograrlo es clave regular procesos, establecer tarifas justas con subsidios solo a las poblaciones de menores recursos y destinar recursos suficientes y de forma transparente, para el mantenimiento de infraestructura en todo su ciclo de vida”.

Redes del agua México hace hincapié en que “el Estado debe revisar y cancelar concesiones para la minería a cielo abierto en donde se incumpla la regulación o ya no se tenga agua suficiente para la población, debe prohibir el fracking por sus impactos irreversibles en fuentes de agua y subsanar los territorios ya impactados por esta actividad, como la Huasteca veracruzana, no entregar al sector privado los servicios de agua y saneamiento”.

Igual considera que se debe regular urgentemente los procesos industriales de desalinización de agua de mar para evitar el impacto que genera en los ecosistemas marítimos de las grandes zonas turísticas como la península de Baja California, Sinaloa, Nayarit. Además,

se debe de revisar la ley de derechos de agua para uso lucrativo y aumentar su tarifa para poder fomentar el reúso del agua tratada, regular y vigilar a las grandes empresas para limitar la extracción desmedida y contaminación del líquido”.

Redes del agua México está conformada por Sarar, Cántaro Azul, Mudem, Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, Red de Acción por el Agua, Caminos del Agua, Niños&Crías, Sendas y Niparajá.