La disminución del riesgo potencial de desastres que pueden ocasionar daños significativos a la vida, la propiedad y el ambiente, es una responsabilidad compartida que exige un compromiso ético y permanente, a nivel individual y colectivo, incluyendo comunidades y gobiernos, apunta la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irasema Alcántara Ayala.
El ordenamiento y el uso adecuado del territorio, la integración de una perspectiva de gestión integral en el desarrollo, así como la educación y la colaboración, son elementos irremplazables para salvaguardar nuestro futuro, incluso en un contexto de cambio climático, puntualiza la exdirectora de esa entidad universitaria, en ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora el 13 de octubre.
Ante el riesgo asociado con deslizamientos de tierra, sismos, huracanes, inundaciones, sequías, entre otros, la prevención y la preparación son fundamentales para fortalecer a las comunidades locales, pues contribuyen a identificar las amenazas en el entorno, implementar sistemas de alerta temprana y establecer planes de respuesta y rehabilitación.
Aunque también es necesario promover la educación y la capacitación en gestión de riesgos. Esto es algo impostergable; con ello no solo se está en posibilidad de fortalecer la respuesta de reacción y recuperación de las comunidades, sino que también se aportan los elementos básicos que permiten a las personas comprender cómo se construye el riesgo y la forma de evitarlo, expone la académica universitaria.
En entrevista detalla que los deslizamientos de tierra, tema en el que es experta, son fenómenos geomorfológicos que se definen técnicamente como procesos de remoción en masa y que implican el movimiento de los materiales que constituyen o forman las laderas como consecuencia de la acción de la gravedad.
Son resultado de la interacción de múltiples factores que incluyen, entre otros, las propiedades físicas, mecánicas y geoquímicas del suelo, así como la geología, las condiciones climáticas y las labores humanas.
Resalta que con frecuencia son desencadenados por lluvias, sismos, erupciones volcánicas, pero también por la construcción de carreteras en terrenos inestables y la minería. Los desastres generados por este tipo de amenazas provocan la pérdida de vidas humanas, desplazamiento de comunidades, desaparición de medios de subsistencia, así como la destrucción de infraestructuras, viviendas, vías de comunicación y redes de servicios.
Lo anterior implica costos significativos para la reparación y reconstrucción, además de impactar de manera adversa a las economías local y regional al interrumpir las actividades productivas. En México ocurren predominantemente durante la temporada de lluvias a causa de precipitaciones intensas o acumuladas en áreas susceptibles. Entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Veracruz y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México son algunas de las más afectadas.
Esta problemática está asociada a factores que determinan la estabilidad física del suelo y también con la construcción social del riesgo que se origina a través del tiempo a partir de una serie de acciones prácticas y modelos de desarrollo insostenibles que generan el riesgo.
En el caso de desastres desencadenados por huracanes, explica que son resultado de la combinación de factores naturales y humanos que amplifican el impacto. Al llegar a tierra, al igual que tormentas tropicales, generan lluvias torrenciales y vientos extremadamente fuertes que inducen la acumulación de agua ocasionando inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.
Y ejemplifica: “Debe recordarse que el relieve de Acapulco está formado por montañas y pendientes pronunciadas con rocas de composición granítica, granodiorítica y diorítica, son rocas ígneas altamente intemperizadas y poco resistentes, por lo que con la saturación del suelo por las lluvias se crean las condiciones perfectas para producir deslizamientos”.
Aunado a ello, prosigue la experta, existen otros factores que también aumentan el impacto de los deslizamientos: la urbanización descontrolada en laderas y zonas de riesgo con infraestructuras inadecuadas, la falta de planificación urbana, además de la deforestación en las zonas montañosas, al igual que la ausencia de sistemas de drenaje efectivos y una adecuada gobernanza del riesgo.
Alcántara Ayala menciona que es necesario gestionar el riesgo de desastres de manera integral, lo cual debe fundamentarse con la evidencia científica aportada por diversas disciplinas, y promover la inclusión activa de la sociedad civil organizada, y de otros actores, en la reducción de esas vulnerabilidades y el diseño de protocolos para la atención a emergencias o desastres.
“También es fundamental la creación de comités científicos asesores en todos los niveles de gobierno que tengan un impacto para ofrecer recomendaciones y que estas sean tomadas en cuenta para guiar las políticas públicas efectivas”. Además, es imperativo capacitar y certificar a las personas tomadoras de decisiones vinculadas con actividades de política de gestión y garantizar que sean apoyadas por expertos.
Señala que otra tarea pendiente es reformular las bases metodológicas de los diagnósticos de vulnerabilidad y riesgo, asegurando, por ejemplo, que los atlas en la materia sean en la práctica ejes rectores en el ordenamiento territorial y se transformen en sistemas informáticos dinámicos que prioricen acciones de atenuación del riesgo.
Fuente: Gaceta UNAM
