Condenan asesinato de dirigente limonero; entre 10% y 20% del costo de alimentos pagan agricultores al crimen organizado
Agricultores, agroempresarios y legisladores lamentaron y exigieron al gobierno federal el esclarecimiento del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, e integrante de la Asociación Nacional de Citricultores en México. Alertaron que los grupos criminales exigen entre 10% y 20% de cuota, lo cual se refleja en el costo de alimentos.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) también condenó el asesinato de Bernardo Bravo, “reconocido líder productor de limón y defensor inalcanzable de los derechos de los agricultores en México” y advirtió que “los altos niveles de extorsión y amenazas que enfrentan los agricultores ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos”.
En un comunicado, el organismo indicó que “se estima que entre un 10% y un 20% del costo de diversos productos agroalimentarios responde a pagos exigidos por grupos criminales, lo que hace esta situación insostenible”.
El CNA, que representa al sector agroempresarial, agregó que “el crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando la actividad de quienes trabajan la tierra todos los días”.
La violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país”.
El CNA exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a “implementar, con urgencia y de manera coordinada, una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que amenaza la estabilidad del campo mexicano. Proteger la vida y el trabajo de quienes producen los alimentos es indispensable para garantizar el derecho a la alimentación, el bienestar y la estabilidad del país”.
Por su parte, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), al que pertenecía Bravo Manríquez y su organización –que participaron en el paro nacional de productores que se realizó el martes 14 de octubre en más de 20 estados de la República–, resaltó que menos de una semana de esa movilización, el compañero fue “cobardemente asesinado. Un hecho que lamentamos; enviamos las condolencias a toda su familia y a los compañeros productores de Michoacán”.
“Al gobierno –recalcó–no solo le exigimos la aclaración de este artero asesinato –que se dio a conocer este lunes 20 de octubre–, sino le advertimos que su conducta de indiferencia para atender el diálogo con la dirigencia del FNRCM, enrarece el ambiente y crea condiciones de vulnerabilidad para los productores del país, porque envía un mensaje de exclusión y desprotección”.
Por medio de un comunicado, el organismo consideró que, “este hecho brutal y lamentable, debería de ser más que suficiente para que el gobierno entienda que el esfuerzo del FNRCM esta orientado a construir una alianza con el Estado en el propósito de recuperar el campo y con ello la economía nacional”.
En tanto, legisladores en la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo Manríquez.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (PAN) señaló que dirigente “le fue retirada la escolta y la seguridad que le habían asignado, porque ya había denunciado amenazas por defender a los limoneros de las extorsiones del crimen organizado”.
Manifestó que, al parecer, “los michoacanos tenemos dos enemigos: el crimen organizado y el gobierno federal. Queremos justicia para Bernardo Bravo, para quien pido un minuto de silencio”.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) expresó: “nos duele como duelen todos los homicidios, pero este es reciente y nos debe llevar a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, en las entidades federativas. A nombre de nuestro grupo queremos abrazar a su familia, a sus amigos y al estado de Michoacán, y nos sumamos a este minuto de silencio”.
Los diferentes actores extendieron su solidaridad a la familia de Bernardo Bravo, y a toda la comunidad productora que enfrenta con preocupación la creciente violencia en el sector agroalimentario en México.
