Para evitar “Disneylandización” del turismo, promueven distintivo comunitario
Para romper con el hecho de que solo una parte de la cadena del sector turístico, empresas trasnacionales o nacionales de gran capital se apropie de los beneficios de proyectos de “turismo comunitario” y se presente el fenómeno de “Disneylandización” de estos desarrollos, el gobierno federal impulsa un distintivo para garantizar que éstos sean solo producto del trabajo de las propias comunidades y en su beneficio.
Durante el inició del ciclo de conferencias mensuales de la Procuraduría Agraria (PA), Defensa, rescate y revalorización de ejidos y comunidades agrarias, el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, recordó que en México existen 30 mil núcleos agrarios y 50% de la propiedad está en manos de ejidos y comunidades, donde ya se desarrollan múltiples proyectos de turismo comunitario, pero el potencial de desarrollo es enorme dado la riqueza natural y en biodiversidad que albergan estos territorios.
El funcionario federal presentó el Programa nacional de turismo comunitario y planteó que una razón importante de por qué hacemos este distintivo es porque necesitamos combatir la apropiación cultural. Hay un fenómeno, sobre todo en la Península de Yucatán, donde hay empresas privadas que simulan ser comunidades, establecen parques temáticos,
es como la Disneylandización de lo indígena o de lo comunitario, es como construir un escenario, escenificar una comunidad; desde nuestro punto de vista eso es erróneo…”.
Añadió que esto es un asunto de apropiación cultural, cuando una empresa privada simula una experiencia de una comunidad y, con el distintivo, “queremos distinguir a quienes tengan un proceso comunitario auténtico, cuando de verdad un parque, una experiencia, son producto de un esfuerzo de una comunidad. Entonces se está haciendo este distintivo para que nos permita identificarlo”.
Las grandes empresas o transnacionales –anotó– cuentan con capital para iniciar los emprendimientos ecoturísticos o asociados a la naturaleza, las cuales pueden instalar un hotel que, incluso, implica el manejo de bonos financieros. En este proceso se quedan con la propiedad de los recursos naturales donde se está explotando la actividad turística y esto no necesariamente va a manos de las comunidades, expuso el funcionario.
Hizo hincapié en que se debe romper con la inercia de que el beneficio del turismo sea para una parte de la cadena de valor y con la implementación de estos programas poderlo llevar a otros sectores de la sociedad.
En este sentido, refirió que México ocupa el lugar número seis en turismo en el mundo, con 45 millones turistas extranjeros al año y la meta es pasar al 5º, con 66 millones de visitantes. Empero, acotó, la visión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum es que la prosperidad sea compartida, es decir, “que ese arribo de personas no se quede en unas cuentas manos, que las comunidades también se incorporen a esa cadena de valor”.
Explicó que el ecoturismo que se ha promovido durante años sí hace referencia a lo sustentable y está vinculado con la naturaleza y la preservación; pero no es lo mismo cuando es ejecutado y promovido por las comunidades que cuando se hace por empresas privadas.
Sebastián Ramírez destacó que con el nuevo Programa nacional de turismo comunitario, “se busca declarar el turismo comunitario como asunto de interés público nacional, y vincularlo con una política de prosperidad compartida”.
En paralelo, informó, se están desarrollando guías regionales de experiencias en conjunto con la UNESCO y gobiernos estatales, que comenzarán en ocho entidades del país, entre ellas Michoacán, Hidalgo y Yucatán.
El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, enfatizó que el turismo comunitario es una herramienta estratégica para la defensa de la propiedad social, una vía para frenar la privatización del territorio y el despojo impulsado por el neoliberalismo. Señaló que este modelo productivo no solo genera empleo digno, sino que fortalece el arraigo, la cohesión social y la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos.
La coordinadora General de Fomento a la Economía Indígena del el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Erika Poblano Sánchez, destacó que existen 95 Paraísos Indígenas certificados en 16 estados, que promueven el uso de sellos distintivos y formas de organización acordes a la identidad indígena, sin forzar modelos como las cooperativas si no corresponden a sus estructuras tradicionales.
