Plantean agricultores, legisladores y expertos modificar Ley de Aguas Nacionales del Ejecutivo

Productores del campo, legisladores y especialistas consideraron que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) debe dar certeza jurídica a los usuarios del vital líquido, por lo que destacaron la importancia de no quitar facultades a organismos de cuenca, ni eliminar la transmisión de derechos del agua para que puedan transferirse a familiares en línea directa o personas morales, contrario a lo que plantea la iniciativa del Ejecutivo federal enviada al Legislativo.

Otro planteamiento fue el de ampliar el periodo de solicitud de prórroga para los títulos de concesión y que en los derechos se consideren los pozos de uso pecuario como “de prioridad social y seguridad rural”; además de facultar a organismos de cuenca para sustanciar y resolver concesiones y asignaciones; que el volumen de agua concesionada dependa de la disponibilidad del acuífero.

Lo anterior lo expresaron en las audiencias públicas –que comenzaron este 18 de noviembre– sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, en la Cámara de Diputados, donde se instalaron tres grupos de trabajo para abordar el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con aportaciones de ponentes de las zonas centro, sur y norte del país.

La diputada Margarita Corro Mendoza (Morena) destacó que la importancia de las concesiones del agua es que realmente sean utilizadas específicamente para lo que fueron concedidas y que exista un padrón de cuántos productores hay, si están en funciones o aún viven los productores originales. Agregó que se deberían de aplicar mayores recursos para proyectos productivos y población que realmente lo necesita.

Rodolfo Bravo Ornelas, presidente del comisariado ejidal de Cuerámano, Guanajuato, advirtió que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo sin modificaciones, se violarían los artículos 27, 14,16,22 y 31 de la Constitución Política si se aprueba esta Ley de Aguas. “Desde ahí ya tenemos cinco artículos que nos pueden dar motivos de meter amparos porque somos más de 30 mil productores con pozos”.

Hernán Rogelio Islas Solis, representante de las Unidades de Riego del municipio de Metepec, Hidalgo, pertenecientes al acuífero del Valle de Tulancingo, cuestionó que en el proyecto se limite o no se permita la transmisión de derechos de uso de aprovechamiento de aguas nacionales entre particulares, ni en vida ni por herencia

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Morena, expresó su preocupación porque la iniciativa prohíbe la transmisión de derechos de concesión, lo cual podría dejar en estado de indefensión a las personas adultas mayores y propuso no se aplique a viudas, agricultores y productores adultos mayores.

El senador Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, manifestó que se tiene que combatir la especulación, pero subrayó que prohibir las transmisiones equivale a destruir la seguridad jurídica de quienes sí cuidan el agua e invierten en ella; además, se deben permitir transmisiones legítimas de herencias, sucesiones y compraventas agrícolas.

Néstor Octavio Guerrero Sánchez, director de Proyectos Especiales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, solicitó conservar el artículo 23 Bis en la vigente Ley de Aguas Nacionales, que establece un mecanismo para suministrar provisionalmente algún volumen de agua sin que esto implique una transmisión de derechos. Advirtió que eliminarlo sería perjudicial en casos de arrendamiento de superficies.

Guillermo Pérez Gavilán, del Consejo Consultivo del Agua, de Durango, planteó que se autorice la transmisión de concesiones entre particulares, se regule y ordene para evitar su especulación. Además, subrayó la importancia de contemplar una partida presupuestal que soporte las responsabilidades de la Conagua (Comisión Nacional del Agua).

El diputado local de Zacatecas Jesús Padilla Estrada (Morena), sostuvo que “la iniciativa no considera las particularidades de cada estado o región”, por lo que planteó hacer un examen riguroso y no legislar en fast track. Consideró que

la propuesta deja en estado de indefensión a miles de pequeños productores, violenta el principio de legalidad, por lo que no habrá producción y se perderán empleos”.

En tanto, Franco Lammoglia Ordiales, especialista en Derecho Ambiental, estimó que la propuesta para crear la LAN dará coherencia constitucional al derecho humano al agua, permitiendo la regulación administrativa de este recurso en un marco diferenciado; sin embargo, indicó que la prohibición de las transmisiones es una herramienta que permite eliminar el mercado negro, pero resta operatividad y continuidad a las industrias para quienes el agua es un insumo para su producción y no una especulación.

Organismos de Cuenca

En su intervención, Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, calificó el artículo 12 Bis “como una reacción débil y poco burocrática”, donde los Organismos de Cuenca son participantes y se intuye que se deja el poder de la decisión a la Conagua. “De lo que se trata es que se les otorgue la autoridad directa a los Organismos Regionales de Cuenca”.

Al respecto, José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Conagua, advirtió que concentrar en oficinas centrales el otorgar permisos y concesiones iría en contra de la idea de dar mayor eficacia y transparencia a la operación y eficiencia de la propia dependencia, por lo que planteó que en ese aspecto la ley se quede como está, a fin de que los títulos de concesión, asignación y permiso de descarga sean otorgados a través de los 13 Organismos de Cuenca.

Planteamientos empresariales

Luis Fernando Haro Encinas, del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), resaltó que es indispensable que la Ley a discusión, incluya incentivos claros para los productores, ya que en el campo y el sector agrícola el 76 por ciento del agua se utiliza para producir alimentos; por ello, pidió que el régimen de concesiones sea diseñado con visión de futuro, rigor técnico y responsabilidad social garantizando el derecho humano al agua como una prioridad.

Insistió en que el reto es producir más alimentos con menos agua, por lo que las concesiones y volúmenes deben tener rigor técnico e incentivar la inversión para usar el agua con eficiencia; debe haber transparencia y agilidad para emitir títulos cuando haya coinversión entre productores y gobierno; respetar derechos adquiridos y garantizar certeza jurídica en la transmisión de derechos; contar con procedimientos administrativos claros y oportunos, incluidas las prórrogas de concesiones; no aplicar retroactivamente la ley y permitir la transmisión de derechos en propiedad, sucesiones y fusiones o disociaciones.

En su intervención, Christopher Ávila Mier, representante de la Concamin, consideró que se debe incluir en la Ley que se garantizará la reasignación de los volúmenes recuperados para las actividades productivas. “Como sector industrial quisiéramos traer a la mesa el reúso de las aguas residuales. Ciertamente la industria es una de las que podría tener una oportunidad grande en el aprovechamiento de los mismos”.

A nombre del Consejo Mexicano de la Industria de Consumo, Daly Pérez Ramales explicó que con establecer un máximo de seis años para utilizar la cuota de garantía de no caducidad se estaría creando de cierta manera un incentivo perverso para que las personas concesionarias utilicen el agua en su totalidad, en lugar de implementar diferentes técnicas, prácticas e instrumentos para que puedan utilizar el agua de manera eficiente.

Jorge Luis López Martínez, del CNA, expresó que

se requiere una ley que ponga orden en el manejo del agua y fortalezca las facultades de la Conagua, tanto jurídicamente como con presupuesto, y una política hídrica apropiada con respeto irrestricto a la seguridad jurídica del derecho al agua”.

A nombre del Centro de Estudios de Sostenibilidad del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Carlos Zárraga Sarmiento propuso una modificación a la iniciativa para establecer que la sobreexplotación se produce cuando la extracción de las aguas subterráneas y superficiales sobrepasa su capacidad de recuperación natural, que genera efectos adversos en la proporción variable, que demuestren los estudios técnicos realizados o aprobados por la autoridad del agua.

En tanto, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua A.C., externó que la legislación actual no permite el reúso de aguas residuales tratadas para consumo humano, lo que limita las soluciones ante el estrés hídrico y contamina ecosistemas como lagos, ríos, lagunas, cenotes y arrecifes. Propuso una reforma legal que habilite el reúso bajo condiciones seguras, así como la creación de un sistema de certificación y vigilancia.

Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, al hablar sobre el reúso de aguas residuales, planteó establecer que en el artículo 84 Bis 5 las legislaciones estatales son las encargadas de regular el reúso de las aguas tratadas y no tratadas en su ámbito territorial, teniendo en cuenta lo establecido en las NOM.

Las audiencias públicas que iniciaron este martes en la Cámara de Diputados buscan recoger las propuestas y observaciones que formarán parte de la revisión y dictaminación de la iniciativa presidencial.

Con información de la Cámara de Diputados