Privatización de tierra, rentismo y “mafias agrarias”, propició reforma salinista al 27 constitucional: PA

La reforma neoliberal de 1992 al artículo 27 constitucional, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, propició la privatización de 4 millones de hectáreas ejidales y comunales, aumentó la renta de tierras –hoy 80% de las tierras de riego del norte y noroeste del país están rentadas–, y la conformación “mafias agrarias”, amparadas en la corrupción de funcionarios, empresarios, exlegisladores y exgobernadores.

Así lo reveló en rueda de prensa, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, quien añadió que ahora en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación (4T) se busca revertir este escenario con la reforma a dicho precepto constitucional para rescatar y revalorizar los núcleos agrarios del país, que suman 32 mil 251, entre ejidos y comunidades.

Explicó que el objetivo de esta modificación que se propone al artículo 27 –que surgió del Foro de consulta: Los ejidos y comunidades agrarias en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación; rescate, defensa y revalorización–, es que frente a la lógica neoliberal de promover la privatización del ejido y la comunidad y sólo verlos como un “territorio para el despojo”, el primer párrafo de éste establezca que: “la propiedad social de la tierra es una de las modalidades que tiene la nación a la par la propiedad privada. Hacer que la constitución reconozca la importancia fundamental de la propiedad social de la tierra”.

Víctor Suárez descartó que dicha reforma pueda desincentivar la inversión privada, dado que “el desarrollo económico tiene como base económica la inversión pública que dinamiza la inversión privada nacional y extranjera, y inversión la social; no son antagónicas”.

Por ejemplo, agregó, en los 10 polos de desarrollo en el Corredor interoceánico el sector agrario dio su conformidad para establecerlos y para los que se ubican en áreas del nearshoring que plantea el Plan México del gobierno federal, “van a ser facilitados también por el aporte de tierras de ejidos y comunidades”.

El procurador agrario resaltó que la propuesta de reforma en cuestión también es concordante con una disposición ya existente en el artículo 25 de la constitución, que señala: “el desarrollo económico nacional estará basado en los tres sectores de la economía el sector público, el sector privado y el sector social”.

Al referirse al rentismo de tierras de ejidos y comunidades, el titular de la PA lo calificó como “un fenómeno delicado, grave”, que se ha desarrollado a lo largo de 32 años y está asociado al abandono del Estado mexicano al campo, con la idea de que éste ya no es importante en el marco de la apertura comercial y las importaciones subsidiadas de Estados Unidos, que en conjunto generaron una caída de rentabilidad en el agro y con la reforma al 27 constitucional favorecieron dicho fenómeno.

Por ello, aseguró, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca recuperar la rentabilidad para la pequeña y mediana agricultura y tiene como centro una política productiva vinculada al mercado interno, no solo a la agroexportación, que si bien creció, lo hizo con costos sociales, ambientales, de salud y de vulnerabilidad como país por los altos costos de importaciones.

Respecto a las “mafias agrarias”, Suárez Carrera afirmó que éstas están en todo el país, fundamentalmente en las zonas de máxima plusvalía como la Península de Yucatán Baja California (norte y sur), zonas de destino turístico y áreas conurbadas de las metrópolis.

Para combatir estas mafias, subrayó, la PA pidió las renuncias a todos los titulares de la administración pasada a partir de octubre de 2024 y está en un proceso de depuración interna y, además, se emitió una nueva directriz normativa que establece procedimientos para decisiones vinculadas a las asambleas de modalidades especiales, que son las vinculadas a privatización y cambio de destino de tierras y así, “cerrar un poco el paso a la discrecionalidad, la corrupción y la presión para uso habitacional del crimen en ciertos territorios”.

El procurador agrario también destacó que

uno de los objetivos del gobierno federal es atender los conflictos agrarios agudos que afectan la gobernabilidad en los territorios rurales.

Durante la conferencia se informó que casi 100 millones de hectáreas (ha) del país, 50.7% del territorio son propiedad social; más de 82 mil 700 ha corresponden a propiedad privada, 42.1%; y a propiedad pública, colonias u otra, 14 mil 144 ha, 7.2%.

Resultados del foro

En el encuentro con medios se dieron a conocer los resultados del foro de consulta de ejidos y comunidades agrarias, realizado el pasado 13 de enero en el Museo de la Ciudad de México, y estre las principales propuestas están: recuperar el papel central de los ejidos y comunidades en el desarrollo nacional, dejando atrás las políticas neoliberales de abandono y privatización; reconocerlos como sujetos colectivos de derecho público, con acceso directo a recursos presupuestales; promover la actualización de los reglamentos internos de los núcleos agrarios y fomentar una cultura de paz en el campo.

Otros planteaientos son: combatir el despojo de tierras y regular la especulación inmobiliaria en zonas ejidales; fortalecer a la PA con mayor presupuesto y autonomía para defender los derechos de ejidatarios y comuneros; impulsar reformas para armonizar las leyes agrarias, ambientales y de desarrollo rural y establecer estímulos fiscales y económicos para fortalecer la producción en ejidos y comunidades.

Igual se propone impulsar la economía social y solidaria mediante créditos accesibles para ejidatarios y comuneros; crear una Banca nacional de desarrollo agrario que otorgue financiamiento competitivo al campo; establecer seguros para ejidatarios y cosechas, reduciendo los riesgos de producción; fomentar proyectos de ecoturismo y conservación de recursos naturales con enfoque comunitario.

Al foro, según se informó, se registraron 411 asistentes de manera presencial y más de 1,453 personas que siguieron la transmisión virtual.  Se recibieron 450 propuestas, de las cuales 100 fueron destacadas y serán consideradas en la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.