Prohíben nuevos lineamientos agrarios urbanización ejidal en áreas naturales protegidas (ANP)
La Procuraduría Agraria (PA) dio a conocer los lineamientos que prohíben la urbanización de tierras ejidales en áreas naturales protegidas (ANP), la asignación de tierras en bosques y selvas tropicales, y cualquier intento de urbanización en estas zonas será declarado nulo de pleno derecho.
En un comunicado refiere que en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron los nuevos lineamientos de la institución en torno a la participación de sus servidores públicos en asambleas ejidales y comunales, con el fin de fortalecer la legalidad, la transparencia, nula tolerancia a la corrupción y la protección de los recursos naturales en los procesos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural.
El documento que entra en vigor a partir del 13 de febrero del año en curso, señala también que antes de realizar cambios en el destino de las tierras, se deberá consultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a fin de garantizar que las decisiones se tomen en estricto apego a la normatividad aplicable, en beneficio del núcleo agrario y del interés general.
“Las medidas buscan evitar irregularidades en la tenencia de la tierra y fortalecer la certeza jurídica de los núcleos agrarios. Con este acuerdo la PA refuerza su papel como garante de los derechos agrarios en México, promoviendo procesos más ágiles, transparentes y en apego a la normatividad vigente”, expresó el titular de la PA.
Los lineamientos, firmado por el procurador agrario Víctor Suárez Carrera, establecen que los servidores públicos que asistan a asambleas de formalidades especiales deberán contar con autorización previa de la dirección general de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural (DGAOPR), asegurando un estricto control sobre su actuación y evitando posibles conflictos de interés. Además, se busca mantener registros actualizados de las decisiones tomadas en las asambleas y garantizar que se respeten los principios legales.
La PA señala en su comunicación que dicho marco normativo, “representa un paso significativo en la defensa del territorio rural y la prevención de conflictos derivados del cambio de uso de suelo en México”.
