Ricardo Olvera García, juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, consideró que El Barzón sí tiene interés jurídico para cuestionar la constitucionalidad del tratado, por lo que emplazó a juicio al Senado de la República y al Ejecutivo federal, como responsables de la aprobación y publicación del TLCAN en 1992.
Sin embargo, el juez negó la suspensión provisional solicitada por los inconformes para frenar la apertura total prevista por el tratado, por la cual se dejarán de aplicar por completo aranceles o impuestos a las importaciones de ciertos productos agrícolas provenientes de Canadá y Estados Unidos.
El Barzón impugnó dos aspectos específicos del tratado.
Por una parte el capítulo séptimo, que regula todo lo relacionado con el sector agropecuario y medidas fitosanitarias.
Por la otra, el anexo 302.2, que se refiere a la desgravación arancelaria.
Un párrafo de de esta anexo es el que preveía la eliminación de aranceles de productos agrícolas, aunque dicha medida no fue repentina, sino que se fue adoptando “en quince etapas anuales” a partir del primero de enero de 1994, para culminar el pasado primero de enero de 2008.
La organización agraria argumentó en su amparo que estas medidas violan seis artículos de la Constitución, entre ellos el 27, que establece la soberanía nacional sobre las tierras y regula todo el tema agrario en México, y el 28, que se refiere a las cuestiones de competencia económica y áreas estratégicas de la economía.
Debido a que la desgravación comenzó en 1994 y se ha ido aplicando gradualmente, la demanda podría ser declarada improcedente, pues el juez podría considerar que El Barzón ya consintió el tratado al no haberlo impugnado hace catorce años.
Si el juez llega a pronunciarse sobre el fondo del tema, para lo cual pasarán varios meses, su sentencia deberá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, que en años recientes se ha pronunciado sobre algunos aspectos del TLCAN.
Fuente: Reforma
