Sobrerregulación, tala clandestina, inseguridad, corrupción de autoridades, deficiente orientación de presupuestos, y cobro de cuotas por parte del crimen organizado, detienen desarrollo del sector forestal mexicano.
En México hay un conjunto de causas que amenazan el bosque, por una parte las condiciones climáticas, donde México es especialmente vulnerable; los incendios; las explotaciones ilícitas y el avance de la mancha urbana, expresó la representante de la FAO en nuestro país, Nuria Urquía Fernández.
En el marco del Seminario Internacional de Manejo Forestal Sustentable: Experiencias Internacionales y Perspectivas para México, remarcó que existen muchas amenazas para este sector, por lo que es necesaria una política pública que las mitigue y logre incorporar esas presiones en una gestión forestal sostenible, donde participen las comunidades que habitan en zonas forestales.
Reconoció que la velocidad de la deforestación se ha reducido a la mitad en los últimos años y consideró que México está haciendo un enorme esfuerzo para intentar frenar este fenómeno.
El director General de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Rescala Pérez, reconoció que la tala ilegal es un problema y debemos buscar incentivos económicos para que esta gente trabaje en la legalidad.
Desde la óptica del silvicultor poblano, León Jorge Castaños Martínez, lo que ha funcionado mal en este rubro es la gobernanza pública forestal; la mala asignación de recursos públicos; la sobreregulación y limitantes a la autorización legal; falta de atención en el campo; desatención a los focos críticos de tala; evasión fiscal; competitividad en base a materias primas ilegales y abusos en las condiciones del mercado, entre otras.
En específico refirió que se debe repensar la “tala clandestina comercial”, ya que se preguntó: ¿Qué precio real paga el país? “Hay que evaluar la tala ilegal comercial desde la pobreza, el cambio climático, la pérdida de agua, suelo y biodiversidad”.
El coordinador de Proyectos especiales y política forestal en el Consejo Civil Mexicano Para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Iván Zúñiga, refirió en entrevista que un problema que enfrentan los productores forestales mexicanos es la sobreregulación, ya que la Semarnat y la Profepa “están asfixiando la protección forestal, piden muchos requisitos y tardan de dos años a tres años en otorgar un permiso de aprovechamiento”.
La Profepa –remarcó– vigila a los que tienen permisos y no a los que comercializan de manera ilegal, que venden la madera hasta 20 por ciento menos respecto a la legal, dependiendo de cada región. Hay que incentivar el manejo sustentable, eliminar la discrecionalidad de las políticas públicas y dar más y mejor el uso de los incentivos de la Conafor, para que tengan un uso productivo
Expuso que desde hace 15 años no hemos avanzado en el aprovechamiento sustentable maderable, ni con el número de has con certificación pero si avanzamos con la deforestación.
México tiene 65 millones de hectáreas (has) de selvas y bosques, de las cuales sólo 7 millones cuentan con permiso de aprovechamiento legal de la Semarnat, es decir, 90 por ciento no cuentan con éste, subrayó.
De acuerdo con datos de la Conafor difundidos en este seminario, en México se busca incrementar la superficie forestal, bajo manejo que cuenta con certificación de manejo sustentable, de 826 mil has certificadas de 2012 a 2.4 millones en 2018. Esto permitirá la generación de 25 mil empleos.
Rescala indicó que la meta de reforestación de 2013 al 2018 es de un millón, es decir, 170 mil has de árboles, aunque reconoció que de éstas sólo se aprovecha alrededor del 50 por ciento y se busca que sobreviva el 80 por ciento.
Crimen organizado: “una pesadilla”
De acuerdo con productores forestales consultados, el crimen organizado “ha sido una pesadilla” desde hace unos seis años, ya que prohíben el acceso a los bosques o, incluso, se apropian del territorio. Conforme han pasado los años estos grupos han ido penetrando. Muchas veces la población se ha reubicado y con ello el uso de los recursos forestales, con lo cual además de la inseguridad se generan muchos problemas adicionales como la presencia de plagas, la tala clandestina
“El crimen organizado te quita parte de los apoyos que te dan, por lo que a veces lo que hacen los productores forestales es cancelar el acceso a los subsidios forestales”. Esto sucede en lugares como Michoacán, Durango, estados del norte como Chihuahua.
Pero los forestales no sólo son afectados por la delincuencia organizada, sino que a la corrupción de las propias autoridades. La policía les cobra, por ejemplo en el caso de la zona norte de Oaxaca, 500 mil pesos por cada camión de madera legal que bajan.
“También está la mafia del crimen organizado que les cobra el derecho de piso; después llega la secretaría de Hacienda que les pone impuestos y pagan más que una empresa como Telmex, porque no se pueden deducir muchos gastos. Todo está en contra de los productores forestales”.
Nuevas amenazas
A las amenazas señaladas, se suma la explotación de hidrocarburos y métodos de extracción de éstos como el fracking, señalan los silvicultores, quienes advierten que se han ubicado como zonas de “mayor riesgo” la franja fronteriza del norte, la cuenca del Golfo de México y Chiapas.
En este tema, Iván Zuñiga consideró que se debe pensar que las personas que viven dentro de las zonas forestales no siempre están buscando altas utilidades; hay pueblos indígenas y comunidades que les interesa más su bosque y su forma de vida campesina, con buenas oportunidades de desarrollo, que meterse a destruir su entorno.
Nuria Urquía subrayó que en el desarrollo forestal deben participar las comunidades que habitan en los bosques, tomando en cuenta la conservación de la biodiversidad, una visión de largo plazo, el que haya una cooperación publico-privada, con el objetivo aumentar rentabilidad del sector forestal, y disminuir emisión de gases efecto invernadero.
