Tala clandestina causa pérdidas a la Federación por mil 300 mdp al año
En México, 50 por ciento de la madera que se comercializa es ilegal, lo que representa una pérdida para la Federación de unos mil 300 millones de pesos (mdp) por año, dado que la venta clandestina del recurso resulta más barata al no pagar impuestos, deprimiendo los precios de los productores legales, de acuerdo con la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.
El legislador por Nueva Alianza, Ángel García Yáñez , integrante de dicho organismo, citó que datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) indican que el valor del mercado de madera ilegal en México es de aproximadamente 4 mil 200 millones de pesos al año, por lo que este ilícito afecta la economía del país.
Debido a que el recurso forestal se extrae sin contar con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales que exige la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la comercialización clandestina de madera promueve un “círculo vicioso” de ingobernabilidad, ya que la corrupción y violación a las leyes debilita el Estado de Derecho y desestimula la inversión del negocio legal, consideró.
Este ilícito –remarcó el legislador– contribuye directamente a la pérdida desequilibrada de los recursos forestales como la merma del hábitat de gran variedad de especies de fauna y flora, lo cual implica el riesgo de extinción de las mismas; la afectación de los mantos freáticos, y la reducción en la absorción de gases de efecto invernadero.
Ante este panorama, García Yáñez propuso reformar el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que en la adquisición de muebles y suministro de oficinas fabricados con madera, el Estado solicite a sus proveedores certificados registrados ante la Semarnat que garanticen su origen y manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene este material.
Indicó que esta reforma también pretende que las adquisiciones de papel para uso de oficina tengan como mínimo 50 por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales certificados.
Si el Estado –subrayó– pretende que sus decisiones de compra de madera no impacten negativamente al medio ambiente y a la sociedad, entonces deberá aumentar la calidad de sus criterios de adquisición sustentable y, con ello, garantizar la compra de producto maderable certificado desde su extracción hasta la elaboración y comercialización del producto final.
García Yáñez reiteró que esta reforma obligará al Estado a comprar sólo material nacional, lo cual asegurará la comercialización para los productores y proveedores de madera que actúan apegados a la ley y que se certifican, cuya competitividad se ve afectada en términos de precio.
Fuente: Cámara de Diputados
