La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que los apoyos del PROAGRO Productivo los siguen cobrando los muertos y personas de hasta 115 años de edad. Además halló beneficiarios que cobran más de lo que les corresponde y predios sin “indicios” de ser sembrados.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2014, realizada por el organismo, se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 742 mil 226 pesos, por concepto de pagos a mil 850 productores registrados en “PROAGRO Productivo”, los cuales “de conformidad con la información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, fallecieron antes de la fecha de la aprobación de los apoyos”.
También se detectaron 520 mil 942 beneficiarios con edades de entre 75 y 114 años de edad, de los que mil 563 casos se encontraban en la base de datos de las personas fallecidas.
Según la ASF, dichos pagos se registraron en 28 entidades federativas durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2013-2014 y de ciclos anteriores.
Como resultado de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Programa de Fomento a la Agricultura, en su componente PROAGRO Productivo, operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el órgano fiscalizador determinó recuperaciones probables por 20 millones 677 mil pesos.
De acuerdo con los Lineamientos de Procedimiento Administrativo de Cancelación y el Procedimiento para la Supervisión de los Programas a cargo de la Sagarpa, “se establece que la entidad fiscalizada deberá realizar una verificación de la supervivencia de la persona solicitante; no obstante, se constató que el número de verificaciones que se realizaron en 2014 ascendió a 2 mil150 casos, cantidad que se considera no representativa respecto del total de beneficiarios del PROAGRO”, se indica en la Cuenta Pública 2014.
El documento precisa que como parte de la fiscalización se realizaron visitas de inspección física a 30 predios apoyados en el estado de Aguascalientes, por lo que se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 47 mil 249 pesos, correspondientes a nueve predios que, no obstante que contaban con la documentación que comprueba su vinculación al PROAGRO Productivo, al momento de la verificación física realizada no presentaron indicios de que éstos hubieran sido sembrados.
“(Los predios) se encontraron cubiertos de malezas, arbustos, brechas de terracería y montones de tierra, por lo que no hay indicios de que estos predios fueran sembrados desde años atrás, lo cual se corroboró con lo manifestado por los productores o propietarios de dichos predios, por medio de las respectivas actas circunstanciadas de auditoría”.
La ASF presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 76 mil 770 pesos, correspondiente a nueve apoyos otorgados de los que no se contó con la documentación que sustente la vinculación del incentivo con las actividades para las cuales estaban destinados.
La ASF aclaró que la entidad fiscalizada informó que en los nueve casos se inició el Procedimiento Administrativo de Cancelación y se solicitó a los beneficiarios la devolución de los recursos debido a que en la verificación física que realizó la Sagarpa se confirmó que los predios no se sembraron.
No registraron CURP
En su pliego de observaciones, el órgano fiscalizador presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9 millones 786 mil 826 pesos, debido a que a 8 mil 617 productores agrícolas se les otorgaron apoyos por un monto superior al que les correspondía en los estratos de transición y comercial.
Precisó que se identificaron 12 casos en el estado de Yucatán que tenían que recibir 67 mil de pesos por corresponder al estrato de autoconsumo; sin embargo,
recibieron 59 mil pesos, es decir, un importe inferior al establecido en la normativa del componente. “La entidad fiscalizada evidenció las acciones realizadas para subsanar lo observado, razón por la cual la observación se tiene por solventada”.
Por otra parte, la auditoría también identificó a 376 beneficiarios en los que no se incorporó la Clave Única de Registro de Población (CURP), no obstante que en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura vigentes para el ejercicio 2014, se estableció la presentación de dicho documento como requisito obligatorio para poder recibir los apoyos.
Al respecto, la entidad fiscalizada aclaró que el comprobante de la CURP se encuentra debidamente integrado en el expediente digital de cada uno de los beneficiarios, ya que es un requisito obligatorio para recibir el apoyo; sin embargo no fue registrado en la base de datos de los beneficiarios del componente.
Resultado de la auditoría, la institución recomienda a la Sagarpa implementar los cambios a la normativa y los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de asegurar que, antes de realizar los pagos automáticos de los apoyos del componente PROAGRO Productivo o el componente que corresponda, se verifique la supervivencia de los beneficiarios; de igual manera, que se realicen las acciones a que haya lugar a fin de que el productor beneficiario de los recursos designe a una persona para que en caso de que aquél fallezca, ésta se encargue de notificarlo a las instancias competentes.
No obstante, las observaciones señaladas, “la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Sagarpa cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.
