México debe definir cómo cuidará recursos agrícolas y energéticos en TLCAN

México debe fijar su postura respecto a cómo va a cuidar los recursos agrícolas y energéticos del país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), seeñaló la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN).

Además, establecer cómo apostará a la soberanía energética y a la regulación en el manejo de residuos, especialmente los peligrosos.

En suma, continuó, debe retomarse el tema del cambio climático en la renegociación, para que permanezca en el acuerdo, e incentivar que la sustentabilidad sea un eje transversal.

Al inaugurar el “Conversatorio: Sustentabilidad como eje transversal del TLC”, Rodríguez Aguirre mencionó la relevancia de que ese tratado comercial conduzca a un desarrollo sustentable y sostenible, con obligaciones vinculantes para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación de los mantos hídricos y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua.

Informó que las propuestas de este conversatorio se enviarán a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Luis Videgaray Caso e Ildefonso Guajardo Villarreal, para que sean consideradas en las pláticas sobre el TLCAN.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (PAN), presidenta del grupo de amistad México-Estados Unidos, sostuvo que frente a las rondas para renegociar este tratado es imprescindible que los diferentes sectores planteen en la agenda, de forma efectiva, la necesidad de incluir los temas ambientales y de sustentabilidad, asociados al comercio.

Ese debe ser el eje principal, y en el coinciden muchos legisladores, a través de sus relaciones parlamentarias, expresó.

Apuntó que el cambio climático es un tema transcendental en la agenda política del Legislativo y del Ejecutivo dentro del mundo globalizado, que ha sido incluido en tratados comerciales como el TLCAN.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, integrante de la Comisión de Cambio Climático, resaltó que la protección del medio ambiente debe considerarse el eje rector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante el panel, Andrés Ávila Akerberg, representante del organismo Política y Legislación Ambiental (Polea), recordó que el TLCAN fue el primer acuerdo a nivel internacional que incluyó el tema ambiental. Por ello, propuso evaluar si está mejor o no la atención, protección y manejo ambiental después de la firma del tratado trilateral, y que México defina su postura al respecto.

Indicó que actualmente se conoce poco sobre el avance de la negociación ambiental. “Lo que se sabe es la posibilidad de que desaparezca el acuerdo paralelo o anexo en la materia, y que este tema se integre al texto del TLCAN”.

La renegociación del tratado, subrayó, “es un momento muy importante para el futuro no sólo económico-comercial y laboral del país, sino de su agenda ambiental, a fin de no perder lo que se ha avanzado en la política del cuidado del medio ambiente en la primera negociación”.

Sergio Ricardo Hernández Ordoñez, especialista en Derecho Internacional de la Universidad Tecnológica de México, sostuvo que en la modernización del TLCAN no deben estar peleados los acuerdos comerciales con la protección del medio ambiente, lo cual requiere establecer un mecanismo de apoyo mutuo que permita tener un intercambio internacional sin argumentar que atender cuestiones ambientales lo distorsionan, porque no es un obstáculo técnico al comercio.

Consideró oportuno que México defina su posición sobre la sustentabilidad, ya que “ha titubeado mucho en ese aspecto y corre peligro la política comercial, porque estamos permitiendo que Estados Unidos y Canadá utilicen como ficha de negociación la bandera ambiental, sin que nuestro país adelante cuáles son las prioridades nacionales y la estrategia que tiene al respecto, al mantener una postura diluida”.

Destacó la necesidad de incorporar los derechos humanos a la política de medio ambiente, debido a que acceder y mantener estándares de un ambiente sano es una responsabilidad clara del Estado, contenida en la Constitución Política con la reforma de 2011 en la materia.

Lourdes Aduna Barba, titular de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expresó su preocupación por el destino de los residuos peligrosos generados por maquiladoras asiáticas y empresas estadounidenses, que los envían a México. Propuso que el TLCAN asigne la responsabilidad de ese manejo a los exportadores de EU, para reducirlo hacia nuestro país.

Al respecto, dijo que “la falta de información es integral; la sistematización de la información es totalmente ausente; los requisitos de información son inconsistentes con aquellos que conllevan a su análisis; el rastreo del movimiento transfronterizo de residuos peligros es prácticamente imposible, y la transparencia y rendición de cuentas ni se conoce”.

Subrayó que se abre indiscriminadamente el mercado mexicano a productos extranjeros, desconociendo si sus fabricantes hacen algo por reducir sus emisiones contaminantes, “sin prestar atención a las cuestiones ambientales”.

Jorge Romero León, representante en México del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, resaltó la necesidad de impulsar modelos de desarrollo alternativos basados en una perspectiva de resiliencia y sustentabilidad, sin que se considere como un proteccionismo económico-comercial verde.

Agregó que México no tiene claridad sobre los principios para la protección ambiental; urgió a generar mecanismos que atiendan los retos y riesgos del cambio climático, ante una rígida postura proteccionista de los EU en la negociación del TLCAN, que desarticula su capacidad al respecto.

“México tendrá que asumir un liderazgo en materia ambiental si pretende que los mecanismos de cooperación de Estados Unidos y Canadá se mantengan”, apuntó.

No descartó el riesgo de que dentro del TLCAN se elimine el acuerdo ambiental. Resaltó la necesidad de acordar políticas compensatorias para el sector agrícola por la aportación de recursos naturales que ofrece y no accede al valor agregado de éstos, y alentar un desarrollo sustentable.

Fuente: Cámara de Diputados