Llaman a candidatos presidenciales a pronunciarse contra aprobación ilegal de Ley de Biodiversidad
La Ley General de Biodiversidad que pretende aprobar el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) viola los procedimientos legislativos, es inconstitucional, regresiva y abre la puerta a la privatización de recursos naturales en México, por lo que debe ser desechada y abrirse a una consulta amplia, exigieron organizaciones ambientalistas, forestales y de la sociedad civil.
Más de 200 organizaciones agrupadas en la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad hicieron un llamado a que los candidatos a la presidencia de la República se manifiesten sobre este tipo de procedimientos violatorios de los derechos de comunidades indígenas y pueblos originarios.
En rueda de prensa, representantes de éstas organizaciones advirtieron que de aprobarse esta minuta de ley en la Cámara de Diputados podrían recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a instancias internacionales competentes.
La dirigente de Semillas de Vida, Adelita San Vicente, recordó que el pasado 22 de marzo integrantes del PVEM y del PRI en la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Arturo Álvarez Angli, de manera ilegal pretendieron simular la “aprobación” del proyecto de la Ley General de Biodiversidad durante una reunión que no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum.” A dicha reunión sólo asistieron 15 legisladores cuando se requieren 16 presentes para cumplir con el reglamento de la Cámara.
El presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales (Mocaf), Gustavo Sánchez, expuso que ante esta actitud del PVEM “es momento que le pidamos a todos los candidatos que se pronuncien respecto a este tipo de procedimientos legislativos y en particular a la revisión de estas leyes en caso de ser aprobadas con estos procedimientos ilegales”.
La Comarnat busca aprobar ilegalmente la minuta de la Ley General de Biodiversidad, sin haber dado respuesta a la petición formal realizada por la Red Mocaf para que se someta a Consulta con las Comunidades y Pueblos Indígenas y Comunidades equiparables que serían directamente afectadas por esta medida legislativa.
Gustavo Sánchez explicó que con la Ley de Biodiversidad se da una situación similar a la observada en la minuta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también impulsada por el Partido Verde, la cual se encuentra en revisión por parte del Senado y en cuyo proceso los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación.
El experto Octavio Klimek denunció que “los legisladores del PVEM y del PRI han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales.” Recordó que tanto la Conabio en voz de su titular José Sarukhán, como la Sagarpa, opinaron en contra de esta iniciativa. En la propia Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Cambio Climático se pronunciaron en contra de la misma.
Refirió que la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Silvia Garza , también se pronunció por una mayor apertura en la discusión y por la inclusión de todas las voces interesadas. Por su parte, las fracciones parlamentarias de Morena y el PRD presentaron una inconformidad en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados el 22 de marzo, mientras que la bancada del PAN igual planteó hacer cambios a la minuta de la ley al considerar que “es incompatible con la protección del medio ambiente”.
Oscar Vélez, integrante de Revive México, señaló que la que impulsa el PVEM es una ley regresiva, pues al abrogar la Ley General de Vida Silvestre, afectará décadas de esfuerzos para proteger especies como las tortugas marinas, dejando ‘a discreción’ el aprovechamiento de especies en riesgo y permitiendo la legal posesión de especies silvestres como ‘mascotas’, lo que contraviene a la conservación de la biodiversidad.”
El integrante de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad, Carlos Ávila Bello recordó que dicha ley fue originalmente impulsada por la Senadora Ninfa Salinas, quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial. “La Iniciativa es inconstitucional desde su fundamentación y permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que los ha preservado por siglos ”.
David Ruiz de la Red Nacional Indígena añadió la Ley General de Biodiversidad pasa por alto el artículo segundo constitucional, referente a los derechos de Pueblos y Comunidades indígenas y Comunidades equiparables, y viola derechos humanos básicos entre ellos al uso y disfrute de la biodiversidad , al medio ambiente sano, a la participación, y a la alimentación. La consulta debe realizarse en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus lenguas, y abierta a toda la sociedad.
