Mayor presupuesto no redujo pobreza rural e indígena; debe enfocarse a productividad

En la última década el crecimiento exponencial de recursos para sector rural no sacó de la pobreza a los campesinos e indígenas de México, por lo que es necesario la reorientación del presupuesto que ejercerá el próximo gobierno y enfocar programas asistencialistas como el Progresa, que se usaba con fines electorales, a actividades productivas que generen desarrollo local y regional, expusieron organizaciones integrantes del movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0

Rocío Miranda, dirigente nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), recordó que en 2008 se asignaron al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 204 mil millones de pesos (mmdp) y los pobres en el medio rural sumaron 16.2 millones; mientras que en 2016 el PEC ascendió a 334 mmdp y 16.5 millones estaban en la misma situación de pobreza.

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas el escenario “se torna patético”, ya que en 2008 se destinaron 37.3 mmdp del presupuesto para atender a 71.9 por ciento de esta población en pobreza y, no obstante que en 2016 dicho monto se elevó a 83.2 mmdp, más del doble, la población indígena pobre fue de 71.6 por ciento.

Por ello, ante la ausencia de resultados en los sexenios anteriores, Rocío Miranda planteó que el Prospera debe cambiar e introducir un componente productivo, lo cual significaría sacar del “clientelismo” y de la pobreza a la población campesina; igual debe transformarse el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), que apoya a productores de maíz y frijol, pero “que solo da dinero a proveedores y funcionarios en algunos estados”; lo mismo que el Proyecto de Seguridad Alimentaria (PESA), que hasta el momento ha sido más dirigido por los gobiernos de estatales.

Recordó que en la presente administración se compactaron los programas como Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), y Extensionismo e Incentivos Productivos, que incluye como subcomponentes al PIMAF y PROCAFE, con lo que se redujo del 17 al 1 por ciento el presupuesto otorgado por la Sagarpa en estos programas dirigidos a mujeres y pequeños productores, lo cual debe cambiar con una nueva administración.

Propuestas campesinas a AMLO

En rueda de prensa, las organizaciones dieron a conocer sus propuestas al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para “acción inmediata”, donde destacan que para evitar duplicidades y facilitar el acceso al crédito y otros servicios financieros a los pequeños productores rurales, es necesario resolver la contradicción o duplicidad presupuestaria entre los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desrrollo (FND).

Otro planteamiento es impulsar la producción de alimentos con excedentes a los mercados locales y regionales, con especial atención a la producción familiar y comunitaria; impulsar una estrategia para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, incluyendo la ley de consulta a esta población que debe considerarse como sujeto de derecho; y reforzar desde el ámbito institucional las zonas de atención prioritaria.

Las organizaciones también proponen el diseño de una estrategia para la observación de los derechos laborales y humanos de las familias jornaleras, ya que no obstante que la expansión del mercado externo agroalimentario genera cuantiosas utilidades a empresas, la mayor parte de la fuerzas laboral y las familias de los jornaleros acusan cifras altas de exclusión social y muestran mayor inequidad en la distribución del ingreso.

También se plantean la restructuración de los anexos presupuestales orientados al desarrollo rural sustentable y desarrollo integral de los pueblos indígenas; reforzar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, ya que los indicadores refieren que la inflación alimentaria, junto con la ausencia de una estrategia integral, es la que ha generado el aumento de los indicadores de pobreza en los últimos años.

José Dolores López Barrios, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-JDLD), señaló que en el tema del presupuesto la propuesta es que el nuevo gobierno reoriente las políticas públicas para el campo, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los recortes fueron por arriba de los 100 mil millones de pesos.

Por lo que esperan que la propuesta para el 2019 mantenga un monto equivalente en términos reales pero reorientados hacia las pequeñas y medianas  unidades de producción, a la defensa del territorio, el cuidado del agua, las energías renovables y la recuperación del presupuesto de los pueblos indígenas; así como un presupuesto social que dignifique a la población rural.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), recalcó que la propuesta que el movimiento campesino entregó a AMLO, es alcanzable para detonar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, pues  permitirá acabar con el modelo de corrupción y que las que las grandes empresas se vean beneficiadas; así como los apoyos que han tenido los grupos criminales para alejar la producción campesina.

Macario Hernández, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, recordó que ante la carencia de una política de Estado para el sector campesino y los pueblos indígenas, la propuesta al gobierno entrante es una reingeniería de programas y crear un nuevo modelo de desarrollo que entierre al modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho al campo mexicano.

Los líderes campesinos destacaron que “cumplieron su palabra”, ya que de los más de 8 millones 564 mil votos de secciones rurales y mixtas que obtuvo AMLO en la elección presidencial, 49 por ciento fueron de dichas secciones del total de la votación nacional.

Destacaron que confían en la palabra de López Obrador, así como en los próximos secretarios de Estado que han sido nombrados por él, y con los que ya han empezado a establecer una mesa de dialogo, como ocurrió con Josefa González Blanco, propuesta para ocupar el cargo en la SEMARNAT y seguramente lo mismo ocurrirá con el nuevo titular de SEDATU, Román Meyer Falcón, Víctor Villalobos de SAGARPA y con el responsable de políticas indígenas y pueblos originarios.

El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 está conformado por más 100 organizaciones campesinas nacionales, regionales y estatales, entre ellas, la CNPA, CCC, CIOAC-JDLD, COCyP, ANEC, UGOCP, UNORCA, UFIC, entre otras), quienes consideran que con la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, se abre un “cambio profundo” para la política agroalimentaria de México, ya que confían en que “la política de corrupción, de desvíos de recursos y de beneficio para unos cuantos se termine”.

Recordaron que el pasado 10 de abril, en Jerez, Zacatecas, el virtual presidente electo, AMLO, suscribió con las organizaciones campesinas el compromiso de reorientar las políticas para el beneficio del campo mexicano.