Ciclo otoño-invierno “prueba de fuego” para nueva política agroalimentaria
La próxima cosecha otoño-invierno 2018-2019 de trigo y maíz que se llevará a cabo en marzo y abril será la “prueba de fuego” de la política agroalimentaria del gobierno Federal, dado que se iniciará el pago de cosechas con precios de garantía para estos dos granos.
Así lo expresó el secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Raúl Pérez Bedolla, quien recordó que para maíz el precio de garantía será de 5 mil 610 pesos la tonelada, hasta 20 toneladas, a productores de hasta 5 hectáreas y trigo 5 mil 790 pesos la tonelada, hasta 100 toneladas por productor.
Manifestó que hasta hoy los instrumentos de política, en general, no han sido efectivos en fomentar significativamente la producción de productos básicos, por lo que se ha tenido que recurrir crecientemente a las importaciones para satisfacer la demanda interna.
Raúl Pérez Bedolla dijo que los pequeños agricultores de maíz y trigo aún con precios de garantía se encuentran en desventaja pues se les limita el volumen de producción que les comprará SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), además los precios internacionales de maíz y trigo en la Bolsa de Chicago influyen en la comercialización de estos granos si se considera que habrá productores que produzcan más de las 20 toneladas de maíz que le comprará el organismo gubernamental y comercializarán su grano directamente con los industriales quienes compran por debajo de los precios internacionales.
Otra desventaja –consideró– que enfrentan los pequeños productores son los apoyos que recibían con PROCAMPO equivalentes a 100 dólares por hectárea lo que permitía competir con los agricultores de Estados Unidos por ser socios comerciales en el tratado comercial.
A eso hay que agregar que la Financiera Nacional y Agroasemex registran una disminución importante en sus presupuestos lo que limita el apoyo financiero a los agricultores mexicanos, expuso.
Raúl Pérez recordó que los Estados Unidos, nuestro socio en el TLCAN, destina gran cantidad de recursos a su sector agroalimentario, a través de instrumentos de política que incluyen los precios administrados, similares a los precios de garantía. Sin embargo, la producción de alimentos es visto como un tema de seguridad nacional, por lo que se puede justificar canalizar apoyos presupuestales hacia el sector agropecuario.
