Los ejidos y comunidades representan cerca de 30 mil núcleos agrarios y casi 100 millones de hectáreas de superficie, lo que equivale al 51% del territorio nacional; sin embargo, en las reglas de operación y lineamientos de programas de gobierno enfocados al medio rural, las autoridades federales olvidaron mencionarlos por su nombre.
Así lo plantearon integrantes del movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, quienes manifestaron estar preocupados porque en estos documentos “no se considere al ejido y a la comunidad como ejes centrales de la nueva política hacia el campo, ni tampoco se tome en cuenta a los pequeños y medianos productores”.
A 100 días de gobierno de la presente administración, Enrique Pérez , a nombre de las organizaciones expuso que es plausible la intención de erradicar el clientelismo, y el corporativismo en el campo, además que es justa la entrega de apoyos y recursos de manera directa a los productores más pobres, pero desmintió que las organizaciones campesinas reciban apoyos directos.
Rocío Miranda, representante de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIT), expuso que de 65 mil millones de pesos (mdp) asignados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) sólo 5 mil millones serán destinados a los pequeños productores y de éstos, dependiendo de los convenios con los gobiernos estatales, apenas unos 2 mil mdp llegarán a este tipo de agricultores, lo que demuestra que no existe equidad y se deja en un estado de indefensión a la economía social.
El dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyt), José Jacobo Femat, aseveró que es importante que en el criterio de política pública se vuelva a plantear lo agrario como un derecho constitucional y que se identifique como imprescriptible, inembargable inaIienable, ya que hoy dentro de la política de desarrollo rural y en los programas no se contempla la figura de ejido como tal, sino sólo a los productores en forma individual, lo que muestra un criterio individualista contrario al planteamiento social que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, agregó, la SADER tiene mucho que discutir con ejidos y comunidades y organizaciones para abordar tema de forma integral, no vemos como se impulse la organización productiva y cómo se considera a las organizaciones del sector social , por ello es importante que el titular de la dependencia, Víctor Villalobos, ponga atención y revise éstas líneas, porque una política sin participación de las organizaciones puede llevar al fracaso los objetivos que buscan garantizar la autosuficiencia alimentaria de México.
Macario Hernández, integrante de la UNORCA, definió que el ejido y las comunidades son un modelo de convivencia y de organización y aquel que trate excluir en una población rural esta desprendiéndose del sector más importante de este país, “nosotros somos hijos del ejido y la comunidad y vamos a seguir existiendo”.
Consideró que si se trata de profundizar el neoliberalismo se debe comenzar una reforma constitucional, porque no es un cambio de gobierno sino de régimen, donde la soberanía alimentaria debe ser un eje rector de toda la política.
En conferencia de prensa las organizaciones de este movimiento –que apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador–, añadieron que si bien los cuatro programas prioritarios de la SADER son de gran envergadura, éstos muestran signos inerciales, dado que no existe claridad de cómo se operarán los diversos presupuestos asignados para los otros programas prioritarios.
Precisaron que en el impulso del nuevo modelo de desarrollo, es fundamental la soberanía alimentaria, por lo que es primordial la participación organizada de los pequeños y medianos productores, bajo modelos de agricultura sustentable, agroecología, nutritiva y sin transgénicos.
En ese sentido, expresaron que no basta la declaración del presidente López Obrador, respecto a la prohibición de transgénicos, pues es necesario llevar a la práctica la importación de maíces transgénicos; abolir las siembras clandestinas de maíz transgénico y eliminar cualquier pretensión de promover la ley de variedades vegetales y ley de biodiversidad, en perjuicio de los intereses campesinos y de nuestros maíces originarios.
Las organizaciones destacaron que trabajan para construir un nuevo rumbo para el campo mexicano, por lo que descartaron cualquier tipo de movilización para los siguientes meses, pues se encuentran en un proceso de construcción y de regeneración.
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En México hay 29 mil 728 ejido registrados, incluídas 2 mil 393 comunidades
Esto representan 99 millones 714 mil 952 hectáreas, 51% del territorio nacional
La propiedad social concentra más de 70% de bosques y selvas; 60% del agua; 60% de litorales, y una parte importante de alimentos que produce el campo mexicano.
Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN)
