-Un 7% de titulares controlan 70% del agua
-Acaparan derechos al interior de distritos de riego y especulan con el vital líquido
-Hay un “huachicoleo” o robo de agua en la región lagunera, denuncian agricultores
México vivió una Revolución que luchó contra los latifundios, pero hoy enfrenta un nuevo problema que puede derivar en conflictos sociales y ambientales mayores: el “acuafundismo”, una forma de apropiación ilegal, donde unas cuantas personas deciden sobre el uso del agua, venden rentan o especulan con el vital líquido. Son los “millonarios del agua” que usan artilugios legales para aprovechar este recurso en su beneficio sin que hasta ahora el Estado les ponga un freno.
Las aguas de esta nación están en manos de unos cuantos, ya que existen 537 mil concesiones, es decir, 70% del volumen la tienen 7% de los titulares, que no respetan vedas, disponibilidad ni derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas. denunció Elena Burns Stuck, integrante de la coordinadora nacional del Agua para Tod@s, Agua para la Vida, quien añadió que 475 son concesionarios de agua de distritos de riego, que administran un volumen promedio de 56 millones metros cúbicos de agua al año –4 millones más en aguas subterráneas.
Hoy en zonas agrícolas de México enfocadas a la agroexportación vale más el agua que la tierra.
Por ello, Elena Burns, señala que hay grupos que han ido acaparando derechos al interior de los distritos de riego y como la Ley de Aguas Nacionales dice que con dominio pleno en cuanto se va la parcela se va el agua, los ejidos pierden su derecho de decidir sobre este recurso porque hay una “hidrocracia”, el grupo de la mesa directiva que controla tanto el padrón interno como la concesión del agua, los recursos federales y las cuotas.
Al participar en la Sexta conferencia mensual del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, realizada en diciembre pasado en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la experta expuso que son 35 municipios de país, donde se concentra el 0.3% de unidades económicas rurales, las cuales perciben gran parte de recursos del sector porque exportan y cobran en dólares –35 mil millones de dólares genera la agroexportación mexicana. Estos mapas de exportación coinciden con los distritos de riego.
“Su poder ha sido tanto que pueden poner los popotes tan profundos como quieran y también ellos concentran las concesiones de aguas subterráneas en sus distritos”, recalca.
Elena Burns refirió que hay una violación de derechos de pueblos indígenas, dado que 77 mil 619 concesiones a aguas subterráneas y superficiales están en estos territorios. Esto representa 38 mil millones metros cúbicos de agua por año.
María Elizabeth Estrada Macías, quien es agricultora de Coahuila y participa en el Frente campesino por la defensa del agua y la tierra, denunció en este foro que en la Laguna hay un “huachicoleo” o robo del agua desde 2012, porque el plan de riego no coincide con la superficie irrigada. Por ejemplo, el plan de riego para el ciclo agrícola 2019 fue de 64 mil hectáreas y se regaron 84 mil, es decir un diferencial de 20 mil hectáreas. Si se considera que en el “mercado negro” la hectárea vale 10 mil pesos, los 20 módulos del distrito 017 de la región lagunera obtuvieron por huachicoleo o robo del agua alrededor de 200 millones de pesos.
En el distrito 017 hay 30 mil 500 cuentas, de las cuales 85% está en manos del acuafundio y sólo 15% son propiedad de los ejidos.
Estrada Macías hizo énfasis en que hay seis o diez familias que son las acaparadoras del agua en la región y huachicolean el agua y han despojado a una gran cantidad de ejidatarios de su tierra y de agua, mediante contratos con personas fallecidas que tenían una concesión o hacen convenios con personas que no han acreditado ser sucesores. Argumentó que ante el Registro Agrario Nacional estos contratos de compra venta son nulos porque no cuentan con actas de asamblea, porque los latifundistas del agua no son avecindados, ni ejidatarios ni nuevos adquirentes al interior de ejido; no cumplen con articulo 80 de Ley Agraria, el cual indica que para adquirir tierra ejidal una persona por lo menos debe residir seis meses en el ejido.
Por ello, subrayó que ni los dueños de Lala ni de Soriana han cumplido con formalidades para ser nuevos adquirentes del agua. “Esto ha sido posible porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha permitido con actos de corrupción esta forma de adquirir y despojar a los ejidos”.
Burns Stuck enfatizó que a lo largo de 27 años ha surgido un grupo que maneja el poder político de los municipios, presidentes municipales, los diputados locales y federales, por lo tanto ANUR (Asociación Nacional de Usuarios de Riego) y quienes controlan distritos de riego son un “núcleo duro” en la discusión de una nueva Ley General de Aguas, donde la Constitución exige que se mandate el acceso equitativo y sustentable al agua.
El problema –subrayó– es que estamos subsidiando la destrucción de los acuíferos, porque también estos distritos de riego que empezaron con aguas superficiales, que están en el norte del país, bajo la Ley de Aguas Nacionales son concesionarios de aguas subterráneas, pero están sobreexplotando y desertificando. Hoy la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les otorga tarifas subsidiadas, (T09), pero este recurso no va a la suficiencia alimentaria, sino a generar riqueza a unas familias por enviar alimentos al exterior.
Las propuestas para una nueva ley
Elena Burns detalló que la propuesta de las organizaciones civiles es una iniciativa de Ley General del Agua es que sea la población en el territorio y sus formas de gobiernos quienes tomen las decisiones. Hay que retomar la idea de Consejos de Cuenca, que esta en manos de los grandes usuarios; necesitamos democratizarlos y que las comunidades rurales, los pueblos indígenas, la población afectada en sus derechos por la contaminación, la sobrexplotación y marginación participen.
Hay que hacer –continuó– planes por cuenca para enfrentar la sobrexplotación, el acaparamiento, el aprovechamiento privilegiado del agua de una agricultura que está destruyendo acuíferos, suelos y la salud de las comunidades rurales. Esto a través de consejos de aguas y cuencas donde se descentralice los distritos de riego y se permita un control democrático, que los ejidos vuelvan a controlar sus aguas, que son suyas por dotación presidencial. No hay motivo para que Conagua exija una concesión.
Igual, añadió, se debe reconocer que los distritos del agua, que tienen 70% del recurso concesionado, son los que tienen el futuro del agua en sus manos, son los que hacen los acuerdos con Constellation Brands, o ahora en Baja California venden volúmenes del Río Colorado que son de México; los agricultores del noreste están teniendo que ceder volúmenes de agua para pagar esa agua. Es una situación de riesgo para la soberanía mexicana.
Estrada Macías consideró que se requiere la democratización de módulos de agua, donde existe “corrupción solapada y tolerada por la Conagua”, porque hasta ahora no hay procedimiento en esta dependencia que diga cómo se debe llevar a cabo compra venta o enajenación de derechos del agua. Por ello, ante los graves manejos de corrupción en la distribución acaparamiento solicita la intervención temporal del gobierno federal en los módulos y que se realice una auditoría técnica, administrativa y contable.
Hizo hincapié en que el agua se debe considerar como un recurso finito para su conservación. En la región lagunera tenemos acuíferos sin calidad, porque están sobreexplotados y hay enfermedades en la población local derivadas del arsénico presente en el agua. Anteriormente el agua se encontraba a 40 metros de profundidad y hoy se encuentra a más de 700 metros.
