Organización comunitaria, poderosa herramienta para combatir incendios forestales
Garantizar los derechos de las comunidades sobre sus territorios es una poderosa herramienta para combatir los incendios forestales que han diezmado los bosques tropicales en las regiones de la Amazonia y el Congo, señaló un nuevo informe de la Fundación PRISMA.
Al analizar los daños causados por los incendios en el departamento de Petén, en Guatemala, los investigadores de la Fundación PRISMA mostraron una importante diferencia en la tasa de incidencia de fuegos forestales, pues únicamente el 1.01 por ciento sucedió en las áreas gestionadas por las comunidades que forman parte del sistema de concesiones, en una región responsable del 25 por ciento de los incendios forestales de Guatemala en 2019.
“Estos hallazgos son particularmente importantes en un momento en el cual los gobiernos están desesperados por detener los incendios forestales, como una forma combatir los impactos del cambio climático“, explicó Andrew Davis, Director del Programa de Bosques y Gobernanza Territorial de la Fundación PRISMA.
“Mostramos cómo la gestión sostenible del bosque realizada por las comunidades es vital para su conservación y restauración, sobre todo frente a los incendios forestales y otras amenazas que se ciernen sobre la Reserva de la Biósfera Maya (RBM)” aseguró.
Para determinar la tasa de incendios forestales, Fundación PRISMA analizó información obtenida a través del Sistema de Imágenes Infrarrojas de Radiometro conocido como VIIRS de la NASA, recopilada durante la temporada de incendios del 2019, entre los meses de enero y junio. Este análisis abarcó un total de 9 mil 329 puntos de calor que se dieron en la RBM.
Los investigadores destacaron que los hallazgos son particularmente importantes para que Guatemala pueda cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, plasmados en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y contenidos en el Acuerdo de París, que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Otros sectores como el energético, los procesos industriales, la agricultura y la ganadería, también presentan, en mayor o menor medida, oportunidades para la mitigación y reducción de emisiones de CO2, pero el informe advierte sobre las limitaciones y retos que enfrentan.
Por ejemplo, el sector energético busca mitigar y reducir emisiones a través de la generación de plantas hidroeléctricas, para lo cual actualmente hay 32 proyectos en desarrollo. “Sin embargo, es importante destacar que el desarrollo de la hidroelectricidad ha tenido una trayectoria problemática en términos de débil institucionalidad del estado, y de ausencia de mecanismos efectivos de diálogo, negociación y consenso con comunidades locales afectadas por estos proyectos”, según el reporte.
“Contrario a esto, en Petén ya existen acuerdos entre una multitud de actores, hay capacidades creadas, y una enorme voluntad para gestionar los bosques y obtener beneficios diversa índole, no solo para las comunidades sino para Guatemala”, dijo Manuel Martí, investigador principal del nuevo reporte.
El informe detalla que el único paso que queda pendiente para asegurar esta opción climática es la firma de la prórroga de las concesiones comunitarias, que tienen un plazo de 25 años y que comienzan a vencer en 2022. “Extender la prórroga de las concesiones comunitarias no solamente ahorraría al país los riesgos asociados con otras rutas propuestas en su NDC, sino también permitiría a Guatemala ser el primer país en el mundo cumplir con su compromiso NDC por medio del reconocimiento de derechos de comunidades forestales”, aclaró Martí.
Para alcanzar estos resultados, los planes de las concesiones comunitarias en el 2019 previeron una inversión de más de 364 mil dólares, provenientes de los ingresos obtenidos del aprovechamiento forestal para implementar dichos planes. Esta inversión se destina a realizar 654 misiones de patrullaje para el control y prevención de incendios, no sólo en los límites de las áreas comunitarias sino también en áreas colindantes. Además del mantenimiento de 438 kilómetros de brechas corta fuego a lo largo de las áreas concesionadas.
La destrucción de los bosques implica un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y perjudica la capacidad de adaptación.
