Se debe visibilizar y reconocer a las personas defensoras del medio ambiente, que con sus acciones buscan salvaguardar su vida y la de todos, afirmó Benjamín Berlanga, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (Ucpast) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante su participación en la cuarta videoconferencia del ciclo Diálogos Ambientales en Sana Distancia, organizado por la Semarnat, con el tema: La transición ciudadana y gobernanza ambiental en defensa de los defensores ambientales, Benjamín Berlanga explicó que esta continua agresión se debe a la pervivencia de un sistema depredador, que supedita la vida a generar valor de cambio, a una debilidad de los mecanismos de justicia y a una ambigüedad normativa.
El funcionario de la Semarnat señaló la necesidad de impulsar cambios en la legislación medioambiental para poder asegurar una protección más activa de los recursos naturales y del medio ambiente que juegue a favor de los defensores ambientales, “que hoy ponen su cuerpo para defender la naturaleza, su vida y la vida de todos”.
Durante su participación, Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., afirmó que los países megadiversos, entre ellos México, comparten una situación de conflictos y una complejidad de violencias contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio, lo que se ha recrudecido desde 2018, año en que se perpetraron 164 asesinatos contra estas personas a nivel mundial.
Expuso que las personas defensoras ambientales ejercen este derecho en un contexto de violencia sociopolítica que registró 460 ataques entre 2012 y 2018, de los cuales 107 ocurrieron en 2015 y 85 en 2016, incremento que coincidió, en México, con la aprobación de la Reforma Energética.
En 2019 se registraron 39 ataques a defensores ambientales, de los cuales seis ocurrieron en Oaxaca, cuatro en Puebla y cuatro en Morelos, y el mayor número de ellos sucedieron en el sector de la energía eléctrica. Las principales agresiones fueron homicidio, 21.1%, amenazas, 19.3, y criminalización 15.8%. Lamentablemente, en el 40.5% de los casos se señala al gobierno como perpetrador.
En ese sentido, indicó que los megaproyectos de desarrollo han sido detonantes de esas agresiones, y que es la minería uno de los sectores más letales, seguido de los proyectos hidroeléctricos y de energía eólica, y son Oaxaca y el Estado de México, los estados donde ocurre la mayor cifra de ataques, pero también Puebla y Morelos. Hizo notar que esto no ha cesado pese a la contingencia sanitaria que vive el país.
Consideró como grandes deudas con la defensoría ambiental la creación de una fiscalía especializada, así como una postura activa de las fiscalías locales y Federal para identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los ataques a las personas defensoras, por lo que se desconoce el estado actual de esos casos.
Es necesario, enfatizó Alejandra Leyva, que eliminar todas las formas de violencia sea una prioridad en la agenda política ya que los defensores ambientales se encuentran en especial condición de riesgo; crear una política integral de protección adecuada y efectiva para las y los defensores, reconocer su labor en la defensa de los derechos ambientales, y reconocer a pueblos y comunidades equiparables como sujetos de Derecho.
Aarón Mastache Mondragón, coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que uno de los grandes adeudos en este país es el tema de la justicia, al prevalecer un alto grado de impunidad, como lo revelan muchos de los casos registrados de defensores de los derechos humanos y ambientales y de periodistas.
Recordó que esta fue una de las causas que generó en 2012 el origen del Mecanismo bajo su cargo, que en sus orígenes tenía 48 beneficiarios y que actualmente atiende a mil 206 personas, de las cuales 810 son defensoras de derechos humanos y 396 periodistas. Aunque advirtió que su labor ha sido meramente reactiva, pues se actúa cuando surgen los problemas, por lo que urge atender los casos de forma preventiva desde la fuente de origen.
Destacó que la mayor parte de los beneficiarios del Mecanismo ubican en la región sur del país, encabezados por la Ciudad de México, donde se concentra el 14%, seguido de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y entre las principales causas de agresión están la defensa de la tierra y del agua, recursos afectados por la sobreexplotación minera, forestal y de cambio de uso de suelo, entre otros. De ahí que cada vez más grupos comunitarios demandan protección.
Mayolo Hernández Hernández, de la Oficina del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se refirió también a la problemática que enfrentan las comunidades indígenas y agrarias con el establecimiento de grandes proyectos, tanto públicos como privados, que pretenden asentarse en sus territorios. Explicó que tanto empresas como gobiernos los despojan de sus derechos y no los toman en cuenta en los procesos de desarrollo que pretenden llevar a cabo, aun cuando tienen sus propias propuestas, lo mismo que la academia.
Finalmente, Mayolo Hernández dijo que es necesario construir un diálogo permanente con las comunidades para evitar conflictos antes de que un proyecto sea aprobado por la autoridad y hacerlas partícipes en el diseño de esos desarrollos. Para ello, indicó, es indispensable mejorar la comunicación con las organizaciones sociales, gobiernos locales, municipales y núcleos ejidales a favor de un bienestar social y ambiental.
