Cuatro granjas porcícolas del sureste de México fueron clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental.
A partir de denuncias realizadas por 21 comunidades mayas, desde noviembre de 2020, la Profepa realizó visitas de inspección a 4 granjas porcícolas, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida. De dichas inspecciones derivaron cuatro clausuras “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”, señala la dependencia en su cuenta de twitter.
Asimismo menciona que establecerá estrategias de atención a la problemática ambiental que genera esta industria para identificar, en coordinación con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, si existen proyectos en proceso de autorización en materia de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en zonas de selva baja, que deban ser evaluados antes de emitir un resolutivo favorable.
Por su parte. Greenpeace en su informe La carne que está consumiendo al planeta, menciona que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se menciona que 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
Es importante -señala- que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación.
