Avanza México en materia de alimentación; prevalece alto consumo de ultraprocesados

México ha avanzado en el diseño de políticas públicas y aspectos legislativos para combatir la desnutrición, la mala nutrición, el sobrepeso y la obesidad, pero casi 60% de su población aún padece inseguridad alimentaria; 30% del consumo calórico diario proviene de productos ultraprocesados y “los niños están indefensos” ante los productos con exceso de azucares, grasas, sales y sucedáneos de leche que ofertan las grandes empresas, que incluso violan códigos internacionales.

Si las cifras para la población mexicana en general son preocupantes, para los niños y adolescentes lo son aún más. Y es que de acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera Dommarco, en niños preescolares, menores de cinco años, el consumo es de casi 30% de todas las calorías en bebidas azucaradas y comida chatarra, y “nadie los esta protegiendo”.

Al participar en la conferencia 30 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria, que se celebró en la Secretaría de Agricultura con el tema: El derecho fundamental a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente pertinente, el especialista refirió que en México, la situación es grave, pues mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares añadidos sea inferior a 10 por ciento del total de energía de la dieta, la proporción de la población mexicana que rebasa ese límite es superior a 57 en todos los grupos de edad, y donde más se agudiza es en los adolescentes.

El 60.2 por ciento de los niños de uno a cuatro años consume más de lo que recomienda la OMS y consideró inaceptable que se de refresco a los bebés. Eso los condiciona enfrentar más adelante el sobrepeso y la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes.

De 2012 a 2018 la prevalencia de obesidad en niños de cinco a 11 años de edad subió en hombres y mujeres, en promedio, de 34.5 a 35.5 por ciento. En el grupo de adolescentes de 12 a 19 años, esta prevalencia se elevó más agudamente, de 27.9 a 38.35 por ciento, puntualizó.

Propuso un movimiento internacional para fomentar consumo de buena alimentación de los niños. Este pacto debería impulsar el consumo de agua simple, frutas, verduras, legumbres y por supuesto evitar la chatarra y productos ultraprocesados, y debería fortalecer las restricciones a la publicidad, pues “los niños no tienen la culpa de lo que están comiendo” y “son indefensos, tenemos obligación de protegerlos”.

En México 70% de azúcar se encuentra en bebidas azucaradas y tenemos que evitar que niños las consuman, por lo que planteó fortalecer las restricciones a la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, además de aumentar el impuesto a productos con alto contenido calórico y utilizar ese recursos para la prevención de obesidad y buena alimentación.  ¡

Alertó que las compañías siguen violando el código internacional de sucedáneos de leche, no respetan ni a los niños ni a los bebés.

Hay que transformar el entorno. Tenemos que cambiar radicalmente la alimentación de los niños.”

Recordó que aún 14% de niños padecen aún desnutrición crónica y con cifras al 2019 venía disminuyendo, pero este indicador pudiera aumentar por efecto de la Covid-19.

Mala alimentación y Covid-19

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (Cenaprece), Ruy López Ridaura, expuso que 73 por ciento de los fallecimientos en 2020 en México por causa de la Covid-19 implicaron al menos una comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad y/o enfermedad cardiovascular), y ello está estrechamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad.

Manifestó que el panorama es complejo, pues tan sólo una cuarta parte de la población adulta registra un peso saludable. El 75.2 por ciento de las personas de 20 o más años sufre sobrepeso u obesidad.

También destacó la importancia de reglamentar la legislación sobre el derecho a la alimentación y que tenga “dientes para garantizarlo”.

En su intervención la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl, destacó los avances que México ha tenido en materia de alimentación, como la iniciativa legislativa que se presentó para reglamentar la Ley del derecho a la alimentación en México.

Expuso que luego de la reciente Cumbre de sistemas alimentarios hubo compromisos globales, donde están las coaliciones de comidas escolares, nutrición, salud y educación para todos los niños; la de Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles y una de para que la comida nunca se desperdicie “Food is never waste“. Añadió que hasta ahora México no ha anunciado apoyo oficial a alguna coalición, pero estamos seguros en breve se unirá a una de estas coaliciones.

Anotó que hoy el 59.1 por ciento de los hogares en México se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, de ellos 20.6 por ciento con inseguridad moderada, y la mayoría están en zonas rurales.

Esta situación ha sido agravada por la pandemia, pues, derivada de ella y de sus efectos económicos y de salud, 63.3 por ciento de los hogares ha reportado reducciones en sus gastos generales y 47.1 informa de reducción en gastos por alimentos, indicó.

La representante de la Coalición ContraPESO, Doré Castillo García, planteó la necesidad de mantener los esfuerzos a favor de la salud pública y la alimentación, ya que

México ocupa el cuarto lugar en consumo de ultraprocesados en el mundo; 30 por ciento del consumo calórico de la población proviene de ultraprocesados, y ocho de cada 10 niños consumen bebidas azucaradas de manera cotidiana.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, enfatizó la presentación de la iniciativa de ley reglamentaria del derecho a la alimentación en México, para hacerlo efectivo.

Destacó los pasos que ha dado el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), al impulsar el etiquetado frontal en alimentos y el Decreto presidencial del 30 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato.

Sin embargo, dijo, la sociedad debe empujar más fuerte y “debemos avanzar en la eliminación de plaguicidas altamente peligrosos por la vía de la ley”.

Es necesario que el gobierno sostenga su posición actual de cero conflicto de intereses, con la separación del poder político y el poder económico, para evitar que los intereses económicos de los conglomerados alimentarios interfieran en las decisiones que emprende el aparato público a favor de la salud de la población y ambiental. Esa intromisión ocurrió de forma dominante en los gobiernos neoliberales y no debe repetirse, apuntó.