“La Niña” se ha extendido inusualmente por tres años consecutivos

La sequía que afecta severamente a los estados del norte de México es causada, principalmente, por “La Niña”, fenómeno climatológico extendido inusualmente por tres años consecutivos desde 2020 y se mantendrá hasta finales de 2022. Además, hay aspectos sociales que inciden en la profundización de la crisis por falta agua, expusieron especialistas de la UNAM.

“Climatológicamente es algo muy raro; teníamos más de 20 años sin que se prolongara tanto ese fenómeno. Esto impacta en la disponibilidad de agua en el norte y cambia los patrones de vientos y lluvias a nivel mundial”, aseguró la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Christian Domínguez Sarmiento.

Las anomalías frías de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico tropical ocasionan que durante el verano llueva mucho en el centro-sur del país, principalmente en los estados del Golfo de México, y que en el invierno no haya precipitaciones, de manera especial, en el norte, describió la investigadora como las características de “La Niña”.

Citó reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se indica que ha llovido 20.8 por ciento menos en el país desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022, con respecto al promedio histórico para ese mismo periodo.

Además, el informe más reciente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (emitido el 31 de mayo de 2022) señala que ninguna de las 210 presas principales de México estaba al 100 por ciento de su llenado: 117 a menos de 50 por ciento; 61, entre el 50 y 75 por ciento de su capacidad; y 32 estaban arriba del 75 por ciento sin alcanzar su capacidad total.

“Al haber menos lluvias, la radiación entra de manera directa al territorio mexicano y hace que se evapore el agua, lo que genera que se reduzca el nivel de las presas”, expuso la investigadora del departamento de Ciencias Atmosféricas.

Justicia ambiental

La coordinadora universitaria para la Sustentabilidad, Leticia Merino Pérez, refirió que en el país nos encontramos ante un panorama desastroso en este tema. “Creo que la política del agua ha generado una bomba de tiempo, que nos está estallando”.

La doctora en Antropología, dedicada a la investigación al uso integral y sustentable de los recursos naturales, refirió que a partir de que inició el sistema de concesiones, con la Ley de Aguas Nacionales en 1992, ha aumentado el acaparamiento del recurso; “hay más agua concesionada que la que está disponible en muchas cuencas”.

Además, existe gran concentración. Se estima que ocho grandes usuarios son dueños del 80 por ciento del agua concesionada. Ese acaparamiento impide que el líquido esté disponible para una cantidad importante de municipios y ecosistemas. Si a las crisis provocadas por la aridez y el cambio climático se añade la falta de acceso de la gente al recurso, el problema es “tremendo”, dijo Merino.

Existen otras dificultades adicionales: se carece de captación pluvial, hay contaminación y sobreexplotación del recurso, rubros donde una vez más la regulación y las políticas públicas son claramente inadecuadas.

Se calcula que en México 40 por ciento de las cuencas están contaminadas de un nivel medio a muy grave; junto con China, somos el único país que utiliza aguas negras para el riego en la agricultura, contaminadas “con todo lo que se nos pueda ocurrir”, como bacterias coliformes que provocan enfermedades gastrointestinales, residuos de medicamentos, metales pesados y microplásticos, entre otros.

En un estudio de Adalberto Noyola Robles, investigador y exdirector del Instituto de Ingeniería, realizado hace pocos años, se estimaba que no funcionan el 60 por ciento de las plantas de tratamiento del país, las cuales están a cargo de los municipios. “Tomamos agua contaminada y, en gran medida, esto ha llevado a un consumo generalizado de agua embotellada que genera exceso de desechos plásticos”.

Hace unos meses, después de años de lucha, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, para establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Todas las empresas se habían resistido durante largo tiempo al control de sus residuos. Los industriales solicitaron cinco años para su aplicación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene suficientes inspectores para verificar la aplicación de la NOM.

Leticia Merino señaló otra preocupación: la privatización de los servicios municipales de agua, incluidas las plantas de tratamiento. El acceso al líquido es un derecho humano y se requiere que el Estado, la federación, los estados, los municipios, armen, con la participación ciudadana, una estructura institucional a fin de asegurar su provisión y calidad en las localidades. Necesitamos proveerlo a partir de un enfoque de equidad, justicia ambiental, como forma de paliar vulnerabilidades.

Estoy convencida, afirmó, que las prácticas de consumo son importantes, como también lo es generar ciudadanía ambiental y exigir mejores leyes y políticas públicas para que quienes tienen el control del líquido concesionado realicen mejores prácticas, sean vigilados, no sobreexploten los recursos, ni los contaminen. Hay mucho por hacer en torno a la movilización ciudadana.

Uso más eficiente

La realidad es que tenemos poco almacenamiento y si bien nuestro país cuenta con cinco mil acueductos y presas -algunas edificadas a partir de la época colonial-, 180 de esas son grandes y resguardan aproximadamente 150 mil hectómetros cúbicos de agua.

Ante problemas extremos como las inundaciones por Agatha en Oaxaca y la sequía en el norte de México, coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM, Fernando González Villarreal detalló que la solución más importante es ser más eficientes en el uso del recurso natural.

En la Universidad somos líderes en la gestión del agua. Aquí tenemos PUMAGUA y el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO (Cershi); desde hace tres años trabajamos para alcanzar la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe, comentó.

Eso implica, precisó el doctor en Ingeniería, impulsar ciudades hidrointeligentes, donde se garantice el abastecimiento de buena calidad y suficiente en áreas urbanas y el campo; el suministro para actividades económicas; proporcionar lo necesario al medio ambiente en flujos ecológicos, para mantener los ecosistemas y la biodiversidad; y, sobre todo, lograrlo bajo las condiciones extremas por la influencia del cambio climático.

González Villarreal expresó que lo siguiente para mejorar es la infraestructura de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales, que permita la economía circular, donde la usada no sea basura y vaya al drenaje, sino que pueda ser utilizada en otro proceso, y eso necesita también recursos.

Si bien se tienen en México más de 3 mil plantas de tratamiento, uno de sus problemas es que un porcentaje importante funciona mal y eso se debe, en parte, a que los organismos operadores del sistema de saneamiento “básicamente están quebrados”, precisó.