Ignora bloque de senadores morenistas intoxicaciones y muertes por plaguicidas y “flexibilizan” legislación

• Un grupo de morenistas por sustitución total y garantizar derecho a la salud de agricultores

• Otro bloque de legisladores están por “regular y no prohibir” plaguicidas altamente peligrosos

En la última década, en México se han registrado más de 30 mil intoxicaciones por uso de plaguicidas altamento peligrosos (PAP) y diversas muertes asociadas a su empleo en zonas agrícolas, además de los efectos al medio ambiente, suelos, fauna y cuerpos de agua, que se han documentado en diversos estudios de expertos en la materia.

Sin embargo, las cifras resultan conservadora porque existe un subregistro y el sistema de salud mexicano no alcanza para captar estadísticamente la dimensión del fenómeno, que expertos, legisladores y representantes de organismos nacionales e internacionales consideran un problema de salud pública al estar asociado con diferentes tipos de cáncer, abortos, enfermedades crónico degenerativas, afectaciones de índole neurológico, daño renal, reproductivas, malformaciones e, incluso con el uso de plaguicidas como veneno en suicidios.

En este contexto legisladores del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) han impulsado reformas a la Ley de Salud en materia de plaguicidas y bioinsumos que “pretenden garantizar el derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos”, acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Mexicana. En su argumentos reconocen que, “debido a la falta de regulación y monitoreo en el país, no se tiene información detallada sobre el uso de estas sustancias y cuáles son. De hecho, únicamente se cuenta con el catálogo oficial de plaguicidas que no ha sido actualizado en más de una década, y excluye información sobre los recientes descubrimientos de la peligrosidad de estos tóxicos…”

Sobre las reformas que regulan el tema de los PAP en México, entre los propios senadores morenistas se ha dado un fuerte debate, ya que el grupo que encabeza la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, y la senadora Ana Lilia Rivera, están por establecer un periodo de transición para lograr la “sustitución total del uso, adquisición,  distribución, promoción e importación de  Plaguicidas Altamente Peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas,  que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”. El planteamiento central es eliminar en su totalidad el uso de los PAP al 31 de enero de 2024. El principio precautorio es una prioridad de esta iniciativa.

El otro bloque, que encabeza la presidenta de la Comisión de Agricultura del mismo grupo partalamentario, Nancy Sánchez Arredondo, y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Rafael Espino, plantea en una nueva iniciativa extender dicho plazo a tres años. Este último declaró a medios que la propuesta pretende, “regular y no prohibir” el uso de los “plaguicidas peligrosos” y aseguró que no va en contraposición del dictamen de la Comisión de Salud –que ya ha tenido una amplia discusión.

La nueva propuesta de los legisladores morenistas ha sido fuertemente criticada por expertos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios del propio gobierno, quienes señalan que va en la misma dirección que ha expresado los agroempresarios agremiados en el Consejo Nacional Agropecurio (CNA), donde están las principales productoras de estos insumos, Bayer-Monsanto, Syngenta y Corteva Agriscience, lo cual incide en una “flexibilización” de la nueva propuesta de reforma a la Ley de Salud en materia de plaguicidas y bioinsumos. También repite el argumento de que “sin los plaguicidas se caerá la producción y no se logrará la autosuficiencia alimentaria”.

El CNA expresó que, “la regulación por encima de la prohibición es pieza fundamental para poder avanzar a un consenso. Prohibir normativamente afecta a los productores y los coloca en desventaja y vulnerabilidad económica. No podemos arriesgar el 40% de la producción del campo, no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria”.

Por medio de un comunicado, el organismo empresarial anotó que “debemos tener presente que la producción de alimentos orgánicos, libres de agroquímicos, no cubren ni el 1% de lo que consumen las familias en nuestro país”.

Al presentar la iniciativa –el pasado 15 de noviembre– de un grupo de senadores para reformar seis leyes relacionadas con los plaguicidas, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, aseguró que la propuesta recoge las inquietudes expresadas en el Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas, Fertilizantes y Bioinsumos, que se llevó a cabo el 26 de octubre pasado. Hace énfasis en que el tema del control de los PAP, “debe ser atendido por el Estado en un marco de coordinación gubernamental, competente en materia fitosanitaria, inocuidad, calidad alimentaria, comercio y desarrollo rural, para controlar eficazmente el comercio de alimentos básicos desde su siembra”.

“En este marco se deberá expedir la norma que establezca los límites máximos de residuos para la producción de cada uno de los alimentos catalogados conforme a los acuerdos internacionales y el Codex Alimentarius de la FAO, pero también las reglas en materia de dosis, número de aplicaciones, días y cosecha, compra-venta de plaguicidas, incluidos los bioinsumos, así como los mecanismos para exigir a los productores agrícolas la exhibición de bitácoras de uso, así como los certificados expedidos por un laboratorio certificado por la autoridad correspondiente, que su cosecha se encuentra dentro de los límites máximos de residuos establecidos para el cultivo en cuestión por la autoridad correspondiente”.

Al exponer en el pleno del Senado la propuesta, agradeció que ésta este acompañada por los legisladores Rosa Elena Jiménez, Adolfo Gómez, Arturo Bours, Rafael Espino y Ricardo Monreal, porque, “nuestra responsabilidad es que se legisle y que no impacte en la producción, en la productividad, pero tampoco en la salud de las personas”.

Las organizaciones no gubernamentales critican que predomine el afán de ganancia de unas cuantas empresas sobre el derecho a la salud de los agricultores y trabajadores agrícolas.

Tanto los agrompresarios como los senadores que hablan de regular y no prohibir pasan por alto o ignoran las intoxicaciones y muertes que provocan los plaguicidas y los efectos a la salud en el corto, mediano y largo plazos.

Uso de plaguicidas creció a la par de apertura comercial

El uso intensivo de plaguicidas esta asociado a la apertura comercial de México con diversos países del mundo, especialmente con Estados Unidos. Para muestra unos datos: a partir del año 2000 hasta 2019, las personas intoxicadas promediaron 3,500, cifra 2.2 veces mayor con respecto a la que se tenía antes de 1994.

“En México, en el periodo 1988 a 1993, previo a la apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá, se presentaba en promedio 1,600 casos por intoxicación.

A partir de 1994, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los casos se incrementaron en promedio en casi 6,900, es decir, 4 veces más respecto del periodo anterior”, señala un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

En el mundo, el consumo mundial de pesticidas está aumentando, aun cuando las consecuencias ecológicas y para la salud son conocidas desde hace mucho tiempo. Alrededor de 385 millones de casos de envenenamiento por pesticidas se registran al año.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud define que “la intoxicación por plaguicidas es considerada como tema prioritario en la regulación en materia de riesgos sanitarios relacionados con factores ambientales y salud ocupacional”. Incluye intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos, insecticidas halogenados (no clorinados), rodenticidas, herbicidas y fungicidas, entre otros.

En el documento Panorama epidemiológico de las enfermedades no transmisibles en México, se informa que: “la exposición aguda a uno o más plaguicidas puede tener efectos sobre la salud de los individuos y las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda aparecen durante las primeras 48 horas después de la exposición. La exposición a estas sustancias puede ser de origen laboral, doméstico,accidental o intencional como una conducta suicida. En adultos los signos y síntomas más frecuentes son miosis, broncorrea, insuficiencia respiratoria, irritabilidad, fasciculaciones y salivación; en los niños es frecuente también la presencia de taquicardia sinusal. La sintomatología y gravedad del cuadro dependerá de la sustancia y la cantidad a la que sehaya expuesto el individuo, así como de las características intrínsecas del mismo”.