Abordar la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios y cambiar el papel de la mujer en el sector reduce el hambre, estimula la economía y refuerza la resiliencia ante crisis tales como el cambio climático y la pandemia del Covid-19, según revela un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El documento La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, el primero de este tipo desde 2010, no se limita a la agricultura, sino que ofrece un panorama completo de la situación de las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios, abarcando desde la producción hasta la distribución y el consumo.
“Las mujeres se desempeñan como productoras, empresarias, vendedoras, trabajadoras y también como consumidoras. Entonces, participan en todas las dimensiones que forman parte de los sistemas agroalimentarios”, declara el director del Departamento de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO, Benjamin Davis.
La Organización destaca que los sistemas agroalimentarios son una importante fuente de trabajo a nivel mundial: el 36% de las mujeres que trabajan están empleadas en el sector, una cifra que alcanza el 38% en el caso de los hombres.
Peores condiciones laborales
Ante la pregunta de por qué se habla de desigualdad en el sector, con una cifra tan pareja, el director explica que el trabajo de las mujeres está menospreciado y sus condiciones laborales tienden a ser peores que las de los hombres.
“En general, las mujeres tienen un trabajo más informal, es más precario, a tiempo parcial, de escasa cualificación y es más laborioso, y finalmente peor pagado. Otro elemento de la desigualdad es la mayor carga como cuidadoras no remuneradas y el trabajo doméstico, que a nivel mundial es tres veces más alto para las mujeres, ahí es donde está la desigualdad”.
En concreto, el informe destaca que las asalariadas en la agricultura ganan 82 céntimos por cada dólar que reciben los hombres. La razón no solo está ligada a la segregación ocupacional y la precariedad de las condiciones laborales antes mencionada; “otra razón es la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, simplemente las pagan menos por el mismo trabajo. Y eso es muy común en muchos contextos”, añade Benjamin Davis.
Las mujeres también tienen menos acceso a la posesión de la tierra, al crédito, a la formación y a las nuevas tecnologías. Junto con la discriminación, estas desigualdades dan lugar a una brecha de género del 24% en la productividad entre mujeres y hombres agricultores para explotaciones de igual tamaño.
Beneficios socioeconómicos
Benjamin Davis explica que abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios tendría muchas consecuencias en la vida cotidiana de las familias y de las comunidades, y que las mujeres tendrían un papel protagonista dentro de la vida colectiva.
“También hicimos un cálculo en términos económicos de que, si se cerrara la brecha de género de la en la productividad agrícola y si se suprimiera la diferencia salarial existente en los sistemas agroalimentarios, el producto interior bruto mundial aumentaría en un 1%, es decir, un billón de dólares. Y con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría alrededor de 2 puntos porcentuales y el número de personas con inseguridad alimentaria se reduciría en 45 millones, y eso solamente un cálculo conservador, en el sentido de que no se calcula su impacto a largo plazo”, añade el director.
A su vez, los beneficios de los proyectos que empoderan a las mujeres son mayores que los de los que se limitan a tener en cuenta las cuestiones de género. Los autores del informe explican que, si la mitad de los pequeños productores contaran medidas centradas en el empoderamiento de las mujeres, se produciría un aumento significativo de los ingresos de otros 58 millones de personas y de la resiliencia de otros 235 millones.
Situación en América Latina
En cuanto a la situación de América Latina, Benjamin Davis destaca que la brecha de género es más importante en el proceso de transformación de la producción agrícola en productos de consumo debido al nivel de desarrollo de la región y al número de empleos en los sectores secundario y terciario.
“En el continente de latinoamericano, la situación es bastante parecida diría al escenario que he descrito en términos a globales, en el sentido de que hay mucha desigualdad en las condiciones de empleo para las mujeres en América Latina, de nuevo en términos de la informalidad y la naturaleza precaria, y siendo menos pero pagado. La diferencia sería que, en los países en América Latina, la agricultura juega un papel menor en las economías, entonces hay menos mujeres, en términos porcentuales, que están trabajando en el sector agropecuario”.
Sin embargo, el director ha denunciado la situación de la de la población indígena en el continente, y en concreto de las mujeres indígenas: “sufren una doble discriminación, por ser indígenas y por ser mujeres. Y esto tiene implicaciones muy importantes para la vida de ellas y de sus familias”.
Recomendaciones
El informe concluye que, aunque en la última década los marcos políticos nacionales han pasado a tener más en cuenta las cuestiones de género, la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios persiste, en parte porque las políticas, las instituciones y las normas sociales discriminatorias siguen limitando la igualdad de oportunidades y de derechos a los recursos.
Para acabar con la desigualdad de género, hace falta subsanar las carencias relacionadas con el acceso a activos, tecnología y recursos. En el estudio se pone de manifiesto que las intervenciones para mejorar la productividad de las mujeres consiguen buenos resultados cuando abordan las cargas de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, proporcionan educación y formación, y facilitan la posesión de la tierra.
En este sentido, Benjamin Davis destaca la importancia de adoptar políticas enfocadas en cambiar las normas sociales que tienden a restringir la posibilidad de las mujeres de trabajar en el mercado laboral. “También es muy importante mejorar los derechos de las mujeres a la propiedad y la tenencia segura de tierras agrícolas, que influye muy positivamente sobre el empoderamiento, la inversión, la gestión de los recursos naturales y el acceso a servicios e instituciones y también ayuda en términos de aumentar su poder de negociación”.
El director hizo referencia a cómo el acceso a guarderías también tiene un notable efecto positivo en el empleo de las madres, mientras que los programas de protección social han demostrado aumentar el empleo y la resiliencia de las mujeres.
“Y por último, es muy importante un esfuerzo mayor para tener información estadística desagregada por género para poder medir el empoderamiento en sus múltiples dimensiones y mejorar el diseño y la eficacia de los programas y las políticas en materia de igualdad de género y empoderamiento”, añadió Davis.
