Sin incentivos al cultivo y comercialización, habrá crisis granera en 2024, advierten labriegos
La crisis de granos que enfrentan los productores se puede convertir en una “bola de nieve” si el gobierno federal no brinda una respuesta a los agricultores comerciales, lo cual se reflejaría en una falta de incentivos para sembrar el próximo ciclo agrícola y esto repercutiría en la producción y en la tan anhelada autosuficiencia alimentaria de México.
El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, quien representa a 200 productores de maíz de Sinaloa, calificó como una “estrategia fallida” el programa de comprar solo dos millones de toneladas a un precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada, entre Segalmex y el gobierno estatal, porque la producción se estima en 6 millones de toneladas y ese precio “lo queremos para seis millones, no para dos”.
“Si el gobierno federal nos sigue desatendiendo, lo más probable es que el año que viene haya una crisis de maíz, trigo y sorgo, que son los granos básicos para alimentación humana y el hato ganadero. No habrá huevos, carne y derivados de productos que tienen base en estos granos”, subrayó el dirigente en la manifestación que realizaron en Palacio Nacional hace unos días.
Luego de haber tomado esta semana las instalaciones del Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, por dos días, los agricultores han acordado buscar un “precio razonable” para sus cosechas que les permita recuperar costos de producción y tener un margen de utilidad para continuar con su actividad.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que representa a la máxima cúpula agroempresarial en México –entre ellos Gruma, Maseca y Cargill–, criticó la eliminación, en 2020, de programas de apoyo a la comercialización, como el de cobertura de precios y agricultura por contrato, que brindaban certidumbre a la comercialización de las cosechas excedentarias de los granos básicos, un precio mínimo al productor y máximo al comprador. Organizaciones de la sociedad civil y de pequeños productores han manifestado que esos apoyos beneficiaban solo a los agricultores más grandes y empresas que comercializaban granos.
Baltazar Valdez advirtió que la economía de Sinaloa –que aporta 22% de la producción maicera del país– depende, en mucho, del cultivo de maíz, del cual se siembran 520 mil hectáreas, pero está a punto de colapsar por falta de política agrícola de la federación.
Durante los cuatro años anteriores, recordó, el mismo mercado, “que hoy nos tiene al borde la quiebra”, permitió tener un precio suficiente para mantener el cultivo que el año pasado alcanzó a vender a 7 mil pesos la tonelada de maíz, pero hoy con la caída del precio internacional es de alrededor de 5 mil 100 pesos y se requiere lo mismo que el ciclo pasado para recuperar la inversión y tener, al menos, una rentabilidad del 20%.
Los productores, quienes han escalado la fuerza de sus protestas, reiteran que al principio de este problema se necesitaban unos 8 mil millones de pesos para resolver el tema de comercialización, pero ahora la cifra es superior.
Criticaron el “desorden absoluto” que existe en sistema de compras de Segalmex, porque las reglas de operación no se pueden cumplir por parte del productor.
Creen que sacando dos millones de toneladas del mercado, el precio repuntaría, pero esto no posible porque esta abierta la frontera para que los industriales compren el maíz donde les de la gana y al precio que sea”, apunta Valdez Armentía.
Agroindustriales dispuestos al diálogo
Por su parte, el CNA emitió un comunicado donde manifiesta que sus integrantes están “abiertos al diálogo y a la construcción de soluciones que beneficien a todos los actores involucrados en el sector agropecuario”.
Recordó que en los primeros cuatro años de la presente administración, los precios de los commodities estuvieron altos por diversas razones, entre ellas una menor disponibilidad mundial provocada por el impacto de la guerra de Ucrania que afectó mucho el mercado de granos. “Estos precios altos habían favorecido a los productores y les había permitido tener una rentabilidad favorable en la comercialización de sus cosechas”.
Desde el 2020, remarcó, el gobierno federal eliminó los programas de apoyo a la comercialización, como el de cobertura de productos agrícolas, que era una protección contra la caída de precios de los cultivos, representaba un incentivo para la administración de riesgos y estaba orientado a proteger el ingreso de los productores.
Otro programa afectado fue el de agricultura por contrato que consistía en un programa para promover la comercialización de cosechas nacionales excedentarias mediante un contrato entre agricultores y compradores donde ambas partes acordaban por adelantado los términos y condiciones de compraventa de los productos, incluyendo la cantidad, calidad, precio y fecha de entrega.
