En México, el valor de los plaguicidas ilegales continuó su tendencia al alza y en 2022 se elevó a 300 millones de dólares (mdd), cuando dos años antes fue de 200 millones, aseguró el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda.
Lo anterior, subrayó, refleja la falta de atención del gobierno federal en el control de productos fitosanitarios y consideró “preocupante observar cómo continúa la venta de productos ilegales sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad, ni vigilancia en la materia”.
Manifestó su preocupación porque de 2020 a la fecha no ha habido ninguna mejora y continúa el crecimiento de los productos ilegales, donde se incluyen todos aquellos que no tienen registro, están adulterados o proceden de robos.
González Cepeda apuntó que el agricultor que compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta y eso puede causar intoxicaciones tanto a agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras donde se realizó la aplicación.
La normatividad –detalló– exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivos controlar. “Esta regulación es muy robusta, se rige por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia, y límites máximos de residuos”.
El objetivo –agregó– es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano, lo cual no sucede con los productos ilegales, al no pasar por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Luis Eduardo González remarcó que, “a pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores y sus familias, el medio ambiente y la producción de alimentos, la autoridad no ha hecho nada sobre este tema, por lo que la UMFFAAC hace un llamado a que se aplique la ley”.
