Déficit transexenal persiste en producción de alimentos en México, aunado a pobreza

En memoria a Gustavo Esteva quien acuño aquello, allá por 1981, penúltimo año del gobierno de José López Portillo, y referido aquí en anteriores textos; de que “quien domine la producción de alimentos, dominará el mundo”.

Y en este país, sexenios van y vienen; todos se comprometen con lograr la autosuficiencia alimentaria y acabar la pobreza, no sólo en el campo ¡No! ¡Con toda la pobreza! Vacuas administraciones de sensibleros demagogos que han gobernado y gobiernan este país, y que nunca entendieron o no han querido entender la profundidad del mensaje.

Y aquí, en México, como dicen los ancianos campesinos del Bajío, seguimos como los bueyes de Semión; agachados lame que lame la coyunda y jala que jala el arado. No obstante que México tiene riquezas sobradas en recursos naturales y humanos para producir los alimentos que consume y obtener excedentes para estar en el mercado internacional de éstos.

De los intentos, por decirlo de alguna forma, para lograr la autosuficiencia alimentaria en los últimos 50 años, sólo el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) emanado de las políticas públicas agropecuarias del entonces presidente José López Portillo, en 1982, fue el que más se aproximó a tan ambiciosa y urgente meta, con una producción de 28 millones de toneladas de granos básicos (ajonjolí, maíz, arroz palay, sorgo, soya, trigo, cártamo, cebada, algodón hueso,  y frijol), como se anunció en su momento, aunque hoy las estadísticas dicen que fueron 24 millones de toneladas y sólo de los cuatro granos fundamentales: maíz, trigo, arroz y frijol. Y, bueno, la pobreza quedó intacta: terrible.

Los escenarios numéricos y declarativos no tienen yerros para quienes los emiten, cada cual pondera sus resultados, aunque sean no logros, porque pobreza y déficit en la producción de alimentos persisten y como dice la canción; “sigue la yunta andando”.

México necesita un Estado fuerte, transparente, ahora que el término se acuña constantemente para hablar de honestidad, eficiencia y eficacia, en la acción de gobernar; que garantice el equilibrio de los tres poderes que lo constituyen, con el reconocimiento y participación activa de la sociedad, para que el gobierno estructure políticas públicas que en materia alimentaria privilegien la autosuficiencia, como producción primaria (que lo es) y fundamental para el desarrollo del país; con acciones concretas y alejadas de perseguir el beneficio electoral. Garantizar el abasto nacional permite impulsar con mayor eficacia y eficiencia los sectores secundario y terciario de la economía:

un pueblo bien alimentado, es un pueblo mejor capacitado para la educación, participativo y en consecuencia con un mayor grado de conciencia social y política, además de productivo.

En los últimos 20 años los organismos internacionales al servicio del capital han insistido en este tema: quieren capital humano mejor capacitado para los innovados procesos industriales, entre estos las actividades del campo, y para ello necesitan seres humanos mejor alimentados. Vaya, es una crisis mundial la producción y distribución de los alimentos, pero fundamentalmente en los países en desarrollo, entre ellos México, porque en las naciones industrializadas primero garantizan su abasto y luego entran a la ruleta del mercado internacional de alimentos, de ahí en buena parte su fortaleza en el concierto de las naciones.

En México se hace al revés; gobierno y empresarios insisten en que es más barato importar que producir los alimentos que consumimos, y así llevan al menos medio siglo en la reproducción de ese esquema que ya convirtieron en modelo económico para el campo, y que ha demostrado ser un fracaso. Lo adornan con pinceladas de modernización y vanguardia revolucionaria en la que hablan, sólo eso; ¡hablan!, de impulsar la producción desde lo local, con una visión, y subsidios populistas, que no objetiva sobre la realidad del campo mexicano, y la anuncian con apoyos discursivos, plagados de corrupción, porque finalmente así son estructurados. Sólo de esta forma los gobiernos pueden garantizar la permanencia del sistema al que se deben, y responden: el capital.

Por eso mismo juegan con la solución que puede llevar a la autosuficiencia de alimentos, misma que han puesto en la mesa de manera fragmentada. Son malabaristas en la planificación y estructuración de programas de apoyo y productivos del sector agropecuario. Algunos gobiernos han otorgado subsidios sobre la superficie y tipo de cultivo (granos), otros retiraron parcialmente esos apoyos financieros y privilegiaron la importación de alimentos, sin importarles el costo social y económico para los habitantes del campo y el destino del país.

En esos planes y políticas públicas dirigidas a la producción de alimentos se han olvidado de factores fundamentales para impulsar la producción y distribución de los alimentos: alentar la producción con apoyos directos al volumen de las cosechas, acompañados con subsidios al consumo, y con ello impulsar los mercados, también de forma directa, desde lo local, a lo regional, nacional hasta llegar al ámbito internacional, de tal forma que se garantice el abasto en esa escala de acuerdo a la vocación productiva de cada lugar y se evite a los intermediarios en la comercialización de básico, lo que mejora los ingresos de los productores vía precios, toda vez que los intermediarios han sido el cáncer en este sector.

Porque si bien es cierto que en cualquiera de estas fórmulas el comercio estará presente necesariamente, también lo es que la forma en que se ejerce en el sector alimentario mexicano es devastadora para cualquier modelo de mercado. Por citar un ejemplo,

mientras a un productor de naranja les pagan a 2 pesos el kilo a pie de huerta, el consumidor final en la ciudad lo paga en 40 pesos.

Asimismo, los subsidios hasta ahora han sido corporativo-electorales y el padrón para entregarlos se ha determinado por la superficie que detentan los campesinos, en el supuesto ánimo de amparar a los de menores ingresos por ser minifundistas, los del promedio nacional, propietarios de cinco hectáreas. Eso distorsiona el sentido de lograr la autosuficiencia alimentaria y abatir la pobreza. Está demostrado que esa forma de apoyo no funcionó, porque el campesino produzca más o menos, de todas formas, recibe su apoyo económico por la superficie que detenta.

Algo diferente es si el subsidio va directo a la producción –con cantidades mayores para el sector social, relativas de manera proporcional para el sector privado— y con ello privilegiar la importancia de los mercados locales, sobre el volumen de la cosecha, por tonelada producida, y los cultivos se acompañaran con paquetes técnicos, mecanización, un sistema de acopio para las cosechas y movilidad, mediante esquemas de mutualidad.

Esto, acompañado con auditorías en un estricto sentido ético, manejadas por profesionales de carrera con autonomía para su ejercicio. Es decir, separar el sector social del privado en la producción de alimentos, para dimensionar los subsidios que se deben entregar, de manera sectorizada. Primero garantizar el abasto nacional.

Y, sí, México tiene todo para lograrlo: “196.5 millones de hectáreas de superficie territorial: 192 millones de éstas son área rural, 4,5 millones corresponden a ciudades, poblaciones, cuerpos de agua (lagunas, lagos, presas y ríos). De la superficie rural 88.4 millones de hectáreas corresponden a tierras con vocación agropecuaria”, de acuerdo con la información del Inegi; es decir, para producir alimentos. Pero, bueno, (para el buen entendedor) a Estados Unidos (hasta hoy día), ni le interesa, ni quiere un vecino, hoy su socio comercial, con autosuficiencia en la producción de alimentos, México es su mercado cautivo, y ya lo dijo Gustavo Esteva, quién domine la producción de alimentos, domina el mundo.