Proponen política de Estado transectorial para prohibir plaguicidas altamente peligrosos en México
En el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha habido avances “valiosos pero insuficientes” en materia de agroquímicos, por lo que para 2023 había 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados para ser utilizados en México, de los cuales 151 están prohibidos en otros países, por ello en la próxima administración se requiere una política de Estado transectorial para prohibir los PAP y que priorice la protección y garantía de los derechos humanos a la salud, a la biodiversidad, a un medio ambiente sano y una alimentación adecuada.
Expertos reconocen como avances la prohibición del glifosato en México –ahora en pausa– y el fomento de alternativas agroecológicas, pero está pendiente elaborar una Ley general de plaguicidas; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre su uso con suficiente apoyo presupuestal; prohibir el uso de PAP en campañas de salud pública; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación; el acceso a la justicia y la reparación de los daños causados por el uso de los PAP e incluirlo en la agenda de cooperación internacional.
Los plaguicidas representan una seria amenaza para la salud pública y el ambiente y los PAP, “tienen un alto costo para los agroecosistemas al disminuir la diversidad biológica, haciéndolos más vulnerables a plagas, enfermedades y variaciones climáticas; además de afectar de manera considerable la salud humana, principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Así lo exponen especialistas en la Agenda socioambiental 2024, en el capítulo Plaguicidas altamente peligrosos: avances y pendientes, coordinado por Fernando Bejarano González, donde participan Aurora Elizabeth Rojas García, Yael Yvette Bernal Hernández, Octavio Gaspar Ramírez y Omar Arellano Aguilar, que se planteó a los equipos de campaña de los tres candidatos a la Presidencia de México.
Al comparar la lista de plaguicidas prohibidos de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN International), y la plataforma de registros de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) se observó que en México en el año 2016 estaban autorizados 140 plaguicidas prohibidos o, que en otros países no estaban autorizados y aumentaron a 151 ingredientes activos en 2023, refiere el análisis.
“En nuestro país se usan cientos de plaguicidas comerciales que conllevan una amplia gama de efectos graves e irreversibles a la salud y al ambiente”.
“Los hay con toxicidad aguda alta que pueden causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas. También están los de toxicidad crónica, que se pueden asociar con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos y alteraciones hormonales. Otros tienen alta persistencia en el agua, los suelos o en los sedimentos”, subraya.
Falta información sobre el impacto de plaguicidas
Además destaca el desconocimiento que existe sobre el uso de este insumo químico en México. “Los impactos de los plaguicidas (especialmente los PAP) en la salud y el ambiente han sido invisibilizados para la población expuesta y para la ciudadanía en general. La información de las etiquetas, su diferencia por bandas de colores, frases de advertencia y pictogramas, es muy limitada, y se refiere solo a los efectos tóxicos agudos, no a los subcrónicos ni a los crónicos. No hay información oficial de qué tipo de plaguicidas se usan, dónde, en qué cantidad y con qué frecuencia”.
Añade que en la plataforma digital de Cofepris para consulta pública solo se nombra el ingrediente activo, nombre comercial, número de registro, empresa que lo produce, categoría toxicológica, así como usos autorizados y vigencia. También existe información sobre el cultivo en que el producto se utiliza y los límites de residuos autorizados. Empero, “el último listado completo de plaguicidas autorizados en el país disponible al público en este 2024, se remonta al 2016”.
Por ello, hacen énfasis en la necesidad de crear un sistema nacional de información y vigilancia intersectorial sobre el uso de plaguicidas, que permita ejercer el derecho a la información ciudadana sobre cuánto y dónde se aplican, además de prohibir la aplicación de plaguicidas en lagos, lagunas, ríos, arroyos, manan tiales, playas y zonas costeras y manglares e instalar infraestructura de tratamiento de aguas servidas en drenes de distritos de riesgo que supongan un riesgo ecohidrológico en lagunas costeras.
Reconocen avances
Entre los avances de la 4T, la Agenda 2024 reconoce el decreto presidencial que redujo las importaciones de glifosato y propone terminar su uso en marzo del 2024 (DOF, 13/02/2023), es la acción más significativa de la política regulatoria. La entrada en vigor de este decreto está en pausa, debido a las presiones agroempresariales tanto nacionales como de Estados Unidos.
Asimismo, “se requiere que en este 2024 la Cofepris cancele el registro de todos los usos autorizados de herbicidas con glifosato si se desea consolidar el decreto presidencial”.
Otro avance señalado en la Agenda, es el decreto presidencial que prohíbe la importación de PAP (alaclor, aldicarb, azinfos-metilo, captafol, carbofurano, clordano, DDT, endosulfán, fosfamidón, lindano, paratión metílico y triclorfón) incluidos en el Anexo III del Convenio de Róterdam. Para fortalecerlo, la Cofepris debe cancelar el registro de estos antes del próximo 1 de octubre de 2024.
Destaca la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre la aplicación aérea de plaguicidas que promueven de manera conjunta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud a través de la Cofepris y la Sader por medio de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Igual está la actualización del reglamento de plaguicidas, R-Plafest, con procedimientos y criterios para obtener el registro sanitario y las autorizaciones para importación y exportación, del cual se espera que tenga avances significativos como colocar a los PAP en una nueva categoría regulatoria y tener al principio precautorio como guía en la toma de decisiones y que haya mayor facilidad en la autorización de plaguicidas de bioinsumos.
“El nuevo R-Plafest sería un avance en la recuperación de las funciones rectoras del Estado y en privilegiar el interés público”, remarca.
Acciones urgentes y de corto plazo
Los expertos consideran dos acciones prioritarias en la materia: cancelar los registros del insecticida clorpirifos, propuesto para su prohibición mundial en el Convenio de Estocolmo y la prohibición de los insecticidas fipronil y neonicotinoides por la alta mortandad de abejas que ocasionan.
Además, organizaciones de académicos y grupos no gubernamentales han solicitado a la Cofepris la cancelación de todos los usos registrados del clorpirifos por ser tóxico, persistente y bioacumulable; así como por su efecto neurotóxico en población infantil (afecta funciones neurocognitivas básicas y no hay niveles mínimos seguros de exposición).
Hacen hincapié en que
“la alta mortandad de las abejas por los plaguicidas se ha vuelto una emergencia nacional denunciada de manera reiterada por apicultores de todo el país.
Hay suficiente evidencia de que esta catástrofe es causada por los insecticidas fipronil y neonicotinoides. No es casual que el fipronil esté prohibido en 38 países, mientras que los insecticidas imidacloprid y clotianidin en 29 y el tiametoxam en 28, incluidos miembros de la Unión Europea”.
