Proponen reformar artículo 27 constitucional; privatizadas 4 millones de hectáreas ejidales: PA

A partir de la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional, en México se han privatizado 4 millones de hectáreas y 350 mil parcelas, con datos a marzo del 2024, y continúa el acaparamiento y la alta concentración de tierras en territorio nacional, por lo que es necesario cambiar dicho precepto constitucional y diversas leyes en la materia, aseguró el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera.

En el marco del foro de consulta Los ejidos y las comunidades agrarias en el segundo piso de la Cuarta Transformación, realizado en el Museo de la Ciudad de México, expresó a imagenagropecuaria.com que se debe considerar al ejido y la comunidad como sujetos de interés público y a la propiedad social de la tierra en la Constitución para que tengan la prioridad máxima, lo que se perdió con la reforma neoliberal del salinismo de 1992.

En la actualidad, remarcó, las mejores tierras agrícolas y ganaderas, ejidos en zonas turísticas, ejidos con playas y en otras zonas turísticas, tienen presiones de cárteles inmobiliarios, se ha impulsado un gran rentismo en ejidos con riego y buen temporal y hay cambio de destino en áreas de uso común para dar paso a la deforestación y usos habitacionales.

En su intervención en la inauguración del foro, el procurador agrario puntualizó que existe el acaparamiento de parcelas ejidales y “los mayores 18 acaparadores concentran 21,580 parcelas en 45 núcleo agrarios, en 37 municipios de 19 entidades federativas”.  Además 19 acaparadores concentran 47,876 solares en ejidos de diversos estados.

Hoy dos de los hombres más ricos de México son ejidatarios, ex gobernadores, ex senadores, ex diputados; los grandes capitales están en la lógica de la privatización del despojo, de la depredación de ejidos y comunidades”.

Por ello, insistió en que los ejidos y comunidades, que detentan 51% del territorio mexicano, “son un asunto de seguridad nacional”, hay que reformar el artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias, la de minas, la de aguas, la de hidrocarburos.

Ante cientos de representantes de núcleos agrarios, el titular de la PA manifestó que “es vital reconocer a los ejidos y comunidades como sujetos colectivos de derecho público, con acceso directo a recursos presupuestales y gobernanza democrática.  Y transitar hacia una reforma al artículo 27 constitucional, que establezca el derecho de la nación a la propiedad social de la tierra, junto con la propiedad privada”.

Víctor Suárez indicó que en el sexenio pasado se avanzó en la transformación del campo, con diversos apoyos con lo que se logró una reducción histórica de la desigualdad y la pobreza rural en más de 5 millones de personas. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se debe profundizar en esto, dado que 35 % de los ejidos y comunidades agraria tienen un muy alta, alta y media marginación, a pesar de poseer una gran riqueza en sus territorios.

Refirió que en los años neoliberales hubo un gran rezago, burocratismo y gran corrupción en el sector agrario, además que el presupuesto al sector agrario fue en picada. Pese a todo el saqueo neoliberal, agregó, los ejidos y comunidades agrarias siguen siendo vitales, con más de 30 millones de personas, que custodian 70% de los bosques y selvas y 80% de las cuencas hidrológicas. Además, son garantes de la soberanía alimentaria y guardianes de la biodiversidad.

Trabajar en polos de desarrollo económico en ejidos y comunidades

El titular de la PA reconoció que todavía queda mucho por hacer en temas como tierra y agua. “El neoliberalismo fue devastador y no todos los aspectos pudieron ser desmontados tales como el tema agrario”. En el Primer Piso de la Cuarta Transformación se abordaron los temas de tierra y territorio de manera puntual con los planes de justicia indígena para los pueblos yaqui, wirrárika, rarámuri, y para los ejidos de Atenco, pero sigue habiendo temas pendientes.

Para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación hay que incorporar a los ejidos y comunidades agrarias como actores prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, “estableciendo un nuevo pacto histórico Estado-campesino basado en justicia, soberanía alimentaria y sostenibilidad”.

Además, agregó, hay que “diseñar una política integral para rescatar, defender y revalorizar la propiedad social de la tierra.  Y en una fase superior de este proceso, transformar a los ejidos y comunidades en polos de bienestar económico, social y ambiental, con enfoque de género y pertinencia cultural”.

Propuso crear estímulos para fortalecer las actividades económicas y ambientales de ejidos y comunidades. “Que quienes habitan en ellos no busquen oportunidades económicas en otros territorios ni en otros países, que la migración no sea la alternativa de sobrevivencia. Quizá, en un futuro próximo, los ejidos y comunidades agrarias sean tan exitosos que inviten al retorno de quienes se han ido y ahora están lejos de sus familias”.

Víctor Suárez aseveró que desde la Procuraduría Agraria, “nos hemos comprometido a trabajar unidos como un solo sector, coordinados por Sedatu, a simplificar y digitalizar trámites para reducir burocracia, establecer 1,000 centros de atención agraria a nivel nacional y transformar a los visitadores agrarios en organizadores agrarios para fortalecer la cohesión comunitaria. En este tiempo de mujeres, también es el tiempo de los ejidos y comunidades agrarias..”.

“Atrás dejaremos el periodo neoliberal –anotó–, en el que los ejidos y comunidades fueron abandonados, privatizados y despojados y se llevaron a cabo políticas gubernamentales que facilitaron el acaparamiento y la depredación de tierras, calificándolas como manos muertas o baldíos“.