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Leyes de aguas de 4T tienden a perpetuar políticas neoliberales de Salinas, expertos

Las modificaciones a las dos leyes en materia de agua propuestas por el Ejecutivo, en el gobierno de la Cuarta Transformación, de manera sutil privilegia el régimen de concesiones y afecta el derecho humano al vital líquido, dejando fuera de las decisiones a las comunidades, pueblos y productores agrícolas. Representan la continuidad de las políticas implementadas por el máximo exponente del neoliberalismo mexicano: Carlos Salinas de Gortari.

Al referirse a la propuesta de Ley de Aguas Nacionales (LAN) y a la Ley General de Aguas (LGA) enviada por el Ejecutivo al Legislativo –donde se prevé sea aprobada el 29 de noviembre—, la ex funcionaria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, consideró que “estamos es un momento crítico” y las dos leyes violan todos principios en materia de derecho humano al agua y, con su aprobación “se va a perpetuar casi con marco dorado la ley salinista”, con todo lo que ha implicado en cuanto al despojo, acaparamiento, envenenamiento de nuestras aguas, impunidad y corrupción.

Al participar en el Parlamento Ciudadano Por La Legislación Hídrica que México Necesita”, realizado el 8 de noviembre en Jalisco, la integrante de la Coordinadora nacional agua para todos, agua para la vida, expuso que  resulta “peligrosísimo el potencial del engaño a la Presidenta, al pueblo de México, estamos frente a un intento bárbaro de engaño”.

En su intervención señaló que alguien le ha hecho pensar a la Presidenta que no puede haber desarrollo económico en este país “a menos que se inicia una nueva etapa brutal de despojo de los derechos al agua de los ejidos, las comunidades indígenas, los pequeños productores…que no hay de otra, ni modo”.

La ex funcionaria de Conagua con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que fue responsable del sistema de concesiones y de los consejos de cuenca, de las inspecciones y de los bancos del agua y gran parte de lo que es operar la LAN, “sé exactamente qué funciona, qué está pasando y las presiones que había”.

Incluso, reveló que le daban listas de pequeñas concesiones para extinguirlas para obtener agua para Monterrey y para distintos proyectos; “no lo hicimos, pero esta ley está facilitando esto y vamos a ver esto de las reasignaciones de fondos y de reserva, etcétera… vamos a ver el lobo que está dentro de la piel de oveja que van presumiendo en las mañaneras”.

Elena Burns puntualizó que se anuncia mucho que se está poniendo fin a la mercantilización del agua y que ya no habrá compra y venta de concesiones, pero se habla de una “reasignación”, que es un derecho del concesionario y hay un negocio de vender volúmenes de agua y se pone a la Conagua enmedio “sin criterio alguno y sin este transparencia”.

Antes fueron los bancos de agua, que introdujo el ex presidente Vicente Fox, y ahora se crea el fondo de reserva, que también “es muy peligroso” porque hasta ahora una concesión se tiene que respetar en la cuenca o el acuífero en donde está, pero ahora se permitirá que “la aspiradora venga sobre las concesiones de los pequeños usuarios” y se podrá otorgar en otro lugar diferente.

La especialista también planteó que la LGA tiene que plasmar que los servicios de agua y saneamiento no podrán ser privatizados, como está en la Constitución de la Ciudad de México, debe establecer “la prohibición de la privatización y no tenemos que seguir sufriendo lo que se está sufriendo en Quintana Roo, en Veracruz, en Puebla, en Saltillo…”.

En su análisis criticó la discrecionalidad que tendrá la Conagua con las leyes propuestas, porque las concesiones ya no se darán en las oficinas regionales de la dependencia, sino en oficinas centrales, “sin transparencia sin criterios vamos a ver cómo va esto…nosotros estamos diciendo que la Conagua tendrá que negar la concesión si no es congruente con el programa regional”.

Indicó que antes los usuarios de aguas tenían cuatro años y medio para prorrogar su concesión, pero con esta reforma serán seis meses y quienes tienen bufetes de abogados para atender esto no van a perderla; pero los pequeños usuarios, por decenas de miles van a estar perdiendo sus derechos al agua.

De hecho, advirtió, en este momento en la Laguna se están extinguiendo concesiones de ejidos que tienen decretos presidenciales, “porque no llegaron a tiempo durante la pandemia para poder solicitar la prórroga”.

Hizo hincapié en que es muy importante deshacer la privatización del agua de los ejidos, porque bajo la LAN pierden control sobre su agua dentro de los distritos de riego —que tienen 35% de las aguas nacionales en su en sus manos– y los grupos de poder que los controlan están formando acuerdos para extender volúmenes a grandes obras, pero quienes pagan son los ejidatarios, quienes riegan menos y, “el agua va a las ciudades a costa de los ejidos”.

Durante su intervención, la experta señaló que con el sistema de gestión de agua los grandes usuarios industriales y de servicios sólo están pagando 20% de los derechos sobre los volúmenes que se encuentran en el registro público de derechos al agua y la Conagua está dejando pasar 44 mil millones de pesos cada año al no cobrarles a estos usuarios, quienes se están dando cuenta, “no pago, no pasa nada”.

La activista destacó que en el proyecto de la Conagua se crea el “delito hídrico”, para el cual la Red nacional de comunidades envenenadas en resistencia propone que incluya la tipificación como delito de la contaminación del agua y al delito contra la salud, “porque sí están matando gente impunemente”. Además, agregó, no solo se debe pagar un derecho por contaminar como sucede ahora, sino que quien contamina tiene que restaurar los ecosistemas y las comunidades afectadas por su contaminación y con ello quienes contaminan van a estar pensando cómo tratar las aguas.

Por último, apuntó que algo previsto en los instrumentos internacionales sobre el derecho humano al agua, es que “todos tenemos debemos de tener voz y voto en la toma de decisiones sobre el agua”, ejidos, comunidades pueblos indígenas, pequeños productores.

Burns Stuck manifestó que el vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores puede ayudar “a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua pase lo que pase con la ley”.

Es inconstitucional plantear dos leyes de aguas

En su oportunidad, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, aseveró que la propuesta de dos leyes esconde el objetivo político de proteger y no tocar el modelo de gestión del agua que rige en el país, basado en la LAN, que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17,000 m³ por persona al año en 1950 a 3,400 m³ en la actualidad, una pérdida superior al 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años,

y  ha permitido que 3,300 concesionarios, 966 empresas acaparen 22.3% de todo el agua concesionada en el país”.

Ese modelo de gestión condujo a que el 94% de nuestros ríos estén contaminados, privilegia el trasvase de una cuenca a otra, sin tomar en cuenta las necesidades de los bosques, de la fauna, de la flora; promueve construcción de presas despojando a comunidades de sus tierras.

“Es el modelo que está detrás de un proyecto de dos leyes para reglamentar de manera separada e inconstitucional el agua en nuestro país”.

Subrayó que vamos a tener dos marcos normativos sobre un mismo bien operando simultáneamente, lo cual es inconstitucional, generará contradicciones, antinomias, “se va a hacer un caos”, va a generar litigios y las personas que están normalmente en situación de desventaja, de despojo, tienen mayor dificultad para acceder a abogados. “El legislativo va a meter al país, a las comunidades, pueblos, barrios populares,  los que están en situación de mayor vulnerabilidad, en un berenjenal. Desde un punto de vista constitucional y legal será muy muy problemático tener dos leyes”.

En su participación, el consultor de políticas públicas y legislacion del agua, Miguel Ángel Montoya, remarcó que la frase “una sola agua, una sola ley”, más que una consigna es un mandato constitucional inequívoco y claro.

 

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ERNESTO PEREA

Periodista especializado en temas agropecuarios y agroalimentarios. Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, otorgado por el CONACYT. En la actualidad director del portal web www.imagenagropecuaria.com Autor del libro Voces y vivencias del movimiento orgánico Ha colaborado con las revistas editadas por el Grupo Expansión. Ha sido consultor de la FAO. Brinda servicios de comunicación, información, análisis y consultoría para diversas empresas e instituciones. Correo electrónico: editor@imagenagropecuaria.com

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