Reacciona industria porcina ante críticas de relator de ONU a su actividad en Yucatán

Ante las declaraciones recientes del Relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, quien señaló que las fábricas de cerdos en Yucatán han aumentado “de manera descontrolada y exponencial”, generando emisiones que afectan al medio ambiente y los derechos de las comunidades; representantes de la industria porcina expresaron que “es indispensable que cualquier evaluación sobre nuestra actividad se base en evidencia verificable, diferenciación entre niveles de cumplimiento y un análisis objetivo de las condiciones específicas de cada unidad productiva”. 

El Relator especial del organismo internacional en su Declaración de cierre de misión –que concluyó el 20 de marzo– expone que “hay quinientas fábricas de cerdos en las inmediaciones de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas, que generan significativas emisiones atmosféricas de metano…” y “la mayoría de estas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos. Son fábricas que van desde los 50 mil cerdos, las que han sido levantadas sin consulta en comunidades de alrededor de 1,500 personas habitantes”.

Por su parte, en un comunicado, la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), asegura que “en México, miles de unidades de producción operan bajo marcos regulatorios establecidos y han avanzado de manera significativa en la incorporación de tecnología, procesos de tratamiento y mejores prácticas ambientales, además, mantenemos un diálogo con autoridades ambientales federales, estatales y municipales, siendo los primeros en promover las buenas prácticas y la transparencia, tal como consta en los ejes estratégicos de la Visión 2035 y en el Plan México para la Porcicultura”.

Marcos Orellana refiere que “como solución las autoridades y empresas han planteado la instalación de biodigestores, pero estos no solucionan el problema tóxico. Más bien, los biodigestores generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día”.

“La descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes -sitio protegido por el Convenio de Ramsar- afecta de manera adversa los derechos de las comunidades. Además,

las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmosféricas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono”.

La Opormex expresa  “preocupación por el uso de conceptos y generalizaciones que no reflejan la complejidad ni la realidad diversa de esta actividad productiva en el país” y considera “fundamental evitar enfoques que simplifican una realidad compleja y generan percepciones que pueden distorsionar el análisis técnico y obstaculizar la construcción de soluciones efectivas”.

En su comunicación lamenta “que el señor Marcos Orellana no se haya acercado al sector porcícola para conocer nuestra voz, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transparencia con cualquier solicitud de información requerida del quehacer porcícola en Yucatán o en cualquier otro estado del país, ofrecimiento que reiteramos en este momento y mantenemos abierto y a disposición del Relator”.

En su Declaración de cierre de misión, el relator de la ONU también expresa su preocupación por  “la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo”.

Reconoce que “la clausura de la fábrica de cerdos en Santa María Chi es un paso positivo. Tras cerca de diez años, el gobierno federal está tomando acción, incluyendo inspecciones. Sin embargo, me preocupa especialmente el hecho de que muchas otras fábricas, según se informa, continúan operando a pesar de la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a los Pueblos y comunidades Indígenas”.

La Opormex reconoce que su actividad es perfectible, y reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y la mejora continua de sus procesos. “Reconocemos también que existen retos que debemos atender con seriedad y responsabilidad y

siempre hemos rechazado cualquier práctica fuera del marco normativo, al contrario, en todo momento hemos estado dispuestos a colaborar con autoridades, academia y comunidades en la construcción de soluciones sostenibles”.

El relator especial de la ONU Llama al Estado mexicano “a implementar de forma coordinada e interinstitucional las medidas necesarias para que los pueblos puedan tomar una decisión con base en procesos de participación amplios y efectivos en los que cuenten con toda la información accesible acerca de los impactos a la salud de estas instalaciones. Estas comunidades han venido soportando durante años olores fétidos y ruidos día y noche, plagas de moscas, y contaminación de sus aguas de pozo y el aire”.

Sugiere que “una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición”.