Recorta Ejecutivo 27.5% presupuesto para enfrentar crisis climática 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF 2027) recorta 27.57% de los recursos destinados a enfrentar la crisis climática. Esta reducción afecta la capacidad del país para responder ante la creciente intensidad y frecuencia de los eventos meteorológicos extremos que afectan al territorio nacional y la urgencia de fortalecer la resiliencia socioambiental. 

De acuerdo con el análisis del Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México, el Anexo Transversal 16 (AT16) de Recursos para la adaptación y mitigación del cambio climático no solo pierde recursos, sino que además concentra 80% de su gasto en cinco de los 51 programas presupuestarios que lo integran.

Lo más preocupante, refiere el análisis, es que el programa de Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros concentra el 34% de los recursos del AT16, que equivale a 16 veces más recursos que el conjunto de programas destinados a la protección de ecosistemas forestales, áreas naturales protegidas y atención a desastres naturales.

Los programas que concentran el 80% de los recursos del Anexo 16 son: Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y de pasajeros, con el 33.95% de los recursos; Sembrando Vida, con un 25.29%; Infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el 8.48%; Gestión integral y sustentable del agua el 6.29% e Infraestructura económica de hidrocarburos tiene el 6.02%.

Mientras estos cinco proyectos captan la mayor parte del presupuesto, los otros 46 programas se reparten el 20% restante del presupuesto del AT16 destinado a atender la adaptación y mitigación del cambio climático. Esto pone de manifiesto que,

“además de que el presupuesto resulta insuficiente, los programas con mayor asignación de dinero no necesariamente contribuyen efectivamente al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación y de adaptación asumidas por el gobierno de México”.

Para el siguiente ejercicio fiscal, el AT16 identifica los recursos presupuestarios asociados a las metas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que establece una reducción de (364-404 MtCO2e) para 2035. En materia de adaptación, el AT16 incorpora un nuevo eje sobre seguridad y cambio climático, además integra los componentes de pérdidas y daños, política climática transversal (género, derechos humanos, transición justa) y entorno habilitador (financiamiento, tecnología, capacidades).

Sin embargo, su distribución actual destina la mayor parte (83.5%) a acciones de mitigación; (9.65%) a adaptación; (6.43%) para Entorno Habilitador y solo (0.44%) para Pérdidas y Daños. Asignar recursos a pérdidas y daños es necesario para reparar los impactos inevitables que la crisis climática ocasiona y que superan la capacidad de adaptación de las comunidades.

En contraste, sin considerar la transferencia de 81,103 millones de pesos que la Secretaría de Energía realizará en favor de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presupuesto de la empresa pública asciende a 678.7 mil millones de pesos, considerando el gasto programable y el no programable. Este último monto representa el 6.8% del presupuesto total nacional para 2027, una proporción significativamente mayor que la correspondiente al Anexo Transversal 16 que es del 1.5 % del total del presupuesto.

Esta distribución presupuestaria evidencia una discrepancia entre el discurso que el Gobierno de México lleva a espacios internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde ha presentado metas más ambiciosas en materia de mitigación y adaptación, y el esfuerzo presupuestario realmente destinado a garantizar el cumplimiento efectivo de dichas metas, que en la práctica sigue impulsando un modelo energético basado en los combustibles fósiles que profundiza la crisis climática.

Además, persiste la falta de indicadores de cambio climático específicos para las acciones transversales y, tal como en años anteriores, esto genera incertidumbre sobre la contribución real de los recursos etiquetados para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Por ramo presupuestario, los recursos del AT16 se concentran fuertemente en Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (34%), Medio Ambiente y Recursos Naturales (31%), Bienestar (25%) y Pemex (7%).

A diferencia del presupuesto fiscal de 2026, el AT16 para 2027 descartó por completo programas orientados a la igualdad sustantiva y el bienestar de las mujeres, como el P059 y el S319”.

Esta omisión contraviene el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático (PEGDHCC), del 27 de mayo de 2026, que reconoce que la emergencia climática profundiza las desigualdades y que las mujeres, en especial las indígenas, enfrentan mayores vulnerabilidades, pobreza y sobrecarga de labores de cuidado tras eventos extremos.

Aumento marginal en presupuesto para la transición energética

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 propone asignar 20 mil 289 millones de pesos al Anexo Transversal 15 (AT15), Estrategia Nacional de Transición Energética, lo que representa un incremento real de 9.61% respecto de 2026. Sin embargo, este aumento resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis climática y a la necesidad de transformar de manera progresiva, pero acelerada, el sistema energético nacional.

El AT15 tiene como propósito impulsar un sistema energético más eficiente, seguro y sostenible, promover una mayor participación de energías limpias, reducir la intensidad energética y contribuir a la transformación de sectores estratégicos. No obstante, el presupuesto propuesto no refleja la prioridad que debería tener la transición energética como uno de los principales instrumentos de acción frente a la crisis climática.

Con poco más de 20 mil millones de pesos, el AT15 representa apenas 0.36% de los recursos de los anexos transversales y ocupa el penúltimo lugar por monto, únicamente por encima del anexo destinado a la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción”.

Esta posición resulta particularmente preocupante considerando que la transición energética, con la protección de derechos humanos fundamentales, es indispensable para cumplir las metas climáticas de México.

El problema no se limita al monto total. Casi 89% de los recursos del AT15 se concentra en apenas tres programas presupuestarios: infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros (43.26%), infraestructura económica de electricidad (34.76%) y actividades de apoyo administrativo (10.89%). El 11% restante se distribuye entre 68 programas, lo que demuestra su relevancia como instrumento presupuestario; sin embargo, la amplitud del Anexo no debe confundirse con efectividad en el cumplimiento de su propósito.

Esta distribución obliga a cuestionar qué proporción de los recursos contabilizados como transición energética está efectivamente destinada a transformar el sistema energético, reducir emisiones y acelerar una transición justa. La inclusión de programas cuya vinculación con estos objetivos no resulta evidente diluye la finalidad del Anexo.

A ello se suma un problema de planeación, la Estrategia Nacional de Transición Energética (ENTE), que debió emitirse dentro del plazo establecido por la Ley de Planeación y Transición Energética, continúa sin publicarse. El Sexto Transitorio del decreto publicado en marzo de 2025 estableció un plazo máximo de 365 días naturales para su emisión. La ausencia de este instrumento dificulta determinar si los recursos del AT15 responden realmente a una política coherente de transformación del modelo energético o si se trata simplemente de una agregación de programas bajo el concepto de transición energética.

Por ello, no basta con aumentar el presupuesto. Es indispensable que los recursos etiquetados para la transición energética puedan vincularse claramente con acciones que contribuyan a transformar progresivamente el sistema energético, reducir emisiones, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y garantizar una transición justa. La publicación de la ENTE es fundamental para establecer esa ruta y permitir evaluar la congruencia entre la planeación energética y el presupuesto público.

Finalmente, un aspecto especialmente preocupante se relaciona con las acciones de Pemex que serían financiadas con recursos del AT15, que representa el 5% del total del Anexo. El PPEF 2027 plantea impulsar los proyectos de transición energética previstos en el Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex, como parte del fortalecimiento de la infraestructura del sector. Sin embargo, la información pública disponible sobre dicho Plan es todavía de carácter general y muestra que su eje central continúa siendo el fortalecimiento de las actividades de exploración, extracción, procesamiento y aprovechamiento de hidrocarburos, así como de la infraestructura asociada.

Hacia un presupuesto más eficaz y equilibrado

Frente a estas omisiones, brechas y desbalances en la asignación de los recursos para atender el cambio climático, el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México llama al Congreso de la Unión a reorientar la discusión presupuestaria bajo los siguientes ejes:

1. Garantizar la progresividad del gasto público: Atender el principio constitucional e internacional de no regresividad (no menos de montos superiores asignados en presupuestos anteriores) en los recursos asignados a los derechos ambientales y climáticos.

2. Medición y verificación real respecto a la NDC:Asegurar que los programas contribuyan de forma verificable a los objetivos de la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la NDC.

3. Establecer metas e indicadores transversales:Implementar métricas claras por cada acción transversal etiquetada en el AT16, para evaluar su cumplimiento y eficacia.

4. Priorizar programas sustantivos de adaptación:Redistribuir recursos hacia la conservación forestal, la gestión sostenible del agua, protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP), fomento de sistemas productivos sostenibles y la prevención de riesgos y desastres.

5. Transversalizar los enfoques de género y derechos humanos: Garantizar presupuesto para atender las vulnerabilidades diferenciadas y financiar agendas de cuidado e igualdad sustantiva en todo el ciclo de la política climática.

Fuente: Observatorio de crisis climática y presupuesto público en México, Cemda, Wn México, Greenpeace, Fundar, Oceana, Heinrich Boll Stiftung, Engenera y Educación Ambiental.