Hoy, los avances en biogenética y la manipulación del ADN hacen aún más “apetecible” la biodiversidad como fuente de genes, materia prima para la ingeniería genética y las empresas biotecnológicas.
Para los ambientalistas del mundo, esta apropiación de la riqueza biológica y cultural es, en esencia, un robo.
La paradoja es que los productos desarrollados (semillas, por ejemplo) por las grandes compañías, a la postre son vendidas con la restricción legal de usarlos sólo en el periodo establecido en un contrato, so pena de incurrir en un delito.
Esta medida alcanza grandes dimensiones si se considera que en México 85 por ciento de los agricultores no compra semilla; la guarda de su cosecha. Por lo que esta práctica común puede convertirse en un ilícito si esa semilla está patentada.
Ello porque la legislación internacional posibilita estas ironías del mundo globalizado.
El Tratado de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en 1994 por 125 países, reconoce derechos de propiedad intelectual sobre las plantas.
Esto permite a las corporaciones usurpar el conocimiento de la semilla y monopolizarla reclamando que es propiedad privada, apunta Yolanda Massieu, investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, y Francisco Chapela, consultor agropecuario de Estudios Rurales y Asesoría Campesina.
Por si fuera poco, la laxitud de la legislación estadounidense facilita a las compañías patentar productos, mediante el precepto “arte previo”, el cual reconoce “descubrimientos” realizados en Estados Unidos sin importar que éstos existan o se utilicen en otros países.
Biopiratería marca-registrada
Los ejemplos de biopiratería abundan, varios están relacionados con la producción de alimentos y usos medicinales:
La empresa estadounidense Rice Tec reclama la patente del arroz basmati de la India.
La soya, que evolucionó en Asia Oriental, ha sido patentada por Calgene —hoy propiedad de Monsanto—, lo mismo que la mostaza, un cultivo de origen indio.
En la década de los cuarenta, los laboratorios Syntex iniciaron la explotación del barbasco (Dioscorea composita Hemsl.) en México, que contiene diosgenina, sustancia para desarrollar anticonceptivos. Durante 20 años tuvieron ganancias superiores a los 100 millones de dólares mensuales; nunca llegó un dólar a los indígenas de Veracruz que descubrieron el producto.
El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos extrajo el Taxol de plantas de Ecuador, que se usa en quimioterapia para atender casos de leucemia. En 1991 el gobierno estadounidense dio a Bristol-Myers Squibb el derecho exclusivo de vender esta medicina por cinco años.
Robo biológico y cultural
Érick Estrada Lugo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional (Solamenat), quien durante años ha investigado las propiedades de las plantas medicinales, expresa que la biopiratería ha sido “el pan de cada día” en toda la historia de la medicina. En muchos países de América Latina las transnacionales han considerado natural y normal buscar cualquier planta útil para industrializarla, sin retribuir un solo dólar a las comunidades de donde han sacado el conocimiento.
Por más de diez mil años los agricultores del mundo han obtenido múltiples variedades de cultivos; los indios desarrollaron las del arroz; los andinos más de tres mil tipos de papa; en Papua-Nueva Guinea se cultivan más de cinco mil especies de papas dulces y en México una gran variedad de maíces criollos.
“Siglos de innovación colectiva de los agricultores están siendo robados conforme las compañías multinacionales reclaman derechos de propiedad intelectual sobre las plantas”, subrayan Yolanda Massieu y Francisco Chapela.
Atentado contra diversidad
Otra crítica que se hace a las compañías biotecnológicas es que producen plantas genéticamente uniformes, lo cual afecta la diversidad genética, necesaria para la seguridad alimentaria de la humanidad.
El problema es que las corporaciones, que tienen en sus manos bancos de genes, responden sólo a intereses comerciales.
En este escenario, los agricultores están siendo empujados a depender de la industria de semillas, ya que sus variedades no están registradas por los costos que este proceso representa.
Hay empresas que han demandado a productores agrícolas que se atrevieron a resembrar con semillas patentadas o que, incluso, han dejado de vender sus variedades —sobre todo de flores— porque los agricultores las reproducen libremente.
En México no hay leyes específicas para regular el acceso a la biodiversidad —la Ley de Variedades Vegetales data de 1996—, así que en muchos casos este acceso es muy fácil para los intereses privados y las comunidades locales ni siquiera son informadas.
Los especialistas consideran que la manera más eficaz de contrarrestar a la biopiratería es el reconocimiento y protección legal de los derechos del agricultor, como lo establece el Convenio de la Diversidad Biológica, firmado por los gobiernos del mundo en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
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El maíz, ¿de Dupont?
A mediados de 2001, Dupont obtuvo de la Oficina Europea de Patentes (OEP) un registro sobre una variedad de maíz con alto contenido de aceite y ácido oleico (Optium HOC/HO), con propiedades similares a los maíces criollos que se producen en México, por lo que los productores mexicanos podrían ser obligados a pagar regalías por especies que ya cultivaban.
La patente fue objeto de dos solicitudes de revocación: una del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la Sagarpa y otra fue solicitada conjuntamente por Greenpeace y la organización Misereor, con sede en Alemania. El 12 de febrero de 2003 la OEP revocó la patente.
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Frijol amarillo
En 1994, Larry Proctor compró una bolsa de semilla comercial de frijol amarillo en México y la llevó a Estados Unidos, donde obtuvo semilla, que después de dos años patentó como variedad Enola y obtuvo exclusividad en comercialización o uso de cualquier variedad con estas particularidades.
En 1999, la empresa de Proctor, POD-NERS, inició una demanda legal contra dos compañías que vendían frijol amarillo mexicano en territorio estadounidense.
El gobierno de México anunció en enero de 2000 que impugnaría la patente. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (INIFAP) realizó pruebas de ADN de los frijoles patentados por POD-NERS y demostró que eran genéticamente idénticos a la variedad mexicana “Azufrado”.
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Contrato UNAM-Diversa
En 1999 se conoció la existencia de un contrato firmado un año antes entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la firma estadounidense productora de enzimas Diversa, con el cual esta última tendría acceso a todos los microorganismos que la UNAM —por conducto de su Instituto de Biotecnología— colectara en ecosistemas mexicanos y a la búsqueda de componentes nucleicos de interés industrial con la posibilidad de explotarlos comercialmente.
Organizaciones civiles demandaron legalmente a la UNAM ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y exigieron detener el contrato. En diciembre de 2000, el organismo reconoció diversas irregularidades en el convenio y fue cancelado.
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Plantas medicinales de Chiapas
Desde 1998, la compañía biotecnológica inglesa Molecular Nature Limited, la Universidad de Georgia y EcoSur (Colegio de la Frontera Sur) habían sustraído hierbas medicinales de los Altos de Chiapas, denunció la OMIECh (Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas), una institución de médicos tradicionales, en febrero de 2000.
El proyecto planteaba identificar dos mil componentes únicos de las plantas, que serían químicamente identificados por Molecular Nature Limited y copias de las muestras colectadas serían almacenadas en la Universidad de Georgia-Athens.
La OMIECh, que había sido invitada a participar, rechazó la propuesta por considerar que los beneficios del proyecto no beneficiarían a su comunidad. En octubre de 2002, la Secretaría de Medio Ambiente negó el permiso.
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Negocio millonario
Los genes derivados de las semillas colectadas dieron a Estados Unidos beneficios económicos cuantiosos en 1990:
– Una variedad turca de trigo dotó de genes resistentes al hongo rayado a variedades estadounidenses. Contribución estimada en 50 millones de dólares al año.
– La variedad india dio al sorgo resistencia al escarabajo verde. Los beneficios sumaron 12 millones de dólares al año.
– Un gen de Etiopía protege a la avena estadounidense del virus del enanismo amarillo (Barley yellow dwarf virus, BYDV). Un beneficio de 150 millones de dólares anuales.
– Genes peruanos en el jitomate estadounidense para inducir mayor contenido sólido, aumentaron las ganancias de la industria en cinco millones de dólares anuales.
– Nuevas variedades de soya desarrolladas por la Universidad de Illinois, usando germoplasma de Corea, ahorraron a la agricultura estadounidense entre 100 y 500 millones de dólares anuales en el procesamiento (Publicado en La Revista de El Universal).
