La situación es “eminentemente crítica” y se deriva de dos fenómenos extraordinarios: la sobrevaluación del mercado de granos que nos pegó a los porcicultores en 40 o 50 por ciento, dado que el costo de éstos en la producción de kilo de cerdo es casi 60 por ciento, expone Enrique Domínguez Lucero.
El director general de la Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM) agrega que el problema estructural lo tenemos por una sobresaturación de carne importada, que no necesariamente cumple las normas de calidad, es de dudosa calidad y más barata.
El volumen total de importación que registra aduanas es de 550 mil toneladas, de las cuales entre 35 y 40 por ciento son de dudosa calidad, indica Domínguez Lucero.
La apertura discriminada —añade— ha dado juego a comercializadores que lastiman seriamente a la porcicultura y han venido sofocando desde hace 10 o 12 años esta actividad, de tal manera que ahora nuestro nivel de dependencia alimentaria en carne de cerdo supera 50 por ciento.
El directivo de la CPM detalló que, por ejemplo, la espaldilla entra al país a casi la tercera parte del valor comercial, la pierna a la mitad y las vísceras hasta una cuarta parte. Las importaciones proceden en un 80 por ciento de Estados Unidos, un 12 por ciento de Canadá y el resto de Chile.
Según un análisis del CPM, “el incremento del precio de los granos y, principalmente, la reducción permanente en el precio del ganado porcino en pie, ha llevado a la porcicultura nacional en estos últimos meses a una situación de crisis que se agudiza cada vez más”.
El precio de los granos —destaca— se ha estabilizado en 2,400 pesos por tonelada, lo que implica 36 por ciento más en el costo total de producción, por lo que el cerdo en pie debería tener un costo de 17 pesos por kilo y se ubica en 12 pesos.
Derivado de este escenario, en las granjas porcícolas —afirma Enrique Domínguez— ha habido una compactación de empresas, cierre de las mismas, pérdidas y una descapitalización gradual. El rezago que traíamos desde 1992 se ha ampliado y el nivel de competitividad ha acotado el desarrollo de la actividad.
Los porcicultores, destaca, hemos buscado apoyo del gobierno para compensar esta descarga; primero en lo que se refiere a aprovisionamiento de granos y apoyos para tratar de reducir ese impacto por medio de Sagarpa, dependencia que ha sido receptiva al aplicar una serie de programas de manera reciente —aunque se habían planteado desde diciembre pasado—, y que empiezan a llegar al sector.
Donde no hemos tenido mucho éxito es en tratar de frenar un poco las importaciones. Desde hace unos meses se solicitó, con apoyo de Sagarpa, a la Secretaría de Economía la puesta en marcha de una salvaguarda especial, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, ya que en esa dependencia los funcionarios consideran que no es procedente; en tanto la opinión de abogados, incluso del gobierno, indica lo contrario. También nos ha sorprendido que Economía, no obstante tres exhortos de la Cámara de Diputados y el Senado, no haya procedido a tomar las medidas pertinentes.
El Senado exhortó a los titulares de las secretarías de Agricultura, de Hacienda y de Economía a “implementar las medidas necesarias para salvaguardar la producción porcícola de México, ante la situación de emergencia que vive este sector”.
En especial recomendó a la Secretaría de Economía establecer una salvaguarda “que permita equilibrar la producción nacional, ante las prácticas desleales de la producción internacional”.
Incluso, la Secretaría de Hacienda, donde menos los esperábamos, puso en marcha un operativo en aduanas para carne de cerdo “y a ver si tenemos resultados positivos”, expone Domínguez Lucero.
El directivo apunta que el nivel de productividad medio en México está por encima del de Norteamérica, pero el problema es el costo país, lo cual significa que pagamos un grano 35 o 40 dólares más que en Estados Unidos, y cuatro veces la tasa de crédito, además de que no somos sujetos de crédito por la falta de rentabilidad.
Las salidas
En el largo plazo lo deseable es buscar la forma de equilibrar esta manera que determinó México de fijar precios de mercado, no creemos que sea lo más razonable y que sólo una región tenga una situación de mayores precios y de ahí tengamos que moverlos y pagar con un gran sacrificio fiscal; debemos buscar la forma de compensarlo.
Los programas de apoyo a los rastros TIF buscan compensar ese monto, con un apoyo de 100 pesos por animal, pero sólo va a porcicultores que están integrados a rastros de este tipo —45 por ciento—, por lo que tenemos que buscar la forma de ampliarlo al resto o buscar dentro de un plazo perentorio apoyo a infraestructura para tener rastros con este sello, donde el cerdo que entre a canal de comercialización tenga esa opción, lo que representaría una ventaja para el consumidor final.
Los datos oficiales refieren que hay una producción de un millón 100 mil toneladas de carne de cerdo, incluyendo traspatio, más de 520 mil toneladas de importación y el consumo per cápita es de 16.5 kilos. La demanda ha crecido, pero mucho más en razón del nivel de importaciones.
Enrique Domínguez señala que la resistencia del sector porcícola se está agotando, “cada día somos más dependientes, importamos más y no quisiéramos seguir el camino de arroz, donde 85 por ciento se importa; si no revisamos esta situación y fortalecemos el sector seguiremos ese camino”.
