Puntualizan que no se aceptará el maíz genéticamente modificado destinado para la elaboración de productos industriales y farmacéuticos, pues las modificaciones “pueden impedir o limitar el uso de nuevos productos como alimento”.
Sagarpa será responsable de verificar que las zonas de experimentación tengan la infraestructura y medidas de seguridad necesarias y los solicitantes cuenten con el personal capacitado para realizar pruebas con el grano genéticamente modificado. También hará la comparación de los materiales genéticamente modificados con las variedades y razas de maíz tradicionales.
En esta versión del documento, que en breve será publicado en el Diario Oficial, Sagarpa y Semarnat asientan que los lineamientos jurídicos se apegan al Protocolo de Cartagena, el cual obliga a los países que lo suscribieron –incluido México– a diseñar e implantar una política de bioseguridad acorde con el régimen internacional en la materia.
Reconocen que las comunidades rurales e indígenas han preservado la diversidad de variedades criollas y mejoradas del maíz, así como sus parientes silvestres que representan un legado para la humanidad. “El maíz es base de la alimentación de los mexicanos, un bien comercial y constituye parte fundamental de la cultura, por lo que la conservación y protección de sus variedades es una prioridad nacional”, destacan.
Aseguran que evaluarán caso por caso los experimentos aprobados, pues toda innovación debe someterse a dicho procedimiento “tanto por los beneficios que potencialmente puede conferir como por los riesgos que puede involucrar su uso, sobre todo en México, centro de origen y diversidad genética del maíz”.
El Estado, agregan, promoverá, generará y apoyará instrumentos económicos y de mercado que permitan desarrollar, mantener y proteger la producción de maíz destinada a “resolver necesidades específicas del país”, y que beneficien directamente a productores; pero “las políticas de protección al grano y la evaluación de tecnologías aplicables para el desarrollo de la actividad agrícola debe armonizarse con las políticas de conservación y protección de la riqueza biológica” del país.
Las disposiciones jurídicas están plasmadas en seis capítulos y 17 artículos en los que se establecen las disposiciones generales, normas de seguridad, mecanismos de inspección y vigilancia, medidas de control y cuatro artículos transitorios, uno de los cuales asienta que el acuerdo se podrá modificar o revisar conforme se genere y actualice la información científica y técnica.
Trascendió que los experimentos se efectuarán en 14 entidades, entre ellas Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Nuevo León, y que las disposiciones complementarias que formarán parte del régimen de protección especial de maíz, a cargo de la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como las políticas públicas para la protección, utilización, desarrollo y aprovechamiento sustentable de las especies de las que México es centro de origen o de diversidad genética, estarán listas a más tardar en marzo de 2009.
Fuente: La Jornada
