En su opinión, nunca antes, México se había visto en el parteaguas de disponer tan favorablemente, de los factores concurrentes al desarrollo sustentable del medio rural, por lo cual dijo que la Procuraduría trabaja mediante la ejecución de cuatro ejes básicos: Procuración de justicia agraria, Apoyo al ordenamiento de la propiedad rural, Asesoría jurídica para la organización agraria básica y Asesoría jurídica en procesos económicos.Así, orienta al campesinado para que tenga sus documentos en regla; asesora y participa en: expropiaciones, la celebración de asambleas para la autorización del dominio pleno en las áreas parceladas; los cambios de destino de las tierras de los núcleos agrarios; la incorporación de tierras al régimen ejidal; y en la división, fusión y constitución de ejidos vigilando que se cumpla normatividad aplicable. Además informa sobre los instrumentos, procesos de expropiación, la forma de adoptar dominios plenos para sacar superficie de tierra ejidal, trasladarla a propiedad privada y poder hacer obras que beneficien el desarrollo de la ciudad; y la creación de sociedades inmobiliarias, para que la propiedad ejidal, de la zona común, pase a ser parte de esa inmobiliaria bajo el régimen de pequeña propiedad. Durante su participación en la VI Reunión de magistrados de los Tribunales Agrarios, el funcionario destacó que la Procuraduría Agraria tiene la obligación de capacitar a los núcleos agrarios, de organizarlos, estar al pendiente de sus asambleas, de sus cambios de órganos de representación, de vigilar este proceso para no caer en problemas de años pasados como el que sea sólo uno quien dirige y se eterniza en el cargo. En cuanto a la Asesoría Jurídica en Procesos Económicos implementa el programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural, (FIPP), que atiende solicitudes que van desde una hectárea de tierra para poner un invernadero o un parque de recreación, hasta 80 mil hectáreas para llevar a cabo proyectos de desarrollo. El FIPP opera de común acuerdo con el dueño de la tierra, con base en la seguridad de que el ejido está debidamente regularizado, certificado, que no tiene problemas con ninguna otra propiedad y que sus documentos están debidamente inscritos.
