Refirió que las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, deben acatar la Ley de Bioseguridad y concluir con un sistema de salvaguardas de bioseguridad en México, antes de autorizar cualquier siembra transgénica.
Indicó que el reglamento se centra en dar respuesta a las empresas transnacionales en torno a los trámites y requisitos para las solicitudes de siembra de sus semillas transgénicas.
Deja en manos de la industria biotecnológica la determinación de las medidas de evaluación, monitoreo y control de los posibles riesgos en la salud humana, al medio ambiente y la diversidad biológica, cuando esta es una obligación de los gobiernos, de acuerdo al Principio Precautorio del Protocolo de Cartagena, del cual México es signatario.
El gobierno mexicano, con este reglamento, deja al arbitrio de las empresas, lo que se entiende por medidas de bioseguridad, sin fijar estándares y sin determinar centros de origen y diversidad genética, así como el establecimiento de un régimen de protección especial al maíz, señaló la organización.
Indicó que la Ley de Bioseguridad estipula en su artículo 2 fracción XI, la creación de un régimen de protección especial del maíz, y ordena que se determinen las bases para el establecimiento, caso por caso, de los cultivos de los cuales México es centro de origen. Sin embargo, el Reglamento lo deja para su posterior regulación y da como plazo 60 días siguientes a su entrada en vigor.
De acuerdo con el Reglamento, la Semarnat y la Sagarpa deberán emitir las disposiciones de bioseguridad que conformen el régimen de protección especial. Sin estas disposiciones no se puede proceder a la autorización de las siembras de maíz transgénico.
