La pugna entre organizaciones campesinas, gobierno federal y legisladores de diversas fracciones parlamentarias sobre las reglas de operación del Presupuesto Especial Concurrente (PEC) 2008, tienen un fundamento: las acciones que se buscaron con la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a través del PEC no están dando los resultados esperados.Y es que en el análisis “Acercamiento al Ejercicio del Presupuesto Especial Concurrente 2006-2008”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) sobre el ejercicio presupuestal del 2006, se pudo constatar que la mayoría de los programas del PEC presentan coberturas muy bajas respecto a su población objetivo a atender. Su diseño, “provoca dispersión de la acción gubernamental; disminuye la concurrencia y los posibles impactos en el desarrollo de las zonas rurales”.De acuerdo con el estudio: “Impacto de las políticas públicas en el desarrollo rural”, los programas de mayor alcance fueron, Oportunidades (ayudó 5 millones de familias y prácticamente a todos los hogares que viven en municipios de alta y muy alta marginación); Fomento Productivo Café (apoyó a ocho de cada diez productores de este cultivo) y Procampo (atendió a seis de cada diez Unidades Agrícolas). Esto gracias a que cuentan con un padrón de beneficiados específico y claramente definido. Los programas dirigidos a poblaciones específicas cuentan con las coberturas más bajas, en gran parte por los bajos presupuestos asignados. Por ejemplo, los de pesca atienden sólo al 13.4 por ciento de los productores dedicados a esta actividad; el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad atiende al 1.8 por ciento de los productores organizados; el Programa de Jornaleros Agrícolas al 14.4 por ciento de este sector y los Fondos Regionales Indígenas al 1.0 por ciento de la población económicamente activa de los municipios indígenas.En su análisis, el CEDRSSA señala que muchos de los programas (especialmente los que tienen que ver con actividades productivas) no llegan a las zonas rurales marginadas, por el contrario, los programas de mayor penetración y cobertura en el campo son los de la vertiente social.Programas de Sagarpa atienden a productores capitalizadosDe los 16 programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que fueron analizados, se obtuvo que en mil 741 municipios donde la población rural es mayor que la urbana se encontró el 57.6 por ciento de los beneficiarios y se ejerció el 48.8 por ciento del presupuesto, cuando en dichos municipios se concentra el 68.3 por ciento de las unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal.Además, el estudio señala que, los programas de la Sagarpa presentan comportamientos diferenciados pues mientras los programas Fomento Productivo Café, PAPIR, PIASRE, Procampo y PROGAN, cubrieron a más beneficiados y ejercieron los montos mayores en los municipios rurales; los de Competitividad, Inversión y Capitalización, Energía eléctrica, Investigación y Transferencia así como Sistema Producto destinaron la mayor parte de sus recursos a municipios donde predomina la población urbana y hay menos unidades de producción agropecuaria.Sumando al número de beneficiarios y los montos ejercidos en 2006 por la Secretaría de Agricultura, en trece de sus programas (sin contar al Procampo), se obtuvo que 63.5 por ciento de los beneficiarios viven en municipios de alta y muy alta marginación, aunque reciben sólo el 40.8 por ciento del presupuesto. En contraste, en municipios de baja y muy baja marginalidad viven el 19.6 por ciento de los beneficiarios quienes recibieron el 25.6 por ciento del presupuesto.En Procampo, poco más de la mitad de sus beneficiarios se localizan en los municipios más pobres del país pero sólo reciben el 33 por ciento de los recursos que otorga el programa, debido a que los productores de estas regiones marginadas cuentan con predios habilitados más pequeños que en el resto del país.Por otra parte, el análisis indica que de los tres programas de apoyo productivo con los que cuenta el sector agrario, únicamente el 60 por ciento de los montos ejercidos se destinaron a los municipios rurales -donde se concentran dos de cada tres ejidatarios y comuneros-, en tanto que el 40 por ciento restante se otorgó en municipios donde predomina la población urbana.El dinero no alcanza para todosEl documento, “Acercamiento al Ejercicio del Presupuesto Especial Concurrente 2006-2008”, señala que si bien el presupuesto para el sector se ha incrementado en los últimos años, los recursos destinados son insuficientes para resolver todos los problemas del campo, por lo que es importante redireccionar los recursos a la población más pobre.En sus páginas, acota que sería momento de reflexionar sobre la conveniencia de la reducción de los programas que se presentaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Puesto que la reducción de programas del PEC obligaría al conjunto de los actores rurales (gobierno federal y estatal, Congreso de la unión, Organizaciones de productores y campesinas y agentes rurales) a definir con mayor claridad los ejes de la política de desarrollo rural y sobre esta base definir la estructura programática para el sector rural.
