La pugna ha llegado a tal grado que algunos miembros de PRI colocan el tema “en este momento” por encima de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reclaman reglas de operación “justas” para los programas agrícolas y han desconocido como interlocutor al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, de quien incluso piden su renuncia.El funcionario federal ha insistido en que las reglas garantizan una mayor transparencia en el uso de los recursos para el agro y que ahora sí llegarán a los más pobres del país, desvinculando su entrega de preferencias electorales. Además, ha dicho, las decisiones de inversión se tomarán con base en las opiniones de los consejos para el desarrollo rural sustentable y que con la focalización de los recursos se evitan duplicidades en las políticas públicas y se establece un orden en las prioridades que deben ser atendidas.Otra de sus “bondades” es la mayor eficiencia en el gasto, ya que se establecen de acuerdo a los plazos y términos previstos en el PEC 2008, un mejor ejercicio del presupuesto federal con el fin de evitar subejercicios.”Estas reglas están pensadas en los productores, son más sencillas y claras, ponderan la planeación y la transparencia, simplifican los trámites, reducen plazos y agilizan la entrega de recursos”, destaca Cárdenas Jiménez.En contraposición, las propias organizaciones campesinas y algunos gobernadores estatales consideran que las reglas -- publicadas el 31 de diciembre del año pasado-- busca un control absoluto del presupuesto con fines electorales, además que son centralistas, por lo que van en contra del federalismo. Dirigentes campesinos aseguran que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Desarrollo Social (Sedesol) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violaron un acuerdo tomado en el Consejo Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en el sentido de que las reglas de operación serían discutidas y consensuadas en este órgano para luego pasar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y su publicación. Víctor Suárez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), asevera que detrás de las reglas de operación está la intencionalidad de manejar el presupuesto para el campo de manera discrecional, centralizada y clientelar para fines político-electorales del gobierno federal, por eso consideró que Alberto Cárdenas se niega a dialogar, revisarlas y acordarlas. Indicó que la estructura de presupuesto para el campo debe privilegiar la canalización de recursos para pequeños y medianos productores, ya que de los 15 mil millones de pesos del Procampo, 35 por ciento se canaliza a sólo 5 por ciento de productores y los 9 mil millones de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) se concentran en no más de 50 mil productores ricos y unas 25 grandes empresas. Lo mismo, dijo, ocurre con la Alianza para el Campo.Planteó que unas nuevas reglas deben condicionar que 85 por ciento de cada peso de subsidio se canalice a pequeños y medianos agricultores y población de alta y muy alta marginación, además de establecer un presupuesto para proyectos de inversión estratégica y productiva.La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) también apuntó en su momento que las reglas de operación de la Sagarpa tenían una visión centralista en casi todos los programas y aniquilaban años de avance gradual en la federalización. Según el secretario de Agricultura los escollos se han ido superando y se debía a una interpretación equivocada de este instrumento jurídico. Jaime Yesaki Cavazos, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), afirmó que las reglas de operación no fueron consensuadas de manera completa y son de difícil acceso y hay una inconformidad en muchos sectores por su elaboración. También el CNA hizo observaciones sobre la estratificación de algunos apoyos para proyectos productivos dirigidos a zonas de alta marginación, donde no los hay, por lo que previó un subejercicio presupuestal en este rubro. El frente priistaAnte el rumbo que ha tomado la discusión, los legisladores del PRI acordaron que en el siguiente periodo de sesiones, presentarán una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que el Ejecutivo no sólo envíe a la Cámara de Diputados la iniciativa de presupuesto, sino también las reglas de operación.En la reunión del Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural del PRI, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, expresó que Cárdenas Jiménez mantiene una “actitud excepcionalmente concentradora de las decisiones en el manejo de los recursos aprobados por los legisladores” y eso es lo que mantiene en tensión a las organizaciones con el gobierno federal.Consideró que el titular de la Sagarpa pretende manejar de manera arbitraria las reglas de operación y los 60 mil millones de pesos que le corresponden del PEC, cuando los créditos a los campesinos que debieron haber sido entregados en marzo de 2007 apenas están llegando en enero de 2008.El senador Heladio Ramírez López, anotó que los cenecistas plantean la revisión de los mecanismos con los que se dictan las reglas de operación para el campo, que se han constituido en el “principal instrumento de freno” al ejercicio de los presupuestos aprobados por los legisladores. Ante este escenario, la fracción parlamentaria del PRI solicitará una reunión con el presidente Felipe Calderón Hinojosa para exponerle la problemática del campo y someter a consideración el relevo del titular de la Secretaría de Agricultura. Las reglas seguirán siendo tema de discusión, sobre todo ahora que arriba la marcha campesina hacia la Ciudad de México.
