Por ejemplo, de las 31 solicitudes que se presentaron ante la Sagarpa para realizar siembras experimentales con maíz transgénico, ninguna es mexicana, por lo que aparecen sólo firmas como Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto.La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) reconoció que la legislación resulta bastante “tortuosa” para las instituciones nacionales, por lo que trabajará con éstos para pasar esa barrera.Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo del organismo, informó que éste cuenta con un fondo de 30 millones de pesos que podrían ayudar a financiar dos proyectos con OGM. Detalló que sólo para maíz transgénico, un proyecto tiene un costo promedio de un millón de dólares.Sol Ortiz García, directora de área de la Secretaría Ejecutiva de Cibiogem, expuso que a partir de la creación de esta legislación –publicada el 18 de marzo del 2005— las solicitudes relacionadas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de parte de instituciones como Cinvestav, Cimmyt e INIFAP, ha sido nula.Esto es muy sintomático, porque la ley es muy restrictiva, recalcó la especialista.La parte regulatoria –subrayó-- en materia de OGM se ha convertido en una barrera para instituciones de investigación pública, que deben pasar 115 requisitos, que sólo pueden cumplir empresas que tienen más recursos.Los expertos consideraron necesario que las instituciones nacionales puedan experimentar con esta tecnología y empezar a resolver problemas que son propios del país.
