Organizaciones agrupadas en la campaña Sin maíz no hay país señalaron que Semarnat y Sagarpa incurren en violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); mientras que el gobierno federal y representante de empresas en pro del uso de esta tecnología afirman que todo se ha hecho conforme lo marca la legislación.Al referirse a los permisos han sido otorgados a empresas como Monsanto Comercial y Dow AgroScience/PHI México, en los estados de Tamaulipas, Sonora, y Sinaloa, Campaña nacional sin maíz no hay país no hay país anotaron que “es incomprensible que el gobierno federal haya decidido atender las solicitudes de un par de corporaciones antes que el interés público expresado en los siete mil comentarios presentados ante la COFEMER en 2008 y los comentarios vertidos este año a las solicitudes demandando el rechazo a dichas solicitudes; además, de las opiniones fundamentadas de cerca de mil científicos de México y todo el mundo que aportan los elementos suficientes (Art. 34 de la LBOGM) para rechazar dichos permisos”.Catherine Marielle, integrante del movimiento, acusó a las autoridades de ocultar los oficios de estos permisos, “imposibilitando que los productores agrícolas que serán afectados actúen legalmente en defensa de sus derechos, dado que no hay actos de autoridad que puedan ser cuestionados. A pesar de que ofrecieron brindar esa información por internet, hasta el momento estos datos no se han hecho públicos”.En tanto, Adelita San Vicente, integrante de la Campaña nacional sin maíz no hay país, expuso que “el Ejecutivo cree que puede violar impunemente la ley, pues al publicar el Reglamento de la Ley de Bioseguridad estableció regulaciones que van por encima de la Ley; debido a este acto ilegal del Ejecutivo la Suprema Corte de Justicia admitió una controversia constitucional presentada por el municipio de Tepoztlán. El Congreso no puede permitir que el Ejecutivo pretenda modificar las leyes mediante los reglamentos, lo que fue votado en las Cámaras como Ley no puede modificarse por el Ejecutivo”.Anotó que el secretario del Medio Ambiente, “ha aceptado cambiar el invaluable patrimonio genético de los maíces mexicanos por espejitos, vagas promesas de inversiones de Monsanto y Dow Agrosciences, que han demostrado ser un fracaso para elevar rendimientos, aumentar la competitividad, proteger el medio ambiente y salvaguardar los derechos de los agricultores en todo el mundo”.Las empresas que promotoras de maíz transgénico han señalado que este cultivo es una alternativa para garantizar la alimentación de loa mexicanos, que es una de las tecnologías más fiscalizadas en la historia, que no implica riesgos para el consumo humano ni para el medio ambiente y que quienes se oponen a ella lo hacen sin bases científicas.