Los expertos sugieren dos cambios específicos y fundamentales al Procampo. El primero es mantener el programa como un apoyo directo al ingreso pero atado al cumplimiento de ciertos objetivos y acciones agroambientales, lo que en la experiencia de la Unión Europea se conoce como ecocondicionalidad.Los investigadores del CIESTAAM, de la Uach, Dante Ariel Ayala Ortiz, Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz, en un amplio estudio proponen dividir el presupuesto del programa en dos fondos separados: uno, que podría representar las dos terceras partes del actual techo presupuestal del Procampo, destinado a aquellos productores que no generan excedentes para el mercado y poseen como máximo cinco hectáreas de superficie (unidades de subsistencia).El segundo fondo (la tercera parte restante del presupuesto Procampo) podría reasignarse al Programa de apoyos directos al productor para fortalecer el esquema de ingreso-objetivo de las unidades productoras comerciales cuyos pagos prevalezcan condicionados al cumplimiento de medidas de ecocondicionalidad, agregan.Los expertos añaden que las unidades de subsistencia frecuentemente no usan insumos agroquímicos (que afectan negativamente el ambiente), ni emplean fuerza mecánica para la labranza (usando en su lugar fuerza animal, que tiene un menor impacto sobre el suelo), y además comúnmente usan sólo semillas tradicionales (principalmente maíz criollo) en lugar de semillas mejoradas o genéticamente modificadas (que además de requerir altos insumos agroquímicos reducen el pool genético de esta planta) por lo que puede considerarse que en principio tendrían la ventaja porque ya cumplen con algunas acciones agroambientales, facilitándoles la sucesiva adopción de otras medidas.Además deben reconocerse y compensar a estos productores por su contribución al mantenimiento del campo mexicano, incluyendo sus valores naturales, culturales y sociales.Los especialistas proponen cuatro acciones para la implementación del esquema agroambiental para las unidades de subsistencia: a) promover la conservación del suelo; b) limitar y controlar los sistemas de roza-tumba y quema; c) aplicar el descanso de tierras (si es que no hay rotación de cultivos) y, d) proteger variedades de plantas locales. Algunas prácticas se aplican en este caso, pero es necesario remover otras como la tradicional roza-tumba y quema que con frecuencia es fuente de incendios forestales cuando no es practicada adecuadamente o en los casos en los que no se inserta en un contexto más amplio de manejo integral de recursos.La más importante de las acciones mencionadas sería la protección de las variedades locales. Sin embargo, considerando su contribución a la conservación del maíz, esta acción debería ser prioritariamente apoyada a través del Procampo condicionando el pago al uso de semillas criollas desde una perspectiva de multifuncionalidad.Esquema para las unidades comercialesSi el sector de subsistencia es importante en términos del número de unidades y población que lo compone, el subsector comercial es de igual modo relevante en términos de seguridad alimentaria, exportaciones y empleo rural.Desde la perspectiva de los estudiosos de la Uach, el subsector agrícola comercial dejaría de recibir el apoyo Procampo como tal pero continuaría recibiendo parte de ese fondo a través de una reasignación de recursos hacia la bolsa del Programa de Apoyos Directos al Productor Excedentario. Así los productores comerciales serían apoyados tanto con este programa como con la Alianza para el Campo, condicionando ambos programas al cumplimiento de ciertos objetivos ambientales.En estos programas, los pagos estarían vinculados al grado de cumplimiento en puntos básicos como la conservación del suelo con el control directo de la erosión y prácticas de buen manejo de tierra particularmente en áreas de temporal o con hacer la labranza siguiendo el contorno de las curvas topográficas de nivel. En relación con la degradación del agua los pagos pueden estar ligados a la protección del subsuelo contra la contaminación orgánica o agroquímica y la prevención de entrada directa de fertilizantes en los cursos de agua por escorrentía. El cumplimiento en la conservación de suelo requiere de la aplicación de inversión en sistemas específicos y aprobados; la labranza de conservación demanda una significativa inversión de capital; el terraceo también requiere una cierta suma decapital al inicio.De aquí que los investigadores refieren que es posible usar los recursos de la Alianza para el Campo para financiar algunas de estas acciones. Asimismo, los fondos también pueden ser destinados al mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para evitar las pérdidas de agua en los sistemas de irrigación y en general para hacer un mejor uso del agua.Del mismo modo, el Programa de Apoyos Directos al Productor (ingreso-objetivo) estaría atado al manejo general de la unidad agrícola cuyo plan debería: a) prevenir la erosión del suelo optimizando la superficie de escorrentía;b) monitorear la cantidad de algunos nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio por ejemplo); c) hacer más eficiente el uso de fertilizantes y abonosa través de la elección racional del tiempo de fertilizado y los métodos de aplicación; y d) reducir la contaminación del agua y su agotamiento.EcocondicionalidadEl estudio explica que la ecocondicionalidad es un instrumento de política pública que supedita la entrega de incentivos (pagos o subsidios) al cumplimiento cruzado (cross-compliance) de ciertos objetivos de tipo ambiental.La ecocondicionalidad implica la producción de externalidades positivas, como servicios ambientales y sociales que, por su naturaleza, son difíciles de medir y cuantificar; puede ser vista como un producto a largo plazo que garantizará la preservación para futuras generaciones de la dotación de recursos naturales y agrícolas, por ejemplo, tierra, agua, biodiversidad, etcétera.La investigación reconoce algunas dificultades para aplicar el concepto, pero afirman que en México es posible instalar una estrategia de ecocondicionalidad, basándose en la experiencia de la Unión Europea, aprovechando los programas y fondos agrícolas ya presentes en el escenario mexicano desde una perspectiva muy estrechamente ligada a las características culturales, ambientales, históricas y presupuestales de este país.La estructura de la política agrícola en nuestro país –agregan-- permite incorporar medidas agroambientales en su estrategia considerando que ya se están aplicando diferentes programas de pagos directos, los cuales son los más adecuados para el principio de ecocondicionalidad, según sugiere la OECD y permite la OMC.Un paso clave –puntualizan-- es el establecimiento de un Código de Prácticas Agrícolas Sustentables para México que contenga las acciones básicas y los requerimientos mínimos para mejorar el desempeño de la agricultura con respecto al ambiente, mas no deben dejar de considerarse los posibles costos que ello podría suponer en términos de extensionismo y verificación del cumplimiento de los criterios del código.La experiencia de la Unión Europea demuestra que es útil crear un fondo separado para el financiamiento de objetivos y programas agroambientales y rurales; en los países en desarrollo una de las mayores restricciones no es técnica ni administrativa, sino presupuestaria.La propuesta plantea reasignar el gasto público agrícola hacia nuevos esquemas de participación que den un mayor incentivo, no bajo criterios de superficie o tamaño de la unidad productiva sino en términos de la generación de bienes públicos y externalidades múltiples o por la aplicación de prácticas agrícolas ambiental y socialmente amigables.La adopción de un nuevo programa o medidas de política impone al menos tres retos: el diseño de las reglas, el establecimiento de los procedimientos para su observancia y la operación de las sanciones ante su violación. Sobre este último punto, en México se han tenido experiencias desafortunadas de mala operación de las políticas públicas plagadas de ineficiencia y corrupción, en un contexto de desestructuración y deterioro institucional, por lo que adicionalmente se requieren esfuerzos especiales para superar tales deficiencias.Los investigadores hacen énfasis en los graves problemas ambientales en agricultura mexicana, los cuales son particularmente críticos los relacionados con la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo, la contaminación, el agotamiento de acuíferos y la reducción de la diversidad agrobiológica.La destrucción del suelo es especialmente significativa en el norte y el noroeste de México dado el carácter árido y semiárido de la región, el excesivo pastoreo del ganado vacuno y la irrigación con aguas que contienen altos niveles de salinidad. El resultado es un problema creciente de desertificación en todo el norte del país con más de 60 por ciento de la región considerada en estado de total o acelerada erosión.Recuerdan que en 1998 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que aproximadamente 60 por ciento del territorio nacional estaba afectado por la erosión en niveles de graves a muy graves y que 10 por ciento de la tierra cultivable presentaba problemas relacionados con procesos de salinización, tala ilegal, plagas e incendios forestales. De igual modo, el Instituto Nacional de Ecología (INE) calcula que la pérdida anual de suelo es aproximadamente de 150 mil 200 mil hectáreas, la tasa más alta en la historia nacional.
