Al presentar sus conclusiones preliminares tras su visita a México, expresó su preocupación por el déficit que presenta el salario mínimo con respecto al precio de la canasta básica, puesto que hoy día el salario mínimo en México, fijado en 57 pesos por día, equivaldría apenas al 25 por ciento de un jornal adecuado para la subsistencia, “no es posible que autoridades, patrones y trabajadores no puedan arreglar un ajuste salarial equitativo”.Reiteró su posición sobre la dependencia mexicana de otros mercados al importar 43 por ciento de los alimentos, lo cual aunado a la volatilidad de los precios internacionales, dificultan el acceso a una dieta completa y sana. Por ello, dijo que no es suficiente con el apoyo a la producción de alimentos, es necesario que se den las condiciones para que toda la población tenga acceso a éstos.En el ámbito productivo el relator comentó que programas como el Procampo y el de Ingreso Objetivo han resultado insuficientes y regresivos, puesto que apoyan en mucho mayor media a los más ricos, a los productores más grandes, a los estados con más desarrollo, y desatienden a los productores más pobres. El 10 por ciento de los productores más ricos del país reciben 45 por ciento de los recursos del Procampo.De hecho, el notable incremento en el presupuesto destinado a la Sagarpa, que pasó de 47 mil 900 millones de pesos en el año 2000 a casi 73 mil 900 millones de pesos en el año 2011, no ha sido acompañado por muy buenos resultados, no ha contribuido a la repartición equitativa de la riqueza, porque en el país existen alrededor de 19 millones 500 mil personas que viven en pobreza alimentaria y el 80 por ciento de este grupo de la población habita en zonas rurales, enfatizó Oliver De ShutterNo al maíz transgénicoEl relator especial de la ONU se pronunció en contra de la siembra de maíz transgénico porque se pone en riesgo la gran diversidad genética que posee México, que cuenta con alrededor de 60 variedades de maíces criollos. Toda esa riqueza genética será de mucha ayuda para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático, porque muchas de esas variedades tienen buena capacidad de adaptación a otras condiciones de terreno y clima. Con la siembra experimental o comercial de materiales transgénicos es inevitable la propagación de esos genes, a través de la polinización y la contaminación de las demás variedades de criollos, que traerá consigo su eventual desaparición.Si el país decide apostar por los transgénicos, dijo, los agricultores se volverán dependientes de las grandes semilleras dueñas de la patente de las variedades modificadas de maíz, esa situación será insostenible, porque 85 por ciento de los productores siembra con semillas que obtuvo el ciclo anterior, o a través de un intercambio de granos con otros productores de la localidad.En este sentido, De Shutter recomendó declarar lo antes posible una moratoria a la siembra de transgénicos en el país, tomar medidas para regular la creciente concentración en el sector de las semillas y promover el establecimiento de bancos comunitarios de semillas por parte de los pequeños productores. Los programas socialesDe Shutter --consultor independiente de cualquier gobierno u organización es relator especial de la ONU desde mayo del 2008--, reconoció la importancia de programas sociales como Oportunidades, que actualmente atiende a 5 millones 850 mil hogares de todo el país, pero con una mayor cobertura en los estados más pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.Explicó que sin este programa alrededor de dos y medio millones de personas habrían caído en pobreza extrema. México es un pionero en programas de transferencias monetarias condicionadas. Cuando la población no cubre los requisitos para recibir los apoyos de Oportunidades, pueden ingresar a otros como el Programa de apoyo alimentario (PAL) o a Linconsa, que proporciona leche fortificada a más de 6 millones de personas de familias pobres.El relator apuntó que otro ejemplo de la desigualdad en el gasto público es que alrededor de 2 millones de jornaleros se tienen que trasladar desde sus lugares de origen, casi siempre de estados del sur del país, los más pobres; a las regiones agrícolas más prósperas del norte de México, como las de Sinaloa, Chihuahua o Tamaulipas. Dicha migración en busca de un empleo plantea retos significativos para las autoridades, como el proporcionar educación de forma continúa a los niños migrantes, así como que no sean obligados a trabajar junto a sus padres. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también tiene mucho que hacer en la salvaguarda de los derechos humanos y laborales de los jornaleros, porque el 90 por ciento de ellos no cuenta con un contrato formal de trabajo.Recomendaciones para una nueva estrategia nacional alimentariaDespués de la reciente ratificación por la mayoría de los estados del país de la reforma constitucional que garantizan el derecho a la alimentación en México, Oliver De Shutter hizo una serie de recomendaciones para una “tercera reforma agraria,” que contempla una mejora en la coordinación entre las instancias gubernamentales relevantes y entre los tres niveles de gobierno para la erradicación de las desigualdades que privan en las zonas rurales y que generan los programas que están llamados a combatirlas. Destacó la importancia hacer políticas públicas y diseñar programas de asistencia complementarios, para que no operen de forma aislada, como lo hacen actualmente. Es importante una reasignación de los recursos y el fomento al crédito y a los servicios financieros para los que más lo necesitan.Una estrategia nacional, refirió, debe mejorar la rendición de cuentas, a través de una clara asignación de responsabilidades entre los distintos poderes del Estado; así como del establecimiento de plazos precisos para la adopción de medidas que garanticen paulatinamente el derecho a la alimentación. Se debe resolver la tensión ente los objetivos inmediatistas, de corto plazo, y los de largo plazo, como el aumento en el ingreso de los pequeños agricultores y el desarrollo incluyente y sustentable del medio rural.
