Programas al campo deben privilegiar producción e inclusión social

Los programas de apoyo al medio rural deben enfocarse a aspectos productivos, priorizar la atención a pequeños productores, hacer un uso eficiente del presupuesto, mejorar la coordinación entre gobiernos federal, estatales y municipales, y tener un enfoque no sólo de combate a la pobreza para los más marginados, sino de inclusión social.

Así lo señalaron expertos al participar en el XIII Foro de Expectativas del Sector Agroalimentario, organizado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo dependiente de la Sagarpa, donde se insistió en considerar a los productores del campo sujetos proactivos, en que el Estado acompañe su desarrollo no sólo con apoyos asistenciales, sino enfocar algunos a generar mayor productividad e ingresos para esta población.

La representante de la FAO en México, Nuria Urquía Fernández, recomendó que el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) se convierta en una política pública de atención a zonas marginadas, ya que ha demostrado ser un esquema que permite a los habitantes de comunidades consolidar sus proyectos por sí mismos, a partir del desarrollo de capacidades.

Para incrementar ingresos y mejorar la calidad de vida en zonas marginadas del país, añadió, hay que desarrollar un programa de política pública de atención a productores de subsistencia con un enfoque productivo estratégico y con cobertura nacional, el cual debe estar estar muy focalizado e ir acompañados de estrategias de extensionismo plenamente participativas,

En la mesa de discusión “El reto de ser incluyentes: ¿cómo generamos riqueza para el 22% de los productores del país?”, explicó que PESA es una estrategia integral, incluyente y participativa, dirigida a la formación de capital humano, y basada en la participación comunitaria y en la gradualidad. Su objetivo es aumentar la producción de alimentos de la canasta básica rural e incrementar la productividad para mejorar el ingreso de los productores de los estratos más bajos, que representan 70 por ciento de los productores en México, y cuya principal fuente de ingreso procede de las remesas y del trabajo asalariado.

PESA –puntualizó– se encuentra en 300 de los 400 municipios que considera la Cruzada Nacional contra el Hambre y ha logrado un importante éxito al pasar de un presupuesto de 500 millones de pesos que se tenían en el año 2006 para impulsar la producción agropecuaria familiar para autoconsumo, a más de 3 mil millones de pesos en el presente año.

Nuria Urquía agregó que una política pública de atención a productores de subsistencia es una de las estrategias necesarias para hacer frente a los principales desafíos de la política agroalimentaria del país.

El consultor de organismos internacionales, Rogelio Gómez Hermosillo Marín, propuso pasar de una visión de asistencia social y combate a la pobreza, a la de inclusión social y productiva, donde se debe tener un enfoque de articulación multisectorial de políticas y coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Planteó la necesidad de romper la dispersión programática, dado que CONEVAL identifica 274 programas sociales en el gobierno federal y más de 2 mil en los estados, y esto daño los esfuerzos en esta materia, no obstante los incrementos presupuestales que se han tenido cada año.

Recalcó que hay programas de “apoyo productivo” para población en pobreza rural dispersos en muchas dependencias como Sagarpa, Sedesol, SE, CDI o SEDATU, y faltan “piezas” para la productividad rural en zonas marginadas: planeación del desarrollo, asistencia técnica, financiamiento oportuno y accesible, y medios de comercialización.

Por su parte, el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, sugirió generar una política integral de apoyo a cerca de 3.8 millones de indígenas, campesinos y pequeños productores; trabajar directa e integralmente con los más de 31 mil núcleos agrarios existentes en el país, para el aprovechamiento y explotación racional de sus recursos naturales que propicie empleos, ingresos y bienestar a las familias rurales.

El ex diputado federal afirmó que los niveles de pobreza y desigualdad social son consecuencia de la generación y aplicación de políticas públicas que han favorecido a los medianos y grandes productores, y que por otro lado han desdeñado a los pequeños productores, campesinos e indígenas

Afirmó que la pobreza en el campo mexicano es resultado de la carencia de políticas gubernamentales diferenciadas por tipo de productor y región, así como la segmentación de dependencias, programas y presupuestos públicos destinados y/o vinculados con la atención al campo; una disfuncionalidad y fracaso del Programa Especial Concurrente (PEC), en cuanto a sus objetivos de producción y bienestar social.

Recordó que el presupuesto para el agro creció de 117 mil millones a 313.8 mil millones del año 2003 al 2013, pero “el problema en México no es de falta de presupuesto, sino de su orientación y aplicación concurrente y oportuna”.