En historia, como en política, no existen las coincidencias. Los hechos registrados son producto de proyectos y planes bien definidos y que pueden estar diseñados para que sucedan a corto, mediano o largo plazos. Todo depende de los objetivos que se persigan. Son producto de estrategias de los grupos de poder, Estados y gobiernos. Un ejemplo de esto es lo que vivimos hoy los mexicanos: el caos como catarsis del sistema.
Hace 20 años y diez meses, al igual que hoy día, México experimentó la zozobra y el miedo a la guerra, la sociedad vivió el pavor ante una posible revuelta armada generalizada. En 1994 la razón de ello fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, con el Subcomandante Marcos al frente, que por cierto resultó ser una botarga.
En estos días del otoño de 2014, el origen está en el desgobierno que ha criminalizado al país, lo cual ha desencadenado sucesos abominables como la masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la violencia desenfrenada de las bandas criminales en todo el territorio.
En aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que, no obstante la evidente asimetría de las economías, en teoría catapultaría a nuestro país para pertenecer al grupo de las naciones desarrolladas.
Se pusieron sobre la mesa todas las ramas y actividades productivas para su libre comercio entre los tres países. Sólo se dejó fuera el petróleo mexicano. En la IV Reunión Ministerial, realizada en Chantilly, Virginia (8 al 11 de febrero de 1992), se logró un acuerdo tripartita para que las restricciones constitucionales en materia de petróleo y petroquímica de México no se llevarán a la mesa de negociación.
El resultado de eso, hoy, es que el vecino del Norte se convirtió en nuestro principal socio comercial, dependemos en más de 80% de sus importaciones, la producción nacional de exportación se concentró en aquella frontera, además de que 60% de los alimentos que consumimos provienen de allá. Es decir, estamos atados al mercado de los Estados Unidos.
Además, también, creció la pobreza, a 53% de la población total, y la quiebra de medianas y pequeñas empresas. El campo está prácticamente desmantelado, así lo demuestra la creciente importación de alimentos; y las oportunidades de elevar la condición de vida del grueso de la sociedad, cada vez se alejan más, tanto que ahora son los empresarios quienes demandan que se aumente el salario mínimo, porque ya entendieron que con el actual ingreso promedio de las familias nunca se podrá dinamizar al mercado nacional.
En 1994 el miedo a la guerra fue la herramienta del Estado para sofocar la protesta, la inconformidad y posible oposición a la entrada en vigor del TLC.
Veinte años después, es decir, en estos días de 2014, el Gobierno está comprometido a hacer realidad lo que quedó pendiente en Virginia 20 años atrás, con las grandes empresas petroleras y energéticas trasnacionales, que es abrirles las reservas naturales de combustibles fósiles y generación de electricidad, para lo cual estructuró la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, que ya fueron aprobadas por el poder legislativo, pero que, sin embargo, no cuentan con la aceptación de una gran parte de la sociedad, sobre todo de aquellos que serán afectados en su patrimonio de manera directa y contundente, como son las comunidades indígenas y campesinas.
Y aunque no se difunde en los medios de comunicación la protesta y resistencia de los pueblos, a los planes de explotación de sus tierras por las transnacionales, los hechos saldrán a la luz pública de una u otra forma, como sucede con el desalojo de los habitantes de los terrenos de Texcoco, donde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando esto suceda, el Estado tendrá que contener las expresiones de inconformidad y la solidaridad que pueda despertar en el resto de la sociedad esa lucha.
En este caso, los signos de la estrategia gubernamental son claros. Se muestra condescendiente, incluyente y hasta paternal, con las expresiones de inconformidad de movilizaciones como la de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y les resuelve a su favor el pliego petitorio que le presentaron.
En el caso del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, manifiesta su indignación por los hechos y sentencia que el crimen no quedará impune. Remite la responsabilidad de los hechos a la autoridad local y estatal de Guerrero. Destaca la complicidad, en la masacre, de esos poderes con las bandas criminales que dominan la entidad, y gran parte del país.
Se hace del asesinato un teatro del terror, para que todo mundo lo vea. Exhiben los cadáveres descarnados y la desolación de los deudos. Se juega con los sentimientos de la sociedad e inspira a la protesta, al reclamo, pero sobre todo se deja patente el horror de que la violencia llegue a generalizarse. Anidan, así, el miedo en la conciencia de la sociedad, que por otro lado le proyectan la benevolencia del Estado justiciero.
Y la voz del gobierno mexicano se escucha en los foros internacionales, de los que recibe apoyo, aprobación y promesa de colaboración para el esclarecimiento del crimen, como lo expresaron los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así, los hechos justifican la presencia e incursión del Ejército y cuerpos policiacos federales en todas partes para dar con los culpables, y éstos podrían estar en cualquier lado, puesto que las bandas criminales han permeado todos los sectores sociales y gran parte del territorio nacional.
En esa búsqueda, que en caso de que se dificulte podría recibir el apoyo policiaco y militar del extranjero, también, de paso, se pueden apagar las protestas y resistencias de los pueblos que se oponen a que las empresas trasnacionales los despojen de sus tierras, haciéndolos pasar como cómplices de los criminales. De esa forma se limpiaría el camino para que se cumpla con los compromisos adquiridos en la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, como sucedió con el TLC hace dos décadas. El sistema sigue firme.
