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Reforma energética no generará desarrollo de comunidades

 

El Coordinador General del Congreso Agrario Permanente, Luis Gómez Garay, dijo irónicamente “nos da ternura escuchar a quienes nos quieren convencer que los inversionistas nacionales y extranjeros ahora si van a desarrollar nuestras regiones con la Reforma Energética”.

Refutó el discurso oficial al añadió “pues nos causa extrañeza que pasen por alto que la lógica de la inversión que han impulsado, esos actores económicos, tiene como meta optimizar sus tasas de ganancia y no el desarrollo social de las comunidades”.

El dirigente argumentó que “allí están los ejemplos de los bancos privatizados y el desmesurado drenaje de utilidades a otros países que de ninguna manera potencian el desarrollo de una nación como México, donde sus políticas de crédito son mezquinas y ajenas al interés de las mayorías de nuestra patria”.

En días pasados un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportó que al primer semestre de este año, las utilidades netas de la banca en México, integrada por 45 instituciones financieras, fue de 46 mil millones de pesos y de ellos “qué cantidad destinaron para invertir en el país y con cuánto apoyaron en créditos a los pequeños productores”, cuestionó el dirigente del CAP.

Hace un siglo la exclusión social de las comunidades agrarias tomaba forma en el despojo de las tierras para entregárselas a los inversionistas nacionales y extranjeros; hoy la exclusión social va de la mano del abandono en que por décadas se ha sometido al campo mexicano, señaló.

Hoy como ayer, afirmó Luis Gómez Garay, las demandas de justicia social e integración de los campesinos al desarrollo nacional siguen sin ser atendidas en el México contemporáneo.

Agregó: Hoy como ayer, los más de 35 millones de pobladores rurales de México siguen excluidos del desarrollo social en un campo donde prevalece la pobreza, la falta de oportunidades, los bajos niveles de rentabilidad agropecuaria, de condiciones para la producción y la ausencia de empleos competitivos y bien remunerados.

Además esos campesinos son víctimas de una tecnocracia que privilegia la lógica de la inversión y la ganancia pero no el papel del Estado en la redistribución del ingreso nacional.

A unas horas de que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgue las Leyes que integran la Reforma Energética, el dirigente del CAP fijó posición: “vamos a seguir profundamente críticos de esta nueva forma de expoliación de las conquistas de los campesinos, disfrazada de ocupación temporal de nuestras tierras”.

Expuso que el México de nuestros días, tiene el enorme reto de crear una política integral de atención al desarrollo de las comunidades y ejidos del país, que representan a más de 70 millones de hectáreas de propiedad social; más de 31,500 núcleos agrarios y cuyo ámbito de competencia afecta la vida de una tercera parte de la población rural.

Igualmente, aseguró que en la nación donde convive y trabaja la cuarta parte de la fuerza laboral del país y donde se produce menos del 4 por ciento de Producto Interno Bruto Nacional, el reto es superar la pobreza e integrar al desarrollo nacional a los hombres del campo.

Sostenemos, reiteró, que la legislación secundaria de la Reforma Energética abre la puerta para que las comunidades, ejidos y aún propietarios privados, puedan ser despojados de sus tierras en el marco de estrategias de compras masivas de tierras en las que hasta los porcentajes de participación definidos para los propietarios de la tierra se canalicen hacia nuevos adquirientes de las tierras de los campesinos actuales.

Dejó en claro, Luis Gómez Garay, que la tecnocracia no tiene derecho a disponer de lo que no es suyo y menos aún entregárselo a quienes siempre han sido ajenos a las demandas de justicia social y desarrollo equitativo de la sociedad.

Les recordó que fue la lucha zapatista, la que enfrentó las injusticias propiciadas por el Porfirismo que, bajo el pretexto de la modernización de la economía y la plena ocupación productiva de las tierras, permitió el despojo de millones de hectáreas a las comunidades indígenas amparados en la Ley de Ocupación y Traslado de Terrenos Baldíos de 1894.

Por lo anterior reprochó a los tecnócratas quienes parecen condenar a los que vivimos de trabajar la tierra y producimos los alimentos que necesita nuestra nación.

Fuente: CAP

 

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