El Congreso Agrario Permanente (CAP) propuso a la Cámara de Diputados un incremento del 10 por ciento para el presupuesto para el campo 2019, lo que representa un monto por 32 mil millones de pesos, cerrar la puerta a favoritismos en la asignación de los recursos y garantizar reglas de operación consensuadas que eviten la corrupción y discrecionalidad.
A unos días de que el Ejecutivo Federal envíe al Legislativo el Proyecto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos 2019, los liderazgos del CAP llamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a demostrar en este presupuesto que si serán prioridad los pequeños y medianos productores.
En un comunicado, plantearon que el Programa Especial Concurrente (PEC) debe ascender a 366 mil 51.5 millones de pesos con lo cual se recuperaría la pérdida por la inflación estimada en 4.5 por ciento y representará un incremento real del 5 por ciento.
Raúl Pérez Bedolla, miembro de la Coordinación Nacional del CAP, explicó que la propuesta de aumento equivale a 31,737.5 millones de pesos, que significan 9.5 %, respecto del presupuesto aprobado para el año 2018.
Los dirigentes de las 10 organizaciones campesinas que se agrupan en el CAP, ALCANO, CAM, CCC, CCI, CNC, CONSUCC, UCD, UGOCM-JL, UGOCP y COUC, Indicaron que en un escenario de acceso restringido a los subsidios, se requiere apoyar las acciones orientadas a incrementar la demanda de crédito a la banca pública sobre todo para mantener la producción de alimentos, por lo que se propone que cuando menos conserven los presupuestos aprobados para este año.
Asimismo, ante la creciente manifestación de fenómenos climatológicos adversos, se hace necesario fortalecer el aseguramiento. También hay que seguir apoyando el ingreso de los productores nacionales, sin embargo éstos deben orientarse a los del sector social, a los de menor escala que son los que se encuentran más vulnerables frente al mercado y operan con mayores costos de producción.
Por ello consideraron que las reglas de operación demandan los siguientes cambios: que se convierta en un programa de apoyo directo al productor o al precio del producto; que se limite estrictamente el volumen apoyado a 100 toneladas en el caso del maíz y el trigo y a 50 toneladas en el caso del fríjol o al rendimiento promedio de un máximo de 20 hectáreas. Además, que se otorgue el apoyo exclusivamente a productores así como limitar y simplificar los conceptos de apoyo.
