Rescatar el campo mexicano de su “profunda crisis” ha sido un propósito –por lo menos discursivo– de los gobiernos de México desde hace décadas. Sin embargo, los resultados no han sido benéficos para todo el conjunto de la sociedad rural, que en su mayoría vive en la pobreza y la marginación, además que los productores agropecuarios han sido excluidos de apoyos financiamiento, subsidios, programas y presupuestos.
Hace 15 años, el 8 de abril de 2003 , en el gobierno de Vicente Fox, se anunció con “bombo y platillo” el Acuerdo Nacional para el Campo que, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación pretendía: “Impulsar el reconocimiento del papel del campo en el proyecto de Nación al nivel del Estado Mexicano (poderes públicos y la sociedad en su conjunto). En este sentido, se reconoce que el campo, la sociedad rural, las agriculturas campesina e indígena y sus patrimonios, constituyen una prioridad nacional y representan elementos imprescindibles para el presente y futuro de la Nación, a fin de asegurar su soberanía y seguridad alimentarias del país, su desarrollo y viabilidad a largo plazo”.
Hoy, ante la gran expectativa que genera el cambio de gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1º. de diciembre próximo, la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, plantea darle un giro al ANC, “pues desde 2003 que se instrumentaron diversos programas sólo les cambiaron el nombre los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pero siguen siendo los mismos”.
En un comunicado, consideró que después de 15 años de haberse firmado el ANC entre las organizaciones campesinas y de productores con el gobierno federal, es prioritario revisar sus programas y actualizarlos a las condiciones que imperan en el agro nacional actualmente.
“El Acuerdo Nacional para el Campo firmado hace 15 años se diseñó Por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias. Sin embargo, ninguno de estos conceptos se logró pues existe atraso en las comunidades rurales y la soberanía y autosuficiencia alimentarias se han visto vulneradas pues existe una dependencia alimentaria del exterior de casi un 50 por ciento”, expuso.
Durante estos años, apuntó, México se ha posicionado en el primer lugar como país importador de maíz amarillo y en este año se planea importar 16.5 millones de toneladas de este grano que se ocupa para consumo animal, así como para la industria. Además, en oleaginosas importamos 80 por ciento de importaciones y esto se extiende al frijol, otro alimento básico de la población mexicana.
Raúl Pérez señala que ante este escenario es recomendable “rediscutir los programas de la Sagarpa, Sedatu, Economía, Sedesol y Semarnat, para actualizarlos y adaptarlos a las nuevas condiciones que enfrenta la agricultura mexicana y la población rural”.
Manifestó que existe una coincidencia entre las diversas organizaciones campesinas y de productores que se debe dar prioridad y apoyo al desarrollo del sector productor de granos básicos, oleaginosas así como a la pequeña ganadería y pesca.
Igualmente se pronunció por poner en orden a las empresas mineras, ya que éstas han abusado en la explotación de minerales a cielo abierto y han provocado contaminación de suelos y ríos, así como el desplazamiento de comunidades enteras de indígenas y ejidatarios.
